| 3/31/2015 10:30:00 AM

¿Locomotora varada?

Crece la preocupación entre empresarios del agro por la indefinición en el tema de tierras. Falta de claridad frena los proyectos de inversión y la generación de empleo. ¿Perderá el agro su cuarto de hora?

En una verdadera ‘papa caliente’ se han convertido los proyectos legislativos para regularizar el tema de la propiedad de la tierra en Colombia. El más reciente no ha sido la excepción: el pasado miércoles 25 de marzo el Gobierno decidió retirar el proyecto de Ley 133, radicado en octubre de 2014 en la Comisión V de la Cámara, que creaba las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social, Zidres.

La decisión cayó como un balde de agua fría entre empresarios, propietarios campesinos y gremios del sector agropecuario, quienes rechazaron la decisión porque tenían esperanza de acabar con la incertidumbre jurídica alrededor del tema de tierras, que afecta a miles de propietarios y tenedores y podría ser la salvación de la economía colombiana, en momentos en que sectores como la minería y el petróleo están en crisis.

¿Qué frenó la discusión de un tema estratégico para el sector agropecuario? Múltiples rumores y conjeturas se tejen alrededor de la decisión del Gobierno de retirar el proyecto de Zidres. Algunas versiones apuntan a que habría ‘descontento en La Habana’ con la iniciativa, porque al parecer, voceros de las Farc creen que la iniciativa protege intereses de los terratenientes por encima de los de pequeños productores.

También hay quienes indican que serían vicios de forma en el proceso de discusión que se seguía en la Comisión Quinta –varios de los Representantes no habían declarado sus impedimentos o conflictos de interés– los que habrían llevado al Ejecutivo a retirar el proyecto y a prometer que en unas semanas volvería a presentarlo.

Lo cierto es que mientras se aplaza la discusión de una ley de tierras, miles de familias siguen en vilo, mientras que al menos 600.000 propietarios y decenas de empresarios mantienen ‘en el congelador’ inversiones superiores a los US$200 millones, a la espera de que haya claridad jurídica. Por eso, expertos como Clara Leticia Serrano, directora de Asorinoquia, creen que es hora de modificar la legislación para que se ajuste a la realidad del Llano y a la necesidad del país de aumentar su productividad, reducir sus importaciones y garantizar la seguridad alimentaria.

Tres temas contemplados en la Ley 160 de 1994 generan la incertidumbre jurídica. El primer reparo tiene que ver con la restricción para que cualquier persona pueda adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) –cerca de 1.000 hectáreas–. El tema preocupa porque, en el caso de un propietario que tenga varios hijos, estos no la pueden heredar pues así como nadie puede tener más de una UAF, tampoco pueden tener menos de una.

El segundo tiene que ver con el tema de la acumulación de tierras –que afecta a unos 17.000 propietarios– y plantea un problema serio en la altillanura, donde se requieren millonarias inversiones debido a la baja calidad de los suelos, y la forma de recuperarla es produciendo a gran escala. Pero la restricción del tamaño de la UAF impide que los inversionistas mejoren su productividad pues al adquirir más de una unidad están violando la ley.

Pero quizás el tema que más estrés genera tiene que ver con una interpretación que ha venido haciendo carrera hace unos tres años en sectores políticos y entre organizaciones no gubernamentales: la aplicación de las restricciones contempladas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 para la compra y venta de todos los terrenos que en su origen fueron baldíos y que fueron adjudicados por la nación.

Un fallo del Consejo de Estado formulado hace tres años abrió la puerta a esta interpretación y hay quienes sostienen que incluso los terrenos baldíos negociados antes de 1994 tendrían las mismas restricciones en su enajenación y la acumulación, y hay quienes creen incluso que deberían ser aplicadas a partir de 1968, cuando se expidió otra ley de tierras.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, asegura que esta interpretación no es viable “porque ahí entraría todo el país”; es decir, por lo menos 15 millones de propietarios. En su opinión, la ley solo aplicaría los baldíos adjudicados por la Nación a partir de 1994 –cuando se expidió la ley–, es decir que afectaría a 30% del total de terrenos baldíos que se han entregado en el país.

Sin embargo, reconoce que el tema tendrá total claridad en el momento en que el Consejo de Estado responda una consulta que le fue elevada hace más de dos años para aclarar a partir de qué fecha rigen las restricciones en los negocios con baldíos.

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, estas interpretaciones están generando inseguridad jurídica y representan un caso inédito en el mundo, pues se pretende dar un efecto retroactivo a una ley.

Esta necesidad de aclarar las condiciones de los negocios con terrenos baldíos y de ajustarse a las nuevas realidades en materia de productividad y competitividad motivaron a empresarios y gremios a acompañar al Gobierno en la discusión de una nueva ley de tierras que elimine la incertidumbre y reactive la inversión.

Pero no todos creen que el tema de tierras genere inseguridad. El exministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, asegura que “no es un problema de inseguridad, sino que hay unas normas en la ley que pudieron ser violadas. Lo que está en discusión es si hay personas que cumplieron o no. Desafortunadamente hubo mucha flexibilidad en el manejo de las normas y malas asesorías legales”.

Ahora que el Gobierno acaba de retirar el proyecto de Ley 133, hay quienes temen que el tema vuelva al congelador pues se aproximan las elecciones regionales. “Se está perdiendo una oportunidad de oro de desarrollar una región que puede garantizar la seguridad alimentaria del país, que es la mayor ventaja competitiva que puede tener una nación”, dice Serrano.

Por su parte, el presidente de la SAC pidió al gobierno ratificar su voluntad política para dar claridad jurídica a la propiedad de la tierra.

La nueva realidad fiscal generada por la caída en los precios del petróleo obliga a que el país busque nuevas locomotoras que impulsen el desarrollo, empleo e inversión. Y la diferencia en el crecimiento del país podría estar en frenar el agro o permitir que acelere su curso.

***

Un largo camino


No es la primera vez que se hunde
una ley de tierras durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En su primer gobierno, el Plan de Desarrollo incluyó algunos artículos que buscaban subsanar los vacíos sobre asignación de baldíos, Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y proyectos a gran escala para mejorar la productividad y competitividad del agro. Tras un duro debate con partidos de izquierda que consideraban inconvenientes estos artículos, la Corte Constitucional los tumbó.

En junio de 2013, apenas siete meses después de que el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, hubiera radicado el proyecto de Ley 164 de 2012, corrió con la misma suerte. En noviembre de ese mismo año, su sucesor, Rubén Darío Lizarralde, presentó una iniciativa conocida como ‘Ley de baldíos’, que fue retirada una semana después en medio de un escándalo que incluyó acusaciones de presuntos ‘favorecimientos’ a los grandes propietarios.

Algunos congresistas como el representante del Centro Democrático Fernando Sierra Ramos celebraron y cobraron el hundimiento del proyecto. En un comunicado de prensa, Sierra Ramos declaró que “logramos que se retirara el proyecto Zidres, que afectaba no solo baldíos sino también la propiedad privada”.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?