| 7/4/2012 6:00:00 PM

San Andrés ¿sin mar?

Crece el riesgo de que Colombia no salga bien librada en su disputa limítrofe con Nicaragua. La Corte de la Haya va a aplicar nuevos raseros jurídicos.

En los círculos diplomáticos, donde se habla un lenguaje formal y calculado, muy pocos se atreverían a hablar de la Corte Internacional de Justicia de La Haya como de un tribunal que suele producir “decisiones salomónicas”. La canciller María Ángela Holguín lo hizo el 25 de abril, cuando los medios de comunicación le preguntaron qué esperaba Colombia del fallo que en breve deberá dirimir una vieja disputa entre nuestro país y Nicaragua sobre límites marítimos.

Su trance de franqueza produjo urticaria en medios políticos. Opositores del Gobierno consideraron que la Ministra cometía un error al admitir públicamente que Colombia podría perder alguna parte de la franja de 50.000 kilómetros cuadrados de su mar territorial en el archipiélago de San Andrés y Providencia, hacia donde Managua mira deslumbrada por la expectativa de que allí haya reservas de gas y petróleo que algún día podrían potenciar su débil economía.

Sin embargo, quienes conocen de cerca el litigio creen que la canciller ha asumido una postura realista, pues sabe bien que la Corte de La Haya pretende hacer uso de instrumentos de derecho que podrían favorecer, al menos parcialmente, las pretensiones de Nicaragua. Uno de ellos es el Derecho Internacional del Mar, una legislación que se produjo casi un siglo después de la firma y ratificación del tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual los dos países definieron sus límites en 1928.

Los representantes de la parte colombiana temen además que los magistrados opten también por apoyarse en el concepto de plataforma marítima, con lo cual podrían desafiar seriamente las realidades geográficas y geológicas del archipiélago y estarían usando un sistema inaplicable dentro de las particularidades del proceso.

En un estudio realizado para la Universidad Javeriana, los internacionalistas Fabiola Barreto y Ricardo Hurtado advierten que el único concepto conocido cuando entró en vigor el tratado en 1928 era el de mar territorial. “Este concepto –recuerdan los dos expertos– era establecido por el alcance de las armas: hasta donde llegaba la bala de un cañón”. La medida predominante era de tres millas náuticas y no las doce actuales. Observan entonces que apelar a conceptos no conocidos para esa fecha no puede ser válido, ya que con cada avance de la ciencia y de la exploración de la tierra estallarían cientos de conflictos.

A su juicio, usar como referente la plataforma marítima, como se la conoce actualmente, sería también equivocado. La plataforma está definida como la prolongación del continente hacia el mar hasta una profundidad de 200 metros, con un alcance hasta de 200 millas náuticas. En caso de que la plataforma se extendiera más allá no se podrían revindicar sino hasta las 350 millas náuticas que servían como referencia inicial. Además, la plataforma se corta cuando se presenta un cambio abrupto de la geomorfología, tal como un declive superior a los 15 grados, lo que sesgaría cualquier nuevo sistema de medición.

Hasta ahora Colombia ha salido mejor librada que su contraparte en esta disputa. En 2007, la Corte avaló su soberanía sobre las islas mayores: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero aunque excluyó del litigio la jurisdicción sobre las islas, se declaró competente para definir límites marítimos. Eso es lo que debe hacer antes de finalizar el año.

Las pretensiones políticas y económicas son inocultables. Antes de llevar el caso a la Corte, Nicaragua abrió procesos licitatorios que invitaban a inversionistas extranjeros a interesarse en la exploración de gas y petróleo y los alentaba con la promesa de que los bloques de explotación les producirían réditos que superarían de lejos la inversión. También desplegó tareas de hostigamiento a embarcaciones colombianas y detuvo ilegalmente a pescadores, según 76 casos registrados durante los últimos diez años por la Armada Nacional.

Fuentes próximas al proceso le dijeron a Dinero que Venezuela apoya no solo política sino económicamente a Nicaragua en la disputa y que ha aportado incluso recursos para el pago de los abogados. La propuesta de Caracas a Managua sería la de hacer un tándem para la explotación de los recursos en caso de que prosperara la pretensión.

Las alternativas


La posición observada por el Estado colombiano fue dubitativa desde el comienzo. Antes de que la Corte de La Haya asumiera el proceso, Colombia puso en duda su competencia. Sin embargo, terminó aceptándola un día antes de la iniciación del proceso. Tanto los gobiernos como el Congreso no fijaron una postura clara y el asunto fue dejado en manos de los abogados.

En un esfuerzo aislado, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, presidente de la Comisión Segunda, se dirigió recientemente a Irina Bokova, directora de la Unesco, para pedirle un pronunciamiento sobre el litigio, ya que la zona marítima en disputa fue declarada en 2000 por ese organismo como Reserva de la Biosfera Sea Flower, debido a su incalculable riqueza biológica.

Ya algunos expertos han comenzado a analizar las alternativas que tendría Colombia para que, en caso del “fallo salomónico” que teme la canciller, el país sea despojado de una porción de su territorio marítimo. Para Barreto y Hurtado no sería descabellado que el país pensara en desacatar el fallo, ya que tocaría temas muy sensibles, como la soberanía nacional.

¿Puede un fallo de la Corte Internacional de Justicia modificar un párrafo de la Constitución?, se preguntan los especialistas y agregan: “El artículo 101 establece cuáles son los territorios insulares y lo que se considera el territorio patrio”.

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