Hasta el próximo 30 de septiembre, el nuevo ministro de Minas, Federico Renjifo, y la directora de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García, tienen plazo para tomar una de las más duras decisiones de su carrera: definir el futuro de Cerro Matoso, una de las minas de níquel más grandes del planeta.
El ambiente está caldeado: la Contraloría General de la Nación hizo un control de advertencia sobre los riesgos en la ampliación del contrato y en el Congreso de la República se ha debatido con virulencia el futuro del negocio. El senador Jorge Enrique Robledo considera que la única salida es que el Estado colombiano declare la ilegalidad del contrato y renegocie nuevas condiciones, con la misma BHP Billiton o con otro operador.
A pesar de la oposición, las salidas drásticas no parecen ser las más indicadas, pues leonino o no, lo que hay de por medio es un contrato, el 051 de 1996, y unas concesiones con reglas de juego establecidas. Cualquier patada al tablero podría desencadenar demandas y provocar tropiezos en la operación de la mina, que le ha generado al país más de $7 billones en los últimos 30 años.
Si se descarta un golpe de mano al contrato ¿cuáles son los escenarios? El primero de ellos es dejar que las cláusulas del contrato se cumplan. Eso significa que el 30 de septiembre, los activos de la producción de Cerro Matoso pasarían a manos del Estado, que empezaría a recibir, además de regalías e impuestos, un arrendamiento equivalente al 1,25% de las utilidades generadas semestralmente; y BHP Billiton podría continuar con la operación hasta el año 2029. Si esto ocurre, el Gobierno renuncia a negociar mayores contraprestaciones a favor del Estado. Obviamente, eso sería una ofensa para quienes critican la concesión.
Por eso, el segundo escenario es renegociar el contrato 051, garantizando unas contraprestaciones generosas que podrían servir para desmontar a los críticos de sus argumentos. El tema es materia de discusión entre las partes, que esperan ponerse de acuerdo en las próximas semanas. Por ahora, nadie se ha atrevido a señalar cuánto valdrían esas nuevas contraprestaciones.
Un tercer escenario es lograr una renegociación con mayores contraprestaciones para el Estado, pero con una prórroga adicional hasta 2044, que es una de las posibilidades establecidas en el contrato. Eso le daría al Gobierno una carta más para presionar por mejores contraprestaciones.
En cualquier caso, los funcionarios oficiales están entre la espada y la pared: por un lado, tienen la presión del Congreso y los organismos de control que están con la lupa puesta sobre el proceso y, por el otro, la presión jurídica de unos contratos vigentes que no pueden ser archivados de un plumazo. El
Gobierno está esperando un concepto que solicitó ante el Consejo de Estado frente al tema.
Es necesario insistir en que la cuarta opción, la de rebarajar en esta partida, significaría un mensaje desafiante a los inversionistas que vienen observando al país con mucho interés. De aquí al 30 de septiembre se deberá resolver el tema: por el momento, todos los funcionarios están buscando desesperadamente la mejor de las salidas.