| 5/29/2014 11:45:00 AM

Sin norte

Una ampliación del fallo del Consejo de Estado y unos decretos que el Distrito estaría alistando para conjurar la crisis generada por la caída del POT tienen al sector constructor de Bogotá al borde de una crisis de nervios.

La construcción de vivienda, uno de los pilares del PIB bogotano, está en una encrucijada. Un dato suministrado por el Ministerio de Vivienda sobre la situación en la capital es más que elocuente: mientras en 2009 se construyeron un total de 5.779 viviendas de interés prioritario (VIP), el año pasado apenas si llegaron a 60, lo que representa un desplome de casi 99% en este indicador. En vivienda de interés social (VIS), otro de los pilares del sector constructor, la situación no es muy distinta: en 2009 se registraron 12.058 unidades y el año pasado apenas se hicieron 6.368.

De hecho, una de las mayores controversias entre el Distrito y el Gobierno tiene que ver con el desarrollo de las viviendas de interés social y prioritario. Mientras para la administración de Bogotá los proyectos deben ubicarse en lo que se ha denominado el Centro Ampliado, según el Distrito, a juicio del Gobierno este tipo de viviendas se debe desarrollar en Soacha, Mosquera y otros municipios de Cundinamarca.

En medio de esa polémica, las empresas de construcción han tenido que buscar nuevos horizontes y con más razón ahora que se está a la espera de la ampliación del fallo del Consejo de Estado que dejó sin piso el más reciente Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Tal y como lo contó en su momento esta revista, los empresarios ubicados en Bogotá están viendo mejores oportunidades en los municipios vecinos en donde los POT, aunque no están actualizados, permiten la construcción de viviendas en condiciones aceptables. El fenómeno de la construcción en Cundinamarca está en ascenso pues se pasó de 7.300 ventas de inmuebles en 2008 a más de 35.000 en 2013.

La raíz de este gran problema tiene nombre y apellido: inseguridad jurídica. Varios empresarios consultados por este medio indicaron que no tienen certeza en cuanto a qué tipo de reglas de juego acoger y qué tipo de políticas rigen en Bogotá.

Al respecto, el presidente de la Lonja de Bogotá, Jorge Enrique Gómez, explica que algunos curadores de la ciudad están demorando más de lo previsto la aprobación de nuevas licencias de construcción debido a que no saben con certeza qué POT utilizar, si el expedido con anterioridad a la administración de Petro, o el que el Consejo de Estado echó para atrás, pero que podría revivir próximamente con una nueva sentencia.

La misma Lonja advierte que funcionarios del Distrito han anunciado que la Administración Petro prepara algunos decretos con los que se busca modificar las cargas, beneficios y porcentajes para vivienda de interés prioritario. Medidas que algunos analistas consideran no ser suficientes ante la gravedad del estancamiento.

El impacto

Basta con revisar un poco más lo que significa el sector de la construcción en el tejido empresarial de la ciudad y el país. En la actualidad, apenas 16% del PIB que genera la construcción lo aporta Bogotá; antes de 2012 representaba 25% en promedio. En otras palabras, mientras las cifras nacionales varían a dos dígitos, Bogotá presenta caídas sistemáticas desde el tercer trimestre de 2012.

Pero mientras los constructores se quedan con los brazos cruzados, los bogotanos con capacidad de pago se quejan todos los días por los precios altos del metro cuadrado y la falta de proyectos. Cifras del Ministerio de Vivienda indican que al menos 62.000 hogares no propietarios no residentes en Bogotá tienen capacidad de pago para acceder a una vivienda de interés social.

El tamaño o potencial de la economía bogotana habría permitido la construcción de no menos de 130.000 unidades nuevas en 2013. Eso habría irrigado decenas de actividades vinculadas con este sector y permitido la contratación de unos 29.000 trabajadores.

Los organismos de control de la ciudad tienen muy claro que gran parte de esta responsabilidad recae sobre la administración del alcalde Petro.

En un foro organizado por Camacol, Adriana Córdoba, veedora distrital, aseguró que la decisión del Consejo de Estado no es la que genera la incertidumbre que hoy reina en la capital, ya que el proceso en sí de cómo se decretó la norma es lo que tiene al sector y a la ciudadanía enfrentados a la diferencia de interpretaciones. “Desde que el Distrito decretó la medida a la que el Concejo de Bogotá había dado concepto negativo, debió asumir la responsabilidad de las implicaciones que esto traería”, dijo hace unos días la Veedora Distrital.

En el mismo foro de Camacol, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, trató de calmar los ánimos y aseguró que el POT vigente no le sirve a la ciudad y que, por el contrario, el expedido por el alcalde Petro (sin el respaldo del Concejo de Bogotá) estaba dando “buenos resultados”.

Para la administración distrital la tendencia se está revirtiendo. Según cálculos de la Secretaría de Hábitat, durante el primer trimestre del año Bogotá licenció 13.426 viviendas que, comparadas con el mismo periodo de 2013 (10.498 unidades), representaron un crecimiento de 28%. En VIS pasó de 2.830 licencias a 4.470 en el mismo periodo.

En el país el alza de las VIS fue de 2%, al pasar de 23.180 a 23.644 unidades. Para la Secretaría de Hábitat esto fue gracias a la contribución de Cartagena con 8 puntos porcentuales, seguido de Bogotá y Soacha, con 7 puntos cada una.

Para la Alcaldía, en materia de empleo, según cifras del Dane, durante el primer trimestre de 2014 la construcción fue uno de los tres sectores que más puestos generó en la ciudad, al registrar un crecimiento de 15%, comparado con el mismo periodo de 2013, es decir a 30.000 empleos, que incluyen obras civiles y edificaciones.

Sin embargo, otras cifras muestran la tendencia en materia de construcción en el país. Cifras reveladas por el Dane sobre despachos de cemento gris en los tres primeros meses de 2014, describen desde otro punto de vista esta situación.

La participación de Bogotá en el consolidado nacional pasó de 13,5% a 12,8% en un comparativo interanual, una situación en donde Antioquia amplió la delantera como región consumidora de este insumo al pasar de 13,9% a 14,4% del total del cemento gris despachado. Con un agravante adicional y es que el Dane sumó en el indicador de Bogotá los despachos que se hacen a cuatro municipios de Cundinamarca: Chía, Funza, Mosquera y Soacha.

Este panorama complejo en la ciudad también se confirma con el dato correspondiente al periodo abril 2013 marzo 2014, cuando Bogotá estuvo entre las pocas regiones del país donde los despachos cayeron. Queda claro que sin la ayuda estadística de esos municipios satélites de la Sabana, las cifras de Bogotá serían aún más preocupantes.

Es necesario tomar un nuevo norte en la ciudad que permita reactivar este importante sector, de lo contrario el nivel de postración de la construcción será equivalente a una crisis económica pero con los precios de las viviendas por las nubes.
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