Revista Dinero

El reto para la Supersociedades, que dirige Luis Guillermo Vélez, es lograr que esta medida sea una verdadera solución y no una excusa para no pagar.

| 9/13/2012 4:22:00 PM

Punto de quiebra

La Superintendencia de Sociedades tiene lista la reglamentación que permitirá a las personas naturales declararse en quiebra y sobrevivir en el intento.

Estar en quiebra es sinónimo de muerte social. Nadie presta dinero, y nuevos proyectos –por buenos que sean– están condenados al fracaso. Por eso, el próximo mes de octubre la Superintendencia de Sociedades dará a conocer un paquete de normas con las que busca reglamentar la quiebra en personas naturales y –mejor aún– la forma para salir de esta situación.

El primer paso será realizar una solicitud ante notario o centro de conciliación. Estos últimos sitios, así como los cobros y tarifas, serán reglamentados en los próximos meses para que operen bajo la tutela de las cámaras de comercio.

En dicho trámite se tendrá que describir rigurosamente el listado de deudas con sus respectivos acreedores y los activos disponibles, como bienes, ingresos y ahorros para cubrirlos. Pero, ojo, la ley trae blindaje para los vivos que quieren sacar provecho de este beneficio: si a alguien se le ocurre poner a nombre de otros sus bienes, como el carro o la finca, podría verse incurso en una demanda por estafa y fraude procesal. Así que el mensaje es no jugar con esta oportunidad que le da el Estado para saldar sus deudas.

Una vez realizada la solicitud, ya no le podrán rematar los bienes, pero tampoco los podrá vender, pues quedan congelados. El siguiente paso es proponer un acuerdo de pago con sus acreedores: bancos, entidades financieras o personas naturales. Para ello dispone de 90 días hábiles. En caso de que las dos partes logren un acuerdo, se establece un plazo máximo de cinco años para ponerse al día con las deudas. Si llega a pasar algo y el deudor queda mal en alguna de las condiciones establecidas, el acuerdo se cae inmediatamente y arranca otro proceso denominado liquidación patrimonial. Esta instancia también aplica cuando las partes no logran un acuerdo de pago.

En ese caso, un juez civil municipal será el responsable de que un perito liquidador evalúe sus bienes y los entregue en parte de pago a los acreedores de manera equitativa y reglamentada. La buena noticia y la innovación más importante que trae dicha legislación es que si no alcanzan los bienes para cubrir las deudas, la diferencia, es decir, lo que no se alcanzó a cubrir con los bienes, va a lo que los técnicos de la Supersociedades llaman “descargue”. En otras palabras, ese monto no podrá ser cobrado al deudor nunca, tampoco después de que consiga trabajo nuevo o empiece a comprar otros bienes.

Otras dos ventajas: la primera, que todas sus deudas irán a un solo proceso y no como sucede ahora, que por cada deuda se inicia un trámite legal de cobro; y la segunda, que una vez se ponga al día o se ejecute la liquidación patrimonial, usted podrá volver a iniciar una vida financiera independiente sin bases de datos negras o ‘chepitos’ persiguiéndolos de día y de noche.

No obstante, la regulación tiene un duro escollo por superar y es que puede incentivar la cultura del no pago, la venta anticipada de bienes o maniobras, como poner los bienes o cuentas a nombre de amigos o familiares. Ahí está el gran reto de la Superintendencia para que esta puerta que se le abre a cerca de un millón de colombianos –con deudas asfixiantes– se vuelva una verdadera solución y no la mejor excusa para no pagar lo que se debe. “Si se presta para abusos, se cambia toda la legislación y se perdería una gran oportunidad”, sentenció el superintendente, Luis Guillermo Vélez.

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