| 4/15/2014 7:00:00 AM

Una verdad incómoda

En la polémica por las regalías para ciencia y tecnología no todos están diciendo la verdad. Crónica de una pelea que nadie ha contado.

La tensión entre Gobierno, gobernadores y universidades por el manejo de la plata de regalías para ciencia y tecnología está en su máximo punto. Los mandatarios departamentales pidieron cambiar totalmente la forma como se vienen distribuyendo los más de $800.000 millones de regalías que hay anualmente para Ciencia, Tecnología e Innovación. La queja de los administradores locales es que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) no está funcionando.

Los gobernadores se han ido lanza en ristre contra el “sistema” argumentando que Colciencias es un palo en la rueda para aprobar proyectos y hasta han señalado a la institución por ejercer un papel de inquisidor en la toma de decisiones.

El Gobierno, por su parte, ha llamado a la cordura, a no casar más peleas, esperando a que la marea baje pues le asisten razones políticas de fondo: no es momento de azuzar los ánimos, a casi un mes de la elección presidencial. Es mucho lo que no se ha dicho en esta novela; por el contrario, lo que abunda son las imprecisiones. Esta es la historia de lo que ocurrió y las razones de una de las polémicas clave en materia de gasto público.

Plata sí hay

Lo primero que hay que decir es que no es cierto que el Ocad de Ciencia y Tecnología no esté funcionando. Ya han sido aprobadas 208 iniciativas, por un valor de $1,5 billones; después de transporte e infraestructura, los proyectos de CyT, son los segundos con mayor volumen de recursos aprobados bajo el nuevo esquema de regalías.

Es cierto que ha habido demoras y aplazamientos en 177 proyectos. Pero allí el debate se refiere a que no todos en el Ocad tienen claro qué son recursos de “ciencia y tecnología”: por ejemplo, construir el cableado estructural de una gobernación o una alcaldía no puede ser considerado como una inversión en ciencia y tecnología; esta es una inversión en obra pública común y corriente, como una carretera. Son muchos los proyectos de este tipo que llegan al Ocad.

Tampoco es cierto que Colciencias sea la piedra en el zapato, pues quienes deciden el destino de los recursos son las universidades, el Gobierno y los gobernadores. La pelea tiene otras razones.

Que quede en el acta

¿Cuáles fueron las causas para que los gobernadores se alborotaran de esa forma? Esa historia quedó documentada en el acta del Ocad celebrado el 18 de marzo pasado en la sede de Colciencias en Bogotá.

Ese día se reunieron todos los participantes del Ocad de Ciencia y Tecnología con el objetivo de aprobar una serie de proyectos. Los Ocad son “juntas directivas” que deciden a dónde se van los recursos de regalías y quién debe ser el ejecutor de los proyectos. En esa instancia hay tres votos: uno por el gobierno central, otro por los departamentos y otro por las universidades.

Uno de los proyectos que se discutió durante esa reunión del 18 de marzo fue el denominado “Implementación de un Sistema de Alerta Temprana para la Prevención y control de las principales Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en Amazonas”.

Las tres partes votaron a favor del proyecto, por lo que quedó aprobado. Sin embargo, la pelea se alborotó cuando la directora de Colciencias, Paula Marcela Arias Pulgarín, propuso que el proyecto no fuera operado por la Gobernación de Amazonas, sino por la Universidad de Antioquia.

La reacción por parte de los departamentos fue inmediata. Según consta en el acta de ese Ocad, “el Secretario de Planeación de Nariño (Luis Escobar Jaramillo) intervino afirmando que se debe considerar el ejecutor sugerido por el formulador (el departamento del Amazonas), pues ello obedece a concertaciones regionales y concertaciones previas”.

Por su parte, las universidades, a través del vicerrector de investigaciones de la Universidad del Cauca, Hugo Cosme, señalaron “la conveniencia de que las Universidades Públicas sean ejecutoras de los proyectos, trayendo a colación la situación de lo que ha sucedido en el Departamento del Cauca, en donde las pólizas significaron un costo adicional, y que igualmente se han presentado retrasos en la ejecución de los recursos”. Estas afirmaciones están contenidas en el acta de dicho Ocad.

La selección del ejecutor del proyecto pasó a votación y, por mayoría de 2 a 1, el Gobierno y las universidades decidieron nombrar a la Universidad de Antioquia, derrotando el deseo de los gobernadores. Este era un tema sensible, porque el Gobierno no ha querido abiertamente ir en contra de los designios de los mandatarios locales en un asunto en el que se ha invocado la autonomía de las regiones. Tan clara era esa preocupación, que a la hora de anunciar su voto a nombre de la administración Santos, la Viceministra de TIC’s, María Isabel Mejía, precisó “que esta es una posición particular para este proyecto, y no corresponde a una política” del Gobierno.

Pero ese fue solo el comienzo de la polémica. El gobernador del Caquetá, Víctor Ramírez Parra, y el del Vichada, Sergio Andrés Espinosa, anunciaron su descontento con la decisión y se retiraron abruptamente de la reunión. Luego de varias deliberaciones por fuera del auditorio donde se desarrollaba el encuentro, se decidió levantar la sesión sin nuevas decisiones.

Entonces se desarrolló toda la historia que hasta el momento ha tenido lugar: los gobernadores se declararon en franca rebelión y le pidieron al presidente Santos que Colciencias no juegue más el rol de secretario técnico. El gobernador del Bolívar, Juan Carlos Gossaín, presentó su renuncia como delegado de la Costa y hasta el cierre de esta edición todo era incierto sobre el futuro del Ocad de ciencia y tecnología.

¿Cómo llegamos a este punto?


El tema central no es que el Ocad no funcione. El asunto central fue la reticencia de los gobernadores a que, en un proyecto específico, los recursos no fueran ejecutados por ellos. Eso abriría una compuerta fatal, pues por esa vía podría sentarse “jurisprudencia” sobre quiénes son los ejecutores de los recursos de ciencia y tecnología de las regalías: es decir, las universidades.

De hecho, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) le envió el pasado 4 de abril una carta al presidente Santos donde aseguraba que los representantes de los centros educativos están preocupados por “la forma poco rigurosa como, en ocasiones, algunas gobernaciones formulan proyectos para Ciencia y Tecnología e Innovación”. Los rectores hicieron énfasis en “los riesgos que una inversión tan cuantiosa no resulte impulsando de manera estructural el desarrollo regional, sino solo satisfaciendo las coyunturas y los afanes de ejecución de algunos mandatarios regionales”.

Esto muestra que el país está ante un debate de hondo calado: quién debe ejecutar en Colombia los recursos de regalías para ciencia y tecnología, que podrían llegar en la próxima década a más de $8 billones. Este es un debate que, por sus implicaciones, apenas está comenzando.
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