| 5/11/2017 12:01:00 AM

El Proyecto de Tierras de los Acuerdos de La Habana avanza con traspiés

El Proyecto de Tierras, el tema más controversial de las 11 iniciativas para implementar los acuerdos de La Habana, avanza con algunos traspiés.

A menos de tres semanas de que venzan las facultades extraordinarias del fast track otorgadas al Gobierno para implementar de manera abreviada los acuerdos con las Farc, crece la preocupación por los textos finales de las iniciativas que se están discutiendo en materia agropecuaria y los temores sobre la negociación final.

Mientras el tiempo corre y se acerca el 31 de mayo, plazo fijado en el marco de Acto Legislativo 01 de 2016 –que le otorgó al Gobierno la posibilidad de presentar proyectos para su aprobación en términos simplificados–, es poco lo que se conoce de la suerte de todos los proyectos que tienen que ver con temas del agro.

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Son 11 las iniciativas relacionadas con el sector, que el Gobierno debe tramitar ante el Congreso como leyes o decretos ley para implementar los Acuerdos de la Habana.

Una compilación de estas iniciativas, elaborado por el exviceministro de Agricultura y CEO de Inverdies, Andrés Espinosa Fenwarth, con base en datos de Congreso Visible, encontró que en estos momentos solo uno está en discusión: el proyecto de Ley 008 de Cámara y 004 del Senado, conocido como Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que es promovido por el Ministerio de Agricultura, Corpoica y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de Implementación del Acuerdo Final (Csivi).

Foto: Andrés Espinosa CEO de Inverdies.

Otros cinco proyectos de ley están pendientes de radicar: el de Financiamiento y Crédito Agropecuario, el de Adecuación de Tierras, el Catastro Rural Multipropósito, el de Pago de Servicios Ambientales y el que crea el Sistema Nacional Ambiental (Sina).

A estos se suman cinco decretos ley que tendrá que expedir el Gobierno, pero cuya discusión interna ha sido muy compleja. Estos son: la Política de Tierras, que lideran el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el proyecto laboral sobre Pactos Colectivos, que impulsa el Ministerio de Trabajo; el de Turismo Rural, del Ministerio de Comercio; uno de Electrificación Rural, del Ministerio de Minas y uno más de Vivienda Rural, de Minagricultura.

Los dolorosos

Aunque temas como el proyecto laboral sobre Pactos Colectivos y el Catastro Rural Multipropósito han sido cuestionados por algunos sectores empresariales, que ven amenazas por nuevos costos y mayores cargas, el más álgido de los proyectos que es estudiado en el marco del fast track es, sin duda, el Proyecto de Tierras.

Según el Gobierno, este busca establecer el marco normativo para la implementación de la política de tierras en el país. En este momento está para consultas finales con empresarios y gremios, y se esperaba que esta semana ya se darían a conocer los textos finales. Sin embargo, las discusiones internas y los cambios propuestos no han permitido su definición.

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Aunque el Gobierno ha convocado a gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) para discutir este tema, empresarios, analistas y líderes de otros gremios se quejan del secretismo con el que se ha manejado y rechazan tajantemente su expedición. De hecho, además de quejarse de los cambios de fondo que plantea, han encendido las alarmas por el lenguaje con el que se viene redactando el decreto, que en algunos sectores es considerado de abierto carácter socialista y, advierten, podría tener consecuencias nefastas sobre las garantías del derecho a la propiedad.

Para Andrés Espinosa Fenwarth, la iniciativa del Ejecutivo “propone un insólito ordenamiento social de la propiedad rural al margen del sector productivo, que no respeta los derechos adquiridos de propiedad y resquebraja la seguridad jurídica vigente”. El experto explica que, en lo que ya se conoce de este decreto ley, se concede a la ANT “poderes absolutos, sin trámite legislativo, para la asignación y reconocimiento de derechos de uso o propiedad de la tierra, así como omnímodas funciones jurisdiccionales que riñen con los fundamentos democráticos que soportan el Estado de Derecho y la separación de poderes públicos”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, también es un crítico acérrimo. “Evidentemente el proyecto modifica de manera sustancial toda la estructura jurídica en la que el país ha venido, durante más de 100 años, registrando la propiedad de la tierra y haciendo valer sus derechos”, asegura.

Foto: José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan

Para Lafaurie, hay varias ‘perlas’ que muestran el impacto que podría tener para los propietarios de predios rurales. “Tiene artículos, como el 94, donde no solamente establece que habrá un ente que fijará el tamaño de los predios sujetos a la extinción de dominio, sino que al mismo tiempo vincula la extinción de dominio con el ‘uso adecuado’, un absurdo que va en contravía de los derechos de los propietarios”, explica.

También rechaza de manera tajante el artículo 101, que establece que podrán ser objeto de extinción de dominio los predios en los que durante tres años no haya actividad económica o si se prueba violación de las normas en materia ambiental. Y el tercer tema que critica tiene que ver con el numeral 10 del artículo 4, que dice que deberá haber “coincidencia absoluta entre el registro y el catastro”, que afectaría principalmente a quienes adquirieron fincas hace años.

Entre algunos gremios y analistas, la queja recurrente es la escasa socialización de los proyectos que impulsa el Gobierno y el riesgo que se corre al dejar que, a última hora, se aprueben iniciativas que más adelante se conviertan en grandes dolores de cabeza. Lograr que en el tema agropecuario el remedio no sea peor que la enfermedad es el principal reto en esta materia.

Con el pie izquierdo

Así les ha ido a los proyectos del Gobierno en el debate jurídico y legislativo:

No la ha tenido fácil el Gobierno en la aprobación de leyes y decretos para implementar los acuerdos de La Habana. La primera derrota la recibió en el Decreto 2204 de 2016, que buscaba cambiar la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) del Ministerio de Agricultura a la Presidencia de la República. En este caso, la Corte Constitucional consideró que el Gobierno estaría arrogándose funciones “de las que objetivamente carece”.

Tampoco tuvo suerte con la aprobación del Decreto 249 de 2017 sobre contratación, sin convocatoria pública, de la Policía Nacional para labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Al respecto, el magistrado Luis Guillermo Guerrero sostuvo que para la aprobación por la vía extraordinaria –sin pasar por el Congreso– tiene que haber una clara justificación “en la medida en que ello implica una reducción notable del espacio de deliberación democrática sobre estos temas”.

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