| 2/5/2014 8:00:00 PM

Como el cangrejo

El precio de la gasolina ya le ha abierto al país un hueco de $3 billones y el Gobierno se endeudará para cubrir ese déficit. En política de combustibles, el país va para atrás: el subsidio está vivito y coleando.

Sin ninguna discusión política, y casi por la puerta de atrás, el país revivió los subsidios a los combustibles, uno de los más polémicos y caros temas que haya existido en Colombia y que le llegaron a costar al bolsillo de los colombianos más de $6 billones al año.

Luego de la decisión de la Corte Constitucional –que prácticamente tumbó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc)–, y la “imposibilidad política” de aumentar los precios de acuerdo con la tendencia internacional, el Gobierno quedó contra las cuerdas.

El hueco que se le ha abierto a las finanzas públicas va por los $3,2 billones, según la más reciente actualización del Plan Financiero de 2014 que emitió el Ministerio de Hacienda a finales del año pasado. El asunto es que ese taxímetro sigue corriendo y lo que el país está presenciando es preocupante.

La más reciente decisión de congelar el precio del diésel durante febrero representa prácticamente un subsidio $800 por galón. El tema le va a costar al país $110.000 millones solo en los próximos 28 días. Si se mantiene esa tasa de subsidio, al año, solo el rubro asociado al Acpm le costaría a todos los colombianos $1,3 billones.

Así que, subir el precio de la gasolina no es una discusión filosófica sino de pura y dura política fiscal. El país tiene que entender que, mientras no se ate el precio de la gasolina y los otros combustibles a las cotizaciones de los mercados internacionales, el déficit público derivado de esto seguirá aumentando: las refinerías le van a pasar la factura mes tras mes al Ministerio de Hacienda y la plata va a salir del bolsillo de los colombianos.

El tema es tan sensible que desde el Ministerio de Hacienda fue informado, al presentar la revisión del plan financiero, que el gobierno nacional emitirá deuda por $4,7 billones; para, entre otros rubros, cubrir el déficit del Fepc (esa emisión también servirá para enjugar las pérdidas del Banco de la República que se estiman en algo más de $1 billón).

En pocas palabras, sin el Fepc funcionando y con la necesidad de cubrir el déficit originado por la política de precios a los combustibles, oficialmente en Colombia renació el subsidio al consumo de combustibles. Esa política había sido superada durante el gobierno Uribe, quien creó el Fepc, con la idea de acumular recursos durante los años de bajos precios y gastarlo en las subidas del petróleo para mantener estable la cotización de la gasolina a los usuarios.

¿Cómo llegamos a esto? La Corte, a finales del año pasado, consideró inconstitucional la forma como el Fepc operaba. Ahora la discusión pasó del terreno técnico al político, porque estamos en un año electoral: en Colombia nadie gana votos diciendo que el precio de la gasolina tiene que subir.

En un contexto de cotizaciones del petróleo por encima de los US$100, lo único que ha hecho el país desde 2010 es mantener los precios de los combustibles artificialmente por debajo de su nivel internacional. Y eso vale plata; mucha plata. Como ya se dijo, el hueco va en $3,2 billones y algunos consideran que pronto superará los $4 billones.

En esta nueva situación, el Gobierno tiene solo tres opciones: uno, revive y deja de manera permanente el subsidio; dos, diseña con el Congreso un mecanismo de estabilización más sólido, que supere el examen constitucional o, tres, deja que los precios fluctúen libremente con los internacionales, como ocurre en Estados Unidos.

El tema genera mucha sensibilidad, pues al parecer nuestros vecinos –como Venezuela y Ecuador–, se pueden dar el lujo de vender gasolina barata. Pero eso es posible no porque sean eficientes y produzcan combustibles con bajos costos, sino porque del presupuesto nacional de esos países salen toneladas de recursos para cubrir ese rubro.

En Venezuela, el erario entrega cada año US$25.000 millones (unos $50 billones), para que la gasolina le salga barata al consumidor. En Ecuador es posible vender gasolina a US$2 el galón, porque del presupuesto nacional salen cerca de US$3.500 millones, casi la tercera parte de los ingresos corrientes de esa nación.

En Colombia, los pescadores están sacando ganancias en este río revuelto. Algunos congresistas quieren hacer populismo legislativo proponiendo que el país venda gasolina más barata por decreto. En ese frente, la única opción real es modificar la carga tributaria asociada a los combustibles; pero los municipios no quieren escuchar el tema porque los dineros que recaudan por la vía de la sobretasa a la gasolina, por ejemplo, son fundamentales para los presupuestos locales. En cualquier caso, bajar algún impuesto para impactar el precio de los combustibles es una transferencia automática de recursos públicos al bolsillo de los propietarios de los vehículos.

De otra parte están los transportadores, que por ahora son los únicos que han salido ganando: ya lograron ahorrarse por lo menos $110.000 millones a costa del bolsillo del resto de los colombianos, pues en febrero el combustible para ellos no aumentó. Ese es un punto central en esta discusión: si gracias a la amenaza de paralizar las carreteras nacionales un gremio logra algo tan importante como definir la destinación del Presupuesto General de la Nación, algo no está funcionando.

La política de combustibles es, por sus implicaciones fiscales, un asunto central de la discusión pública; no un asunto de discusión sectorial. El desmonte de los subsidios tenía una racionalidad presupuestal: el país no puede gastarse $6 billones ni $3 billones en ahorrarle costos a un sector minoritario de la población.

Esos mismos recursos deberían ir, por ejemplo, a financiar el ambicioso plan de carreteras que quiere sacar adelante este gobierno y que le valdrá más de $40 billones; unas mejores carreteras le podrían ahorrar a los camioneros mucho más que el subsidio directo.

El Gobierno está desarrollando mesas de trabajo con los transportadores para discutir la nueva fórmula y el contenido de un probable proyecto de ley sobre el esquema de precios de los combustibles. El tema es clave, pero abordarlo en pleno proceso electoral puede terminar en un remedio peor que la enfermedad. Sin embargo, aplazar la solución puede salir muy costoso en términos fiscales. La disyuntiva no es muy atractiva y la pelota está en el campo del Gobierno, que quiere reelegirse, y del Congreso, que tendrá sus votaciones en marzo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?