| 8/26/2015 5:00:00 AM

¿La política antidroga tiene que replantearse en el posconflicto colombiano?

Colombia se aproxima a la paz luego de más de 50 años de conflicto armado y uno de los principales retos que asumirá el Gobierno será el diseño de una política antidrogas que se ajuste a la nueva realidad social y económica de un país que ha sufrido la crudeza del narcotráfico por décadas.

La investigadora de la Universidad Nacional, Diana Rojas, comparó el negocio de las drogas con “una serpiente de siete cabezas”, ya que cada vez que se “logra reducir el número de cultivos ilícitos o desarticular un cartel, surgen otros dispuestos a reemplazarlos”.

“El posconflicto va a ser una oportunidad para que Colombia pueda plantear alternativas (en la lucha contra el narcotráfico) menos costosas y lesivas para sus propios intereses”, señaló la experta.

Y agregó que los costos de la guerra contra la droga son “imponderables” e incluso podrían superar a los beneficios si se suma la afectación en el medio ambiente, la salud de las personas y la calidad de vida de las comunidades. 

El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que la producción de cocaína en Colombia aumentó de las 290 toneladas métricas (tm) en 2013, a 442 el año pasado.

“La cifra de cultivos de coca también sufrió un importante incremento al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 en 2014”, sostiene la UNODC.

El estudio, publicado en julio pasado, señala que los departamentos con mayor participación en el porcentaje de cultivos ilícitos de ese tipo son Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, así como la región del Catatumbo, en Norte de Santander (73%).

Una de las principales causas que impulsa este fenómeno en la actualidad, según la UNODC, es el aumento en los precios de la hoja de coca, que en departamentos como el Guaviare fue del 42%. 

A esta situación se suma la reducción del riesgo por “aspersión y erradicación manual, es decir menos costos de producción y mejores precios de venta para el productor final”, señala el informe.

“Es muy difícil atacar la producción de cocaína si Estados Unidos no tiene una política clara con respecto a la demanda”, complementó Rojas, quien considera que “la droga es la gran batalla perdida” de esa potencia económica mundial.

“El fenómeno del narcotráfico no ha sido erradicado. Esa tarea no pueda hacerla un solo país, se trata de un asunto transnacional que requeriría de unas reglas de juego que todos acataran para combatirlo”, argumentó. 

Sobre este punto también se refirió el expresidente de Colombia, Cesar Gaviria, en el prólogo del libro “Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos”, escrito por los académicos de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria y Daniel Mejía.

"Lo que requieren Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos no es legalizar las drogas, sino partir de la definición del consumo como un problema del sistema de salud y no como un delito", manifestó el exmandatario en el texto publicado en el 2011. 

¿Qué tan efectiva ha sido la lucha contra la droga en Colombia?

El país asumió el reto de combatir el flagelo del narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos en el “Plan Colombia”, una estrategia bilateral que ha tenido repercusiones de doble vía y para el cual se invirtieron US$9.404 millones entre 2001 y 2010.

Así lo revela una investigación de Diana Rojas titulada “La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)”, en la que expone el daño colateral que ha tenido ese plan de seguridad en la economía.

Rojas, cita a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), para afirmar que las ganancias en materia de seguridad se quedan cortas frente a “los grandes costos en vidas y recursos”.

“Los escándalos muestran que el Gobierno, en su afán por adelantar esas políticas de seguridad, ha lesionado los derechos humanos y las instituciones democráticas”, sentencia la recomendación de WOLA.

La autora propone diseñar una política antidroga para el posconflicto que contemple el control territorial por parte de las autoridades, el fortalecimiento institucional y el fomento a las actividades productivas legales.

Otro de los elementos que se debería tener en cuenta para el desarrollo de esta estrategia es “la legalización de algunas de las drogas”, explicó la investigadora de la Universidad Nacional, al hablar acerca de los costos políticos y económicos del “prohibicionismo”.

Es preciso recordar que uno de los puntos más importantes de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, es el tema de las drogas ilícitas.

El grupo guerrillero se comprometió en La Habana (Cuba) a “contribuir de manera efectiva” a la solución definitiva de ese problema, y a “poner fin a cualquier relación con este fenómeno”.

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