| 10/3/2013 6:00:00 AM

Ruido de sables

Mientras productores de acero como Paz del Río piden protección para no desaparecer, los importadores reclaman estabilidad en las reglas de juego. El Gobierno tendrá que dirimir esta pelea de ‘pesos pesados’.

Si seguimos así no vamos a sobrevivir” afirma Vicente Noero Arango, presidente de Paz del Río, la mayor productora de acero del país, quien no duda en culpar a la avalancha de importaciones de alambrón de acero provenientes de México, Turquía y Trinidad y Tobago de la difícil situación del sector siderúrgico y de su empresa.

“Las importaciones de aceros largos (alambrón, barras y rollos corrugados, perfiles y ángulos) se han triplicado durante los últimos tres años y en 2013 crecen a un ritmo de 24%. Principalmente las provenientes de México, que este año ya representan 70% de las importaciones. Además, los principales importadores son G&J, Ferrasa y Agofer, comercializadores y distribuidores. El ataque es evidente”, explica Noero.

De hecho, la industria nacional pasó durante este periodo de representar 64% del mercado del alambrón a 33%. Ante esta situación, Acerías Paz del Río y otros productores como Diaco, Sidenal, Sidoc y Acerías de Caldas –ahora agremiados en el Comité de Productores de Acero– le solicitaron al gobierno nacional una medida de protección comercial (una salvaguardia) consistente en establecer un arancel de 35% para las importaciones de alambrón de acero provenientes de esos países.

De inmediato, los importadores de acero protestaron pues consideran que una medida como esta en un sector que es deficitario resulta totalmente absurda y solo lograría incrementar el precio del acero, afectando el desarrollo de la infraestructura y el costo de la vivienda en el país.

“Actualmente la industria siderúrgica nacional solo produce 1,2 millones de toneladas de aceros largos de las 1,9 millones de toneladas que se demandan en el país. Esto significa que hay un déficit de 700.000 toneladas. Por esto una salvaguardia lo que hará es afectar, por ejemplo, el programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno y traerá un incremento directo en el costo del metro cuadrado de 15%”, afirma Óscar Ramírez Acevedo, presidente ejecutivo de la Organización G&J Ramírez, el mayor importador y comercializador de acero del país.

Con esto, es claro el fuerte enfrentamiento que se vive hoy dentro del sector siderúrgico y de la misma Andi (Fedemetal) entre los productores e importadores de acero. Una verdadera pelea entre pesos pesados que ilustra los problemas que vive hoy la industria colombiana y los dilemas que tendrá que resolver el país.

Duelo de titanes

“Colombia no necesita salvaguardias sino ser competitiva. El país no puede pagar la falta de inversión en modernización y tecnología de los productores locales o sus altos costos pensionales”, asegura Ramírez, quien recuerda que Paz del Río renunció recientemente a una zona franca especial.

Noero refuta esta afirmación al señalar que no habrá un daño en el sector de la construcción y que las inversiones sí se han hecho. “El aumento de 15% es falso. Según el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) del Dane, el acero tan solo representa 7,9% del costo de una obra. Por tanto, un incremento de 10% en el precio de este metal solo representaría un aumento de 0,78% en los costos de la vivienda”.

Por otra parte, el presidente de Paz del Río asegura que “la compañía ha invertido más de US$200 millones en los últimos cinco años para modernizar su planta, mejorar temas ambientales y ser más competitiva, pero los números y la rentabilidad hoy no dan”. De hecho, según él, esto explica que hubieran renunciado a la zona franca al ser incapaces de cumplirle el compromiso a la Dian de duplicar el impuesto a la renta.

“Lo que pasa es que el mundo cambió. Cuando se constituyó la zona franca en 2007 estábamos en la parte alta del ciclo de precios. Hoy hay una caída generalizada en los commodities ante la desaceleración de China, con lo cual el mercado siderúrgico ha perdido la mitad de su valor”, afirma el vocero de Paz del Río.

Los importadores parecen no estar de acuerdo con este diagnóstico y se preguntan por qué mientras esta compañía y Diaco –que pertenecen a grandes grupos brasileños– pierden dinero, las compañías locales no lo hacen. El año pasado Paz del Río, del grupo Votorantim, perdió más de $100.000 millones y este año acumula un saldo en rojo de $57.000 millones. Diaco (del grupo Gerdau) también perdió alrededor de $67.000 millones mientras que Siderúrgica Nacional (Sidenal), Siderúrgica de Occidente (Sidoc) y Acerías de Caldas (Acasa), ganaron alrededor de $15.000 millones cada una.

Para Paz del Río, hay temas transversales de industria como los altos precios de la energía, transporte, mano de obra y dólar. Además, consideran que en un mercado sobreofertado los que tienen costos fijos más altos son los que más sufren. El precio de hoy está por debajo de lo que debería ser ante la competencia desleal de las importaciones que no nos permite operar a capacidad”, agrega.

Por último, afirma que buena parte de las pérdidas de Paz del Río se debe a las fuertes inversiones que están haciendo para volverla más competitiva y que si nivelan la cancha de juego, los resultados futuros serán mejores.

Los importadores insisten en que esto sería un retroceso a la apertura que podría no solo afectar la Alianza del Pacífico sino causar retaliaciones comerciales de México en sectores sensibles como huevos o autopartes. Además, según Ramírez, pone en riesgo futuras inversiones como la nueva siderúrgica que planean hacer junto con el gigantesco Grupo mexicano DeAcero, el mayor productor de alambre y barras de acero de Norteamérica, la cual tendrá una capacidad de producción de 450.000 toneladas por año y una inversión de US$200 millones. Noero insiste en que, si esto es así, es más incompresible por qué se oponen a proteger la industria local, pero Ramírez insiste en que se trata de ser competitivos.

La pelea por el acero apenas empieza. El Ministerio de Comercio podría poner una salvaguardia provisional (por 200 días) mientras estudia los argumentos de cada una de las partes para decidir de manera definitiva quién tiene la razón y qué rumbo tomará la industria siderúrgica en el país. Sin embargo, la contraofensiva de los afectados sería inminente.
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