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La Comisión Accidental del Senado se dio a la tarea de reformar la Ley Quinta del Congreso para corregir los errores que condujeron al fracaso de la reforma a la justicia.

| 8/15/2012 12:00:00 AM

Reformitis aguda

Luego de la escandalosa reforma a la justicia, el Congreso presentará a finales de este mes una reforma a su reglamento interno para no caer en errores similares. ¿Cuál es el trasfondo de la iniciativa?

Las heridas que ocasionó la fallida reforma a la justicia aún no cicatrizan. Sobre todo aquellas que dejaron por el piso la imagen de los parlamentarios del país y, al mismo tiempo, abrieron uno de los boquetes institucionales más profundos de los últimos años en Colombia. Tan es así que 80% de los ciudadanos percibe al Congreso como una institución desprestigiada y por eso advierten sobre la necesidad de cambiar con urgencia su semblante.

Hacerle una reingeniería de fondo es la tarea que hoy tiene la Comisión Accidental del Senado, creada precisamente para atender ese delicado asunto. Antes de que termine agosto, sus miembros, entre los que figuran nombres como el de los senadores Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Velasco y Carlos Baena –entre otros– deberán presentarle a la mesa directiva del Congreso una propuesta para reformar la Ley Quinta, que no es otra cosa que el reglamento interno de esa corporación.

La esencia de la iniciativa es ambiciosa. Pretende, entre otras cosas, corregir los vicios y vacíos que giran en torno al mecanismo de la conciliación, tristemente célebre por ser la instancia durante la cual se colaron los famosos ‘micos’ de la controvertida reforma a la justicia.

“Lo que vamos a modificar en la Ley Quinta va a ser grande. Primero, impedir que haya artículos nuevos y se presenten textos sin que sean discutidos previamente. Segundo, acabar con el pupitrazo a media noche: en lugar de 24 horas para aprobar conciliaciones, daremos dos semanas. Y, finalmente, garantizaremos que los conciliadores sean solamente los autores y ponentes de los proyectos, así evitaremos que aparezcan congresistas a última hora para pescar en río revuelto”, explica Roy Barreras, presidente del Senado.

A primera vista luce atractivo. Pero, ¿serán lo suficientemente estructurales esos cambios como para hacerles frente a los problemas de base del Congreso? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el país siempre ha creído que las crisis se resuelven con reformas legales. Una falsa premisa –propia de nuestra tradición santanderista– pues mientras las normas no tengan seguimiento, vigilancia y una aplicación adecuada no solucionan los problemas.

Y lo segundo que habría que dejar claro es que en todas partes del mundo los ímpetus reformistas afloran cuando las dificultades tocan fondo. Colombia no es la excepción. Históricamente ha habido una inclinación cíclica en ese sentido, especialmente en las coyunturas más desfavorables.

Pasó durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando la temperatura del escándalo del Proceso 8.000 llegó a su punto más álgido. Por esos días, el entonces Presidente creó una comisión para reformar la política nacional y entregó un sinnúmero de recomendaciones para que fueran discutidas en el Congreso. Su propósito era hacer un Acto Legislativo que modificara el funcionamiento de los partidos. Pero, al final, de poco sirvieron los eternos debates porque el proyecto fue a dar al traste.

No muy distinto fue lo ocurrido durante la administración de Andrés Pastrana con el conocido episodio del ‘Pomaricazo’. Uno de los mayores desfalcos al erario en el que participaron varios parlamentarios y generó una indignación nacional que precipitó la renuncia del entonces presidente de la Cámara, Armando Pomárico. El ambiente se tornó tan tenso, que Pastrana planteó la posibilidad de revocar el Congreso mediante un referendo que, sin embargo, tampoco tuvo eco.

En la era de Álvaro Uribe, la parapolítica desencadenó una reforma bautizada como la Silla Vacía. Un castigo inédito que trasladó la responsabilidad penal a los partidos cuando uno de sus militantes fuera condenado por nexos con grupos de autodefensas. Para algunos, se trató de una modificación política importante que, a diferencia de las que pretendieron hacer sus antecesores, tuvo buenos resultados.

La historia de reformas, tanto fallidas como exitosas, es de nunca acabar. Y aunque sus motivaciones han sido diferentes, todas están enmarcadas dentro de un propósito común: revertir el efecto de cierto escándalo o reivindicar la imagen mancillada de alguna institución. ¿Logrará ese cometido la reforma a la Ley Quinta que hoy se está cocinando en el Congreso?

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Independientemente de que el proyecto llegue a feliz término o no, hay que anotar que la Ley Quinta fue creada en 1992, cuando la manera de hacer política en el país era totalmente diferente y no existían herramientas como internet y redes sociales. Pese a tratarse de un estatuto anacrónico, pocos cambios sufrió desde su concepción y sus mandamientos parecieron quedar detenidos en el tiempo. Fue entonces necesaria una debacle como la de la reforma a la justicia para que se empezara a hablar de modificaciones.

Analistas consultados por Dinero coinciden en señalar que con esta reforma, el Congreso estaría enviando un mensaje engañoso. “Lo que quieren decirle a la opinión pública con lo de la Ley Quinta es que lo sucedido con la reforma a la justicia nada tuvo que ver con un tema de clientelismo y corrupción, sino con unos problemas técnicos en la conciliación, como si el asunto hubiera sido técnico y no de intereses políticos”, asegura un analista.

Muchos advierten que las modificaciones que se están planteando a la Ley Quinta no son más que pañitos de agua tibia. Tal vez porque su columna vertebral está anclada en el tema de la conciliación y deja de lado asuntos mucho más de fondo. Por ejemplo, revisar la responsabilidad política de los parlamentarios cuando toman decisiones non sanctas.

Mientras la reforma a la Justicia le costó el cargo al ministro Juan Carlos Esguerra y todavía tiene pasando agua al presidente Santos, a estas alturas ningún parlamentario ha tenido que padecer las consecuencias. Y eso se da porque el sistema clientelista que hoy permea el Congreso no permite que la población les pase cuenta de cobro.

Así las cosas, habría que preguntarse si el remezón que sufrirá la Ley Quinta será suficiente o si lo que necesita el país es una reforma política mucho más compleja para que cuando ocurra otra crisis asuman la responsabilidad quienes la ocasionen.

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