| 4/28/2016 12:00:00 AM

¿Quién defenderá el futuro de los afectados por la crisis de Pacific?

Mientras a los inversionistas minoritarios de Pacific parece no quedarles otra salida que reclamar en Canadá, empleados y proveedores locales tendrán protección de la Supersociedades si la petrolera llega a la insolvencia.

Previo al inicio de las negociaciones de las acciones de Pacific Rubiales Energy (hoy Pacific Exploration & Production) en el país, en diciembre de 2009, los interesados en invertir en la petrolera debían haber leído las 143 páginas del prospecto de la operación, en donde se dice explícitamente que, dado que la oficina principal de la compañía se encuentra registrada en Ontario, Canadá, sus acciones se rigen por las leyes de ese país; además, que el ejercicio de cualquier acción legal relativa al cumplimiento y ejecución forzosa de tales acciones se debe tramitar ante tribunales canadienses.

Esta advertencia –que, si no fue leía por el inversionista, al menos debió serle explicada por la comisionista de bolsa que le vendió la acción de Pacific– es hoy uno de los motivos de preocupación de los 7.820 colombianos que aún tienen acciones de la petrolera.

En la Superintendencia Financiera argumentan que por la advertencia antes mencionada, ellos no tienen facultades para exigirle a Pacific la protección de sus actuales socios minoritarios, que en promedio tienen entre $4 millones y $5 millones invertidos y que, ahora, tras el acuerdo con Catalyst, quedarían por fuera de la compañía, pues sus acciones terminarán diluidas.

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Gerardo Hernández, superintendente Financiero, explica que comprar la acción de Pacific en el país era como haber comprado acciones del Citibank, que es una firma con domicilio estadounidense y cuyos títulos valores se rigen con las reglas de ese país. Aclara que lo que se permitió con Pacific fue un doble listado de su acción (en Canadá y en Colombia), pero esta firma no realizó una nueva emisión de acciones en el país, sino que empezó a negociar en ambos mercados las que ya estaban en circulación.

Lo mismo ocurre con la acción de Canacol y en su momento con Petrominerales (que fue adquirida por Pacific). Caso contrario es el de firmas como Cemex Latam Holdings, que está domiciliada en España, pero que se rige por las leyes locales, pues hizo una emisión de acciones en Colombia, no un doble listado.

Hernández aclara, sin embargo, que como las acciones de Pacific se podían comprar en el país y con comisionistas locales, a esta firma se le pidió un prospecto con información en español y que sus acciones se transaran en pesos, además, debía dar a conocer al mercado local su información relevante y, precisamente, por problemas en ese frente, la Superfinanciera le abrió una investigación que ya va en segunda instancia. En lo que no los pueden investigar es en su decisión de negociar con Catalyst y las implicaciones para los inversionistas locales.

Muy molestos

Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, dice que su sector está muy molesto con Pacific, pues tenían claras las reglas de cómo funciona una acción que está en doble listado, pero no se imaginaron que podrían llegar a la situación actual. “Cuando una acción se vende bajo estas condiciones, se piensa que viene con un sello de calidad, pues se asume que al estar en un mercado más desarrollado sus directivos son mucho más rigurosos y protegen a los inversionistas minoritarios, pero ese no es el caso”, señala.

Atribuye la crisis de Pacific a un grave problema de gobierno corporativo, con directivos que ganan sueldos exagerados, que tomaron malas decisiones y se sobreendeudaron. “Faltan muchas explicaciones y no entendemos por qué no se han destituido las directivas de la empresa que llevaron al descalabro actual”, reitera.

En general, se asume que la inversión en petróleo debe ser para inversionistas profesionales, por el alto riesgo de esta actividad, pero ni los expertos pudieron con Pacific. Prueba de ello es que en 2012, cuando los fondos de pensiones alcanzaron a tener 13,7% de la petrolera, le pidieron un puesto en su junta directiva, tal como lo tienen en Ecopetrol, pero les fue negado en cinco ocasiones, con el argumento de que eso no era permitido por la legislación canadiense.

Esto llevó a que poco a poco los fondos de pensiones vendieran sus acciones de Pacific. En 2015 ya solo tenían 1,3% y hoy están en cero. Quienes se quedaron en la petrolera son inversionistas profesionales como Manuel Jara Albarracín, quien ha invertido en varias empresas colombianas y fue uno de los mayores inversionistas minoritarios de Ecopetrol. Se dice que tiene 30% de las acciones de Pacific que aún están en manos de colombianos, también empleados de la compañía que tenían un fondo de pensiones voluntarias, el cual se financiaba con acciones de la empresa.

López, de Asobolsa, considera que si una acción extranjera se lista en el país será necesario hacer un mayor análisis, pues lo que antes era una virtud, ahora va a ser un obstáculo, al tiempo que opina que el Gobierno debería tener alguna forma de intervenir.

Un año de seguimiento

La intervención gubernamental va a estar a cargo de la Superintendencia de Sociedades, que lleva más de un año haciendo seguimiento a las sucursales de Pacific en el país que no están listadas en bolsa, pero sí son empresas colombianas que tienen 2.000 empleados y el mismo número de proveedores. No en vano es la segunda mayor petrolera del país.

“Nuestra labor es proteger esos empleos, así como a los proveedores y acreedores locales de las sucursales de Pacific. Por eso, si ellos se declaran insolventes bajo la jurisdicción canadiense, también tienen que hacerlo bajo la Ley colombiana (la 1116) y hasta ahora no han manifestado dicho compromiso”, dice Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.

Pacific declaró situación de control sobre varias compañías entre las que se destacan Petrominerales, Meta Petroleum, Pacific Stratus Energy Colombia Corp. y C&C Energía. Esto implica que si llegan a una situación de insolvencia se puede coordinar un solo proceso en todas las compañías. “Ellos han enviado el mensaje de que van a mantenerse al día con sus acreedores colombianos y eso tiene lógica, pues su flujo de caja está en el país. No pueden descuidar esos pagos, pues se quedan sin operación”, comenta Reyes.

Así las cosas, mientras se concreta el negocio con Catalyst, los accionistas minoritarios colombianos de Pacific tendrán que llevar sus reclamos a tribunales internacionales y la compañía tendrá que demostrarles a sus empleados y proveedores locales que “Pacific sí es Colombia”.

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