| 5/2/2014 7:00:00 AM

El heredero

Los desafíos del sucesor de Sandra Morelli en la Contraloría irán desde definir la suerte de Saludcoop hasta vigilar los $47 billones de las concesiones viales 4G.

Aunque sin duda los hay, realmente se pueden contar con los dedos de una mano. Se trata de esos cargos que desde siempre han tenido la facultad de ungir a sus cabezas al estatus casi mágico de la ‘omnipotencia’. En el más simple pragmatismo, tales dignidades se reducen al ya acuñado término de las ‘asustadurías’: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Tres poderosos organismos ante los cuales cualquier funcionario del Estado debe rendir cuentas y tras los que se desatan encarnizados pulsos e intereses cada vez que su dirección entra en vacancia.

Esa tesis bien podría ajustarse a los movimientos que por estos días se vienen dando en torno a la elección del sucesor de Sandra Morelli en la Contraloría General. Hasta el 20 de agosto próximo –día en que termina el periodo de la funcionaria– el Congreso en pleno tendrá plazo para elegir su reemplazo. Argumento de peso para que las fichas del ajedrez electoral empiecen a salir del partidor.

Nombres como el del exprocurador Edgardo Maya; el del Senador Juan Mario Laserna; el del expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Ardila Ballesteros, o el del exmagistrado electoral Gilberto Rondón ya se asoman dentro del listado de candidatos. No menos ruido han generado aspirantes al cargo como el exauditor Iván Darío Gómez Lee y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino Gallego.

Pero más allá de ese enjambre de eventuales candidatos, lo cierto acá es que solo de una terna enviada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, el nuevo Congreso podrá echar mano para entronizar al nuevo ‘rector’ de los designios fiscales del país. Responsabilidad de hondo calado pues no hay que pasar por alto que el periodo del nuevo jefe del Ministerio Público coincidirá con los cuatro años de quien salga elegido Presidente.

Y es por esa razón que las altas cortes deberán andar con pies de plomo a la hora de bendecir a sus candidatos. Y más aún si se toman en cuenta versiones según las cuales sus postulados están a punto de definirse. Por el lado de la Corte Constitucional, el más opcionado es Maya Villazón, quien además sería el ‘recomendado’ del gobierno Santos.

La Corte Suprema, por su parte, tendría como favorito a Carlos Ardila, quien a su vez sería el candidato del procurador Alejandro Ordóñez. Y, finalmente, el Consejo de Estado se la jugaría por Iván Darío Gómez, hombre de la cuerda de la contralora Morelli.

Independientemente del aspirante que logre ganarse la simpatía del Congreso, es evidente que los desafíos que tiene por delante no serán menores. Si bien durante la gestión de Morelli los procesos de responsabilidad fiscal cobraron una nueva dinámica, aún queda un largo trecho por recorrer. Un ejemplo basta de muestra: en el emblemático proceso contra el Grupo Nule, el ente de control solo ha recuperado 2,5% del total de los recursos comprometidos que llegan a los $600.000 millones.

El nuevo Contralor deberá recuperar además el principio de colaboración armónica con la Fiscalía. La relación entre las dos instituciones ha quedado maltrecha a raíz de las diferencias personales entre sus cabezas en torno al descalabro de Saludcoop.

En infraestructura, deberá vigilar la correcta ejecución de los $47 billones comprometidos para la puesta en marcha de la cuarta generación de concesiones viales y los US$2.500 millones del metro de Bogotá.

En fin, las tareas que le esperan al sucesor de Morelli serán definitivas para el futuro fiscal del país. De su buena gestión dependerá que los actos de corrupción entren en una verdadera etapa de decrescendo.
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