| 4/16/2015 10:00:00 AM

Plata llama plata

Mientras el gobierno Santos busca recursos para tapar el hueco que se le abre con la crisis petrolera, los departamentos y municipios tienen guardados $8,9 billones por falta de ejecución. ¿Qué está pasando?

Los resortes de la política monetaria están más o menos engranados y esto ha permitido que el Banco de la República tenga margen de maniobra para subir o bajar tasas cuando lo crea conveniente.

Sin embargo, el país todavía no tiene certeza de cómo la política fiscal va a poder jugar un rol contracíclico, justo cuando por obra y gracia de la caída en los precios del crudo las finanzas públicas van a recibir un duro golpe, especialmente en la próxima vigencia fiscal. ¿Qué recursos tiene el Gobierno para enfrentar la coyuntura? Es la pregunta que todos los especialistas se están haciendo ahora mismo.

Eso es lo que explica la preocupación del presidente Santos por el impacto que pueda tener la ley de garantías en la ejecución presupuestal de las regiones. Según él, derogar esa norma permitiría a los municipios y departamentos ejecutar plenamente su presupuesto de este año.

Pero todo parece indicar que el problema es más crítico: departamentos y municipios tienen guardados en el banco $8,9 billones, producto de los superávit que han dejado los balances territoriales de los últimos siete años. Si a eso se le suman los recursos de regalías pendientes de ejecutar –unos $2,4 billones–, la plata congelada por falta de ejecución llega a los $11,3 billones: casi el recaudo anual esperado por la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado.

La situación muestra dos noticias: una buena y una mala. La buena es que las finanzas territoriales gozan de cabal salud y, la mala, que hay un enorme problema de ejecución en las regiones. El diagnóstico es crítico.

El lado positivo

Una buena parte de la crisis de 1999 se explicaba por la mala situación de los departamentos y municipios del país, que acumularon un déficit de 1,6% del PIB y un nivel de deuda superior a 10% del PIB. Esa fue la bomba que lograron desactivar el Gobierno y el Congreso, gracias a una serie de normas que buscaban la reducción y control de los gastos municipales y departamentales; la generación de superávit primario (antes del pago de intereses); la reducción de deuda y el fortalecimiento de los ingresos tributarios de las regiones.

En general, el buen comportamiento de las finanzas territoriales se explica por un incremento de los ingresos, cercano a 10%, pues en 2014 llegaron a $48,9 billones, desde los $45,5 billones de 2013. Esto se explica fundamentalmente por el incremento de los ingresos tributarios que pasaron de $16,1 billones en 2013 a $17,7 billones en 2014. Paulatinamente, en municipios y departamentos están haciendo un mejor recaudo tributario, lo que les da mayor solidez fiscal.

En el caso de los departamentos, los ingresos que más crecieron fueron los de estampillas (25%), el impuesto a vehículos (16%) y licores (10%). Los municipios han venido incrementando sus ingresos por estampillas (29%), predial unificado (14%) e Industria y Comercio (10%).

Por otra parte, los gastos de funcionamiento vienen creciendo apenas 3%, lo que lleva al Ministerio de Hacienda a destacar que los ingresos de recaudo propio aumentan a un mayor ritmo que los gastos corrientes. Esa es una fórmula de éxito en materia fiscal.

La mala nueva

Sin embargo, tanto departamentos como municipios han sido víctimas de su propio éxito. Su buen manejo fiscal ha llevado a que se genere lo que se conoce en términos de contabilidad pública como un creciente saldo de “disponibilidades netas”; es decir, plata de años anteriores que no fue ejecutada y queda disponible en sus presupuestos. Según el cierre preliminar de 2014, este rubro ya va en $8,9 billones; es decir, 1,16% del PIB; sumadas las disponibilidades de regalías, el saldo total disponible llega a $11,3 billones.

¿Cuál es el problema estructural? Que las entidades territoriales no están ejecutando eficientemente sus presupuestos y esto obedece a la engorrosa tramitología para desarrollar proyectos.

Con el objetivo de proteger los recursos públicos de los malos manejos, el Estado colombiano ha generado un remedio peor que la enfermedad: fueron puestos tantos requisitos para hacer obras, que las regiones no están ejecutando buena parte de sus recursos. Si para salvar los dineros públicos de la corrupción resulta mejor no ejecutarlos, algo malo está pasando.

Esto es más crítico si se tiene en cuenta que la economía colombiana está necesitando todas las herramientas contracíclicas para enfrentar el choque petrolero. Si el país lograra irrigar eficiente y transparentemente esos recursos, serían casi dos puntos del PIB en inversión pública.

Plata hay para todo. En los más de $11 billones hay recursos de educación, salud, agua potable, alimentación escolar y de libre destinación. Hay ejemplos críticos: solo en recursos de educación hay $1 billón disponible que no ha sido invertido; en Bogotá, las disponibilidades alcanzan los $1,8 billones; Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena tienen disponibilidades que sumadas están por encima de $1 billón.

El problema es el ciclo político: es claro que si son destrabados y ejecutados esos recursos este año, existiría un riesgo enorme de que la plata se vaya a financiar las campañas de algunos candidatos a alcaldías y gobernaciones, pues mucha de esa plata corresponde a rubros de libre destinación.

La paradoja está en que Colombia necesita gastar esos recursos pronto (es obvio que de manera eficiente) para darle impulso a la economía, pues en 2015 y 2016 se sentirá de manera más contundente el choque petrolero.

¿Cómo lograrlo? Todo parece indicar que el asunto es de voluntad política. La directora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, explicó que “hay un problema claro de planeación del gasto y de coordinación entre el gobierno central y los entes territoriales”. Así pues, simplemente estableciendo una estrategia de coordinación institucional, el problema podría ser superado.

El país necesita trabajar fuertemente en destrabar esos recursos. Ejecutar casi $12 billones de manera eficiente y transparente es una de las cartas que tiene Colombia para hacer política contracíclica fiscal en estos dos años. La acumulación de “disponibilidades” presupuestales se ha convertido en un problema, pero podría convertirse en parte de la solución para enfrentar las caída de los ingresos petróleros.

Tanto el presidente Santos, como los entes territoriales y los de control deberían poner en la mira la ejecución de esa plata. Ese superávit podría ser la tabla de salvación para la economía en estos dos años.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?