| 12/12/2013 12:00:00 AM

¿Quién ronda al Procurador?

Decisiones radicales, como la destitución del Superintendente Financiero y del Alcalde de Bogotá, reabren el debate sobre el papel de un funcionario cuyo poder resulta omnímodo. Análisis.

Un total de 723.157 bogotanos eligieron soberanamente a Gustavo Petro como su Alcalde. Un solo hombre tiene ahora la capacidad para sacarlo de un plumazo de su cargo y para decretarle, de manera casi inapelable, su muerte política.

Ese mismo hombre, apegado a los dogmas de su propia moral, se arroga también la facultad de ponerle fin a la carrera pública del agente escogido por el Presidente de la República para supervigilar, en su nombre, el mercado público de valores: Gerardo Hernández, superfinanciero.

Su mano implacable es también capaz de descargar la férula disciplinaria para acallar voces de la oposición: por obra de su autoridad, Piedad Córdoba, garante de la liberación de decenas de secuestrados, ya no podrá volver al Congreso ni aspirar a otras dignidades públicas.

La magnanimidad de este hombre, Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, no obstante, tan solo alcanza a un puñado de parlamentarios conservadores, entre ellos Ciro Ramírez, que quedaron libres de sanción pese a firmes evidencias sobre sus nexos con paramilitares y narcotraficantes.

Sus convicciones religiosas hacen parte de su jurisprudencia personal. De ello pueden dar fe los notarios que celebran uniones entre personas del mismo sexo. También los médicos de hospitales públicos que se niegan a aplicar su objeción de conciencia frente a casos de abortos amparados por la ley y por la doctrina de la Corte Constitucional.

Ni el Presidente de la República escapa a su poder. Por obra de la interpretación que Ordóñez hace de la Ley de Garantías, el Jefe del Estado tuvo que abstenerse de inaugurar al Puente Internacional de Rumichaca y cederle las tijeras para cortar la cinta a su colega ecuatoriano Rafael Correa.

Y aunque la Constitución reconoce que en materia de paz el Presidente es la máxima autoridad, Ordóñez no vaciló en irse a la Corte Penal Internacional para descalificar el modelo de justicia transicional que espera aplicar Juan Manuel Santos en una eventual desmovilización de las Farc. De poco sirvió la protesta elevada por el Fiscal General de la Nación.

Estos episodios son el reflejo de su poder omnímodo. Por eso muchos se preguntan ahora quién ronda al Procurador y quién tiene la capacidad para moderar sus actuaciones. Si la respuesta se busca exclusivamente en el texto de la ley, solo podría hacerlo en condiciones excepcionales la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este alto tribunal se encuentra actualmente impedido ya que la mayoría de sus integrantes postularon al Procurador para su reelección.

¿Quién representa un contrapeso real frente a las decisiones de la cabeza del Ministerio Público? Por ahora nadie parece encarnarlo. Lo máximo que ha ocurrido es que la Corte Constitucional le haga llamados al orden para que no mezcle sus posturas religiosas, su catolicismo ortodoxo, con la aplicación de sentencias cuya única fuente debe ser el Derecho.

La manera como Ordóñez está aplicando el Código Disciplinario único podría estarse llevando de calle la garantía universal de la doble instancia. Un recuento de sus decisiones más drásticas muestra que cuando formula pliego de cargos a alguien, está haciendo en realidad un anuncio de su inminente destitución. Y que cuando anuncia una destitución, difícilmente acoge los argumentos del recurso de reposición que él mismo debe resolver.

A juicio de varios analistas, la ortodoxia del Procurador contrasta con los cimientos de una Constitución cuyo eje central es la existencia de un Estado Social de Derecho.

El pluralismo, otro concepto capital de la Carta Política, podría estar perdiendo espacio ante los dictámenes de un ‘superjuez’ que oculta con dificultad sus sesgos contra los sectores de izquierda o contra aquellos que no estén en sintonía con sus posturas personales.

Incluso los mecanismos de participación ciudadana –el voto, el principal de ellos– se hacen relativos ante la concentración de poder de un solo hombre que puede contrariar la voluntad que miles han expresado en las urnas.

Amplios sectores empresariales y políticos están de acuerdo en que Petro no ha sido un alcalde hecho a la medida de las necesidades de la ciudad. Pero también se preguntan si conviene, hacia el futuro, que las instituciones democráticas queden a expensas de la voluntad de un solo hombre.
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