| 10/30/2013 6:00:00 PM

Río revuelto

Los grandes proyectos de generación eléctrica del país podrían paralizarse por cuenta de una polémica resolución en torno a los caudales de los ríos. ¿Qué hay detrás?

A mediados de septiembre pasado se reunieron representantes del Gobierno y del sector privado en materia de energía para hacer seguimiento a los avances y dificultades de los proyectos de generación y transmisión que están en la agenda, en el marco de lo que se denomina la mesa de alto nivel y que periódicamente le toma el pulso a esta industria. Ese día, al final de la reunión, y cuando ya se había discutido el desarrollo de las obras de proyectos como Quimbo, en el Huila; o Ituango, en Antioquia, y se había analizado el impacto de los proyectos estratégicos contemplados en un reciente documento Conpes del Gobierno, los generadores hidráulicos plantearon un nuevo debate.

Se trata de un proyecto de resolución en el que viene trabajando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que busca, con una nueva metodología, determinar el caudal ambiental de los proyectos de generación. Este proceso se inició a finales de 2008, con un estudio que fue contratado a la Universidad Nacional –y que, según los generadores, aún no ha finalizado– y en 2009 se sometió a análisis de la industria y empezó la discusión con relación a la metodología. En el primer semestre de este año, la Anla sacó un proyecto de resolución con una metodología que determina el caudal ambiental para las centrales de generación hidroeléctrica.

Estas centrales operan de diferentes maneras, unas a filo de agua, es decir, aprovechando la caída natural de los ríos; otras con grandes embalses que conducen posteriormente el agua por largos túneles enterrados en las montañas a las turbinas, generan la energía y luego el agua vuelve más adelante al cauce del río. Lo que busca la Anla es mantener unos niveles mínimos de agua que garanticen el caudal del río. Para hacerlo, la resolución plantea analizar las series hidrológicas históricas de cada río y fijar el caudal en función de los promedios. Lo que, a juicio de los generadores, hará que sea un caudal mucho mayor al que se estima en los proyectos y que podría hacer inviable su desarrollo. “Si tiene menos agua disponible, genera menos energía y, por lo tanto, menos ingresos”, asegura el presidente de una de las generadoras más grandes del país.

Pero esa no es la única exigencia en materia ambiental. Tiene otros dos ingredientes: uno, que la calidad del agua sea mejor a la que recibió el proyecto y, segundo, un índice de calidad del hábitat. Para Wilson Chinchilla, directivo del área de energía de EPM, la Anla quiere dejar un caudal muy alto, de tal manera que lo que queda para generación es muy poco. “Para garantizar eso durante los veranos más secos, debemos tener agua suficiente. ¿Eso qué implica? Que los proyectos hidroeléctricos prácticamente quedarían sin energía firme, que es la unidad básica del desarrollo del mercado eléctrico colombiano porque todo se calcula con base en este esquema. Y la energía firme es la que se produce con ese caudal escaso que es la base para la metodología”, advierte el funcionario. Tanto algunos proyectos a filo de agua, como otros de grandes conducciones, se verían afectados y no podrían participar en el esquema de subastas que ha diseñado la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) porque –en concepto de Chinchilla– no van a tener energía en firme. “Los proyectos de alta montaña que tengan conducciones largas, advierte, dejan de ser viables en el sector eléctrico”.

Según cálculos de Acolgen –gremio que representa a las generadoras hidroeléctricas–, el potencial hidroeléctrico del país podría reducirse en 51%, cifra que podría ascender a 80% si se agregan otras restricciones como áreas protegidas o navegabilidad de ríos. Además, bajo esta metodología, se requeriría instalar 3,5 veces lo que opera actualmente para atender la misma demanda.

Hoy la composición de generación en el país es de 70% hidroeléctrica y 30% térmica. Y el país tendría un potencial superior a 100.000 megavatios para desarrollo hidráulico. Esto significaría que unos 46.000 megavatios no serían viables y la confiabilidad energética podría verse afectada. Un hecho refleja el nivel de la discusión. La Anla puso a disposición de los agentes el proyecto de resolución y hubo más de 400 comentarios y la entidad acogió cerca de 160. En la actualidad está siendo nuevamente discutida con los comentarios que se recogieron y será la Dirección del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente la que sacará la propuesta definitiva.

Sin embargo, la preocupación del sector va más allá. Si bien se está hablando de proyectos futuros y no de los que están en operación y los que están en construcción, aún no hay claridad sobre ese impacto, máxime cuando algunas centrales que llevan décadas en operación están renovando las concesiones de los ríos y autoridades ambientales, como las Corporaciones Autónomas Regionales, están aplicando la metodología sin que la resolución esté en firme. “Por ejemplo, para una licencia ambiental que estamos tramitando, en el auto exigen que sea con la metodología de 2009, a pesar de que no es una resolución. En algunas corporaciones donde las empresas del sector renuevan licencias o concesiones, la CAR respectiva pide definir el caudal ambiental con la metodología que está proponiendo la Anla.

Es decir, de alguna manera se está volviendo retroactivo y eso sí sería gravísimo para el país porque, si a todos los proyectos actuales se les obligara a eso, el país quedaría con la tercera parte de disponibilidad energética en hidroelectricidad en términos de energía firme”, agrega Chinchilla. “Lo que se planteó en la mesa de alto nivel es que en ningún caso la decisión puede afectar los proyectos pasados porque cuando se diseña un proyecto se hace con un caudal determinado y retroactivamente no se puede afectar el caudal, pues esto implicaría una modificación técnica del proyecto que sería absolutamente inviable”, asegura uno de los asistentes a la reunión de alto nivel.

Al final si reduce el potencial hidráulico, varios jugadores consultados por Dinero aseguraron que irían hacia otras tecnologías, “incluso como carbón, que tienen impactos ambientales mucho mayores. Cuando se mira la afectación ambiental hay que hacerlo desde el conjunto de la matriz energética. Si reducimos la hidroeléctrica, cuál queda y cómo impacta el ambiente. Es una discusión de política energética”, dice uno de ellos. Otros no descartarían ir a instancias jurídicas para garantizar las reglas del juego que se establecieron cuando se desarrollaron los proyectos.

Nadie desconoce la importancia del cuidado de los temas ambientales y, mucho más, del agua. Colombia es un país con grandes recursos hídricos y es necesario preservarlos de cara al futuro. Más aun cuando no todo puede ser a través de compensaciones; es decir, garantizar acciones y compromisos en otras zonas distintas a las del impacto real, porque se va a acabar la tierra y los espacios para compensar.

Esta es una prueba de fuego para el Gobierno. Tendrá que evaluar no solo los alcances ambientales de la decisión sino que en el análisis deberá incorporar otros agentes, como el Ministerio de Minas y Energía, en materia de inversiones y reglas del juego, y hasta el Ministerio de Hacienda, por el impacto tributario y de recursos que quedarían en vilo. Pero, seguramente, tendrá que ir más allá de la coyuntura y definir qué quiere en términos de confiabilidad energética, sostenibilidad ambiental, tarifas, desarrollo económico y competitividad del país. Este caso refleja uno de los mayores debates que aún están pendientes en el país: cómo generar un desarrollo sostenible.
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