| 1/21/2016 12:00:00 AM

La nueva Reforma Tributaria del Congreso de la República

La propuesta que diseñó la comisión de expertos es sensata y, de implementarse, significaría un avance para el sistema tributario colombiano. Sin embargo, parece políticamente inviable. ¿Cuál será la respuesta del Gobierno?

El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tendrán que mostrar todas sus dotes técnicas y políticas para sobreaguar este duro 2016. La situación fiscal se ha venido agravando y para enfrentar esta dura situación tendrá que presentar al Congreso de la República una reforma tributaria. Es necesario analizar con más cuidado el que será el tema central del futuro económico de Colombia. ¿Cuáles son las grandes propuestas que quedaron en el documento de la misión de expertos cuyo contenido está siendo socializado?

Los dos mensajes de fondo de la misión son los siguientes: que el recaudo adicional es mejor conseguirlo por la vía de impuestos indirectos (IVA, consumo, combustibles y 4 x 1.000 –GMF–) que por la vía de impuestos directos: renta y riqueza. Gravar excesivamente el capital puede desestimular la inversión, que es la principal fuente de crecimiento. De otra parte, los impuestos directos son más eficientes y su efecto en los sectores menos favorecidos de la población puede ser compensado a través de una red de protección social.

Las razones de la comisión coinciden con el diagnóstico que había hecho en su momento Fedesarrollo en su actividad de coordinación académica de la Misión para el Ingreso, que en la década pasada hizo una propuesta tributaria similar.

En el texto “Equidad y eficiencia de costos de incrementar los ingresos impositivos en Colombia”, que forma parte de la bases presentadas por la Misión, se señala que “los impuestos sobre el capital son óptimos en el corto plazo debido a que la inversión y el stock de capital son fijos en este espacio de tiempo. Sin embargo, en el largo plazo la inversión y la acumulación de capital responden fuertemente a la tasa de retorno. Por lo tanto, una reforma óptima en el estado estacionario (largo plazo) implica que impuestos sobre el capital se deben evitar debido a que la inversión responde fuertemente, la base tributaria se reduce y existen potenciales efectos negativos sobre el producto, lo cual conlleva a que el bienestar agregado a la sociedad se reduzca, tanto para pobres como para ricos”.

Ampliar la base del IVA y reestructurar los impuestos a las utilidades y la renta y eliminar el impuesto al patrimonio es la base de esta propuesta.

Impuestos indirectos

En impuestos indirectos, la Comisión se centró en el IVA, consumo, combustibles y 4 x 1.000.

El IVA quedaría con cinco grupos definidos: no gravados (hoy excluidos), categoría de gravados a 0% (hoy exentos), y categorías de gravados a 5%, a 10% y a 19%.

Los bienes que quedarían excluidos son: educación y salud; transporte público de pasajeros; la venta y alquiler de inmuebles con destino residencial; rendimientos financieros y los consumos mínimos vitales de agua potable, energía, gas y telefonía fija.

Con excepción de los anteriores rubros, todos los demás que aparecen en el estatuto tributario como excluidos pasarían a pagar IVA de 5%. Allí están, entre otros, verduras, frutas, miel, granos, medicinas, el asfalto, etc. A 10% quedarían gravados otros bienes y servicios como computadores, celulares, servicio de internet estratos 1, 2 y 3 y los servicios públicos para consumos más allá del mínimo vital. Y a la tarifa general de 19% quedarían gravados intangibles como software, compra de marcas, patentes y franquicias y las comisiones y cobros por servicios del sector financiero; también, la medicina prepagada. Esta es apenas una enumeración de algunos productos sensibles. El mensaje de fondo es que la base de productos del IVA deberá ampliarse para que aumente el recaudo.

¿Cómo enfrentar el debate político que genera la propuesta de gravar productos y servicios básicos de la canasta? La comisión considera que Colombia ha tenido una evolución favorable de gasto social, a través de programas como Familias en Acción y toda la matriz de protección en manos del Departamento de la Prosperidad Social. Ese es un argumento para que un aumento en las tarifas y productos gravados con IVA que afecte a sectores de menor ingreso sea compensado a través de gasto social.

