| 10/31/2013 7:40:00 AM

Sin remedio

Los agricultores del país están llenos de motivos para iniciar otro paro. Ya quedó en evidencia que la enfermedad del sector agrícola exige medicinas más eficaces y contundentes.

No han pasado 60 días desde que se logró levantar el paro agrario que mantuvo al país en vilo durante casi un mes, y ya se anuncia una nueva movilización, posiblemente para noviembre. La razón es muy simple: el problema con el sector agrícola es tan crítico que era iluso aspirar a que se resolviera todo con $3 billones en mayor presupuesto, como lo prometió el Gobierno.

La poca eficacia de los recursos estatales –por medio de subsidios y compras de cosechas como las de papa– es apenas un síntoma más sobre la enfermedad que acosa a los productores del campo colombiano: la poca rentabilidad de sus cultivos. Las ganancias del campo hoy se quedan, bien en manos de los fabricantes de insumos como herbicidas y fertilizantes, o en los bolsillos de los intermediarios; a manos de los pequeños agricultores llega muy poco. Por eso no debe sorprender que nuevamente el país esté ad portas de un bloqueo.

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, no existe una política agraria de Estado. Según él, a la mala situación de los agricultores se suman las malas políticas implementadas y los errores estratégicos para enfrentar las protestas. “Nosotros estamos de acuerdo con las motivaciones de los paros, pero no con la forma en que se llevaron a cabo, sin respetar a aquellos que no quisieron protestar. Además, cuando la mayor parte de los problemas del sector tienen que ver con temas de comercio exterior, como los TLC y los precios de los fertilizantes, ¿cómo es posible que hayan enviado a negociar al, en ese entonces, consejero presidencial y no al Ministro de Comercio para que acompañara al de Agricultura”, se pregunta Mejía.

Aunque acepta que las importaciones a causa de los TLC no son el origen de los problemas del sector –pues son muy pocas frente a la producción nacional–, explica que el impacto se siente entre los formadores de precios, pues cuando un comercializador va a comprar un producto, toma como referencia el valor del importado y así fuerza a la baja a los precios internos.

A eso se suma el grave problema del contrabando. Solo las aprehensiones que ha hecho la Dian entre enero y agosto alcanzaron los 2,2 millones de kilos, principalmente de arroz y de leche, que provienen de Ecuador y Venezuela, donde la distorsión de precios hace atractivo traerlos de forma ilegal a Colombia.

Como si fuera poco, las ayudas prometidas por el Gobierno no alcanzan a resolver los problemas y llegan tarde, pues para girar cualquier recurso son necesarios muchos trámites presupuestales. De hecho, la mayor parte de los $3 billones que cubrirán los nuevos auxilios al agro están atados a la aprobación de una nueva mini reforma tributaria que aplace la eliminación de dos puntos del 4 x 1.000. Este proyecto apenas se está discutiendo en el Congreso.

Adicionalmente, se genera otra clase de problemas, por ejemplo, los asociados a la entrega de subsidios a la carga de café. El Gobierno se percató de que muchas personas que no tenían derecho estaban haciendo trampa para beneficiarse. Así que fue necesario apretar las clavijas. Alonso Osorio, uno de los representantes de Dignidad Cafetera, señaló que están pensando en hacer una nueva toma de Bogotá con las protestas de los campesinos y se quejó porque, de los 95.000 cafeteros, apenas 55.000 han recibido la ayuda. “Hay gente que ha presentado las facturas y no le han pagado el subsidio, unos 40.000”, recalcó. Criticó las medidas de control del Gobierno para impedir el fraude, porque para él, terminan pagando justos por pecadores. “Estamos de acuerdo en que el que no tenga derecho al subsidio no debe recibirlo. Pero ese es un problema de control del Gobierno y no de los cafeteros. Esa no puede ser una disculpa para que no le pague a la gente que sí lo necesita”, explicó.

Por lo que dicen los líderes de la protesta, los acuerdos logrados en septiembre pasado no sirvieron para resolver ningún problema. A esto se le suma el clima político. Tanto el presidente de la SAC, Rafael Mejía, como el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, coinciden en que las próximas elecciones alborotan la protesta, pues son muchos los dirigentes políticos que pueden obtener dividendos electorales apoyando las movilizaciones.

El panorama es bastante oscuro. La encuesta trimestral de la SAC, con 2.700 de sus afiliados, muestra que para ellos el factor más preocupante hoy son los bajos precios de sus productos y después el costo de los insumos que requieren para cultivar. Es más, 43% considera que su situación económica es mala, un dato que no se veía desde hace cinco años.

Otros factores de preocupación para los agroindustriales son la tasa de cambio (pues el ‘dólar Cárdenas’ duró poco), el contrabando y los TLC. Es evidente que la crisis del agro sigue siendo un tema pendiente en la agenda del gobierno Santos y que podría enredarle otra vez el caminado durante el fin de año. Por ahora, es claro que nadie sabe cuál es el remedio para una de las más críticas enfermedades de la economía colombiana: la crisis agrícola.

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