Casi como una tradición intrínseca a los diferentes sectores productivos del país, la época de fin de año se ha convertido en la coyuntura perfecta para hacer balances y cortes de cuentas. Bajo esa lógica, quienes se mueven dentro del mundo empresarial advierten que 2012 deja un paradójico sinsabor. Y la razón es simple: mientras los índices de competitividad internacionales muestran a Colombia como uno de los países del mundo con mejor clima para hacer negocios, por otro lado los mismos indicadores aseguran que las profundas falencias de la administración de justicia son hoy por hoy la mayor amenaza para mantener el buen ritmo inversionista.
En otras palabras, eso quiere decir que la ausencia de garantías jurídicas ha sembrado una fuerte incertidumbre dentro los empresarios a la hora de emprender nuevos proyectos. Los argumentos que tienen para sentir esa sensación son de peso. En el más reciente índice de competitividad (2012-2013), el Foro Económico Mundial concluyó que el sistema judicial colombiano es uno de los más ineficientes de América Latina y el mundo. En el documento, el país aparece en el puesto 97 entre 144 naciones.
Pero ahí no paran las cosas. Similares resultados arrojó el Anuario de Competitividad Mundial del Institute for Management Developmet (IMD) que, en la misma variable, ubicó a Colombia en la casilla 53 entre 59 países. Y por si eso no fuera suficiente, el Banco Mundial, en su ya célebre publicación Doing Business, sitúa a la administración de justicia nacional en el poco honroso lugar 149 entre 186 economías globales. “Infortunadamente, Colombia es uno de los países con peores niveles de seguridad jurídica”, dice el reciente informe del Consejo Privado de Competitividad.
Tras revisar ese manojo de alarmantes cifras, se desprende un interrogante de fondo: ¿cuáles son los factores que convirtieron a la justicia en un verdadero foco de ineficiencia y, al mismo tiempo, en la espada de Damocles que cuelga sobre los inversionistas?
A la luz de expertos consultados por Dinero, la respuesta está contenida en un listado que va desde congestión en los procesos y corrupción en ciertas instancias de la rama judicial hasta falta de capacitación de jueces y fiscales.
Para entrar en materia, vale la pena analizar punto por punto. El primero y tal vez el más inquietante tiene que ver con la congestión judicial. Según Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, actualmente en Colombia hay 2,5 millones de procesos en trámite y tan solo 4.500 jueces. “Ese fenómeno pone de manifiesto la gran demanda de justicia que existe en el país frente a una muy precaria oferta. Es decir: hay muchos procesos y muy pocos jueces para evacuarlos”, remata la funcionaria
(ver entrevista).
El asunto se resume en un anquilosamiento que salta a la vista. En un extenso informe, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) señala que en 2011 Colombia terminó con un inventario de 2,7 millones de procesos represados. “Si bien la productividad de los jueces es hoy de 119% (o sea que de cada 100 procesos que ingresan a la Rama Judicial se evacuan 119), el inventario de procesos represados es tan alto que la mayor eficiencia de los funcionarios judiciales difícilmente se verá reflejada en un sistema judicial ágil, por lo menos en el mediano plazo”, se lee en un aparte del informe de competitividad del Foro Económico Mundial.
Pero mientras se resuelven los problemas en materia de congestión, otro asunto que por lo pronto tiene a la administración de justicia en el ojo del huracán es la percepción de prácticas corruptas entre jueces y fiscales. Según Transparencia Internacional, 45% de los colombianos describe al sistema judicial como corrupto, al tiempo que solo 34% confía en él.
A la corrupción, sin embargo, habría que sumarle el hecho de que ciertos consumidores de justicia siguen asociando los fallos adversos con prácticas non sanctas. “Nosotros hicimos un estudio y llegamos a la conclusión de que cuando el juez falla en contra, el afectado cree que ahí hubo corrupción. Acá lo preocupante es que vimos grandes errores en los conceptos de los jueces, y eso no es corrupción: es falta de capacitación y de conocimiento”, asegura Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Y es precisamente la deficiente preparación de los jueces el último factor que tiene herida de muerte a la justicia colombiana. A estas alturas, cuando el país le está apuntando a un nuevo modelo de procesos orales, buena parte de los miembros de la rama sigue trabajando con el vetusto esquema escrito.
Además, según Diego López Medina, doctor en Derecho de la Universidad de Harvard y actual profesor de la Universidad de los Andes, existe una gran indisciplina por parte de los jueces y los abogados para llevar a cabo las audiencias. Tanto así que hoy –según datos del Consejo Superior de la Judicatura– 50% de las audiencias en Colombia no se realiza.
Así pues, el panorama que se vislumbra no es el más halagüeño. Y más aún si se tiene en cuenta que en teoría económica está comprobado que los niveles de inversión de un país están directamente relacionados con su capacidad judicial. Un planteamiento que en su momento describió el premio Nobel de economía Douglass North, de manera concisa: “la inversión y el ahorro social se ven reflejados en la capacidad de una sociedad de proteger la propiedad y el contrato”.
En ese orden de ideas, mientras los empresarios extranjeros y nacionales no tengan un sistema judicial sólido que los respalde en el corto plazo, las consecuencias empezarán a verse, sobre todo, en los alentadores índices de crecimiento inversionista que viene mostrando el país.