Una de las propuestas que causó sorpresa es la de mantener el 4 x 1.000. El argumento de los expertos es pragmático: ha resultado efectivo en el recaudo, a pesar de su inconveniencia técnica por sus efectos en la intermediación financiera. Para aliviar este efecto, el planteamiento es aumentar la deducibilidad del GMF a 100% en el impuesto de renta para las empresas.

Finalmente, la comisión propone aumentar una tercera parte en la tasa de los impuestos a los combustibles e igualar la tarifa de gasolina y diesel.

Cambios en renta

Mientras el nuevo recaudo provendrá de los impuestos indirectos, los tributos directos deberán sufrir un revolcón para modernizar su estructura. En este frente, el efecto sobre el recaudo será neutro: es decir, ni aumentará ni caerá. La premisa es que la tributación no debe desestimular la inversión ni castigar la generación de empleo.

La propuesta se centra en eliminar la estructura del impuesto a la renta, el Cree y sus sobretasas, para reemplazarla por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UIE). La tasa de este impuesto debería quedar entre 30% y 35%, según el tipo de reformas adicionales que se le impriman al tributo.

El argumento de la comisión es que el actual sistema ha generado muchas inequidades e ineficiencias, pues el esquema vigente contribuye poco a la redistribución del ingreso y grava mucho la inversión y el empleo.

Con este esquema desaparecería la necesidad de que las empresas lleven dos informes sobre su situación financiera: el de utilidades contables y el de utilidades fiscales. El cálculo base para el impuesto serán las utilidades contables según las NIIF, con los ajustes que establezca la Dian.

La comisión también propuso eliminar todos los parafiscales que aún quedan y pasar de manera definitiva la financiación de Sena, ICBF y cajas de compensación al Presupuesto General.

Para las personas naturales, la primera gran diferencia es que la tarifa máxima (marginal) que se les aplicaría subiría de 33% a 35%. Además, desaparecerían el Iman y el Imas como mecanismos alternativos de determinación de la renta gravable, para que el proceso de tributación sea más sencillo y no genere confusiones o arbitrajes entre sistemas. Esto iría acompañado de “límites más estrictos a las deducciones especiales, descuentos y exenciones”, señala el informe.

Lo otro que sería modificado es la tabla del impuesto a la renta para personas naturales. Los colombianos empezarían a pagar no desde los $3 millones, como ocurre hoy, sino a partir de una renta de $1,5 millones mensuales. Esto aumentaría claramente la cantidad de personas que declaran y pagan el impuesto. La comisión señala que para estos rangos con rentas bajas, la tarifa promedio iría desde 2,5% hasta 4%.

La comisión señaló tres propuestas más: gravar las pensiones altas y aumentar la tarifa de la renta presuntiva de 3% a 4%.

Se mantendría la tarifa de 10% para ganancias ocasionales por herencia, y de 20% para loterías, rifas y juegos de suerte y azar. Sin embargo, se incluiría una nueva tarifa de 15% para la ganancia por venta de inmuebles y otros activos.

Ese mismo 15% se aplicará al impuesto por dividendos.

Este es apenas un paneo sobre las propuestas de la comisión de expertos; estas suenan sensatas y no se alejan mucho de lo que otros expertos han señalado, como la Misión del Ingreso Público, que con expertos nacionales y extranjeros redactó un documento técnico que sirvió de base para algunas de las reformas adelantadas durante el gobierno Uribe. El problema hacia futuro es político: ¿cuál es la reforma que están dispuestos a aceptar los colombianos? Eso dependerá mucho de los acontecimientos de los próximos meses. Muy probablemente lo que ocurra con el proceso de paz determinará la flexibilidad de los ciudadanos frente al tema. Los asuntos tributarios deberán seguir siendo el eje de la agenda económica.

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