| 11/27/2014 9:00:00 AM

La guerra del minuto

La definición de los precios de acceso a las redes ha despertado una nueva polémica en el mercado de celulares. La discusión ya está en Presidencia.

Colombia sigue teniendo uno de los mercados de telecomunicaciones más concentrados de la región.

El Índice de concentración de mercados de telecomunicaciones (HHI), para el segundo trimestre de este año se ubicaba en cerca de 4.000 puntos, en una escala de 0 a 10.000, cuando el indicador debería estar por debajo de 3.000.

En los últimos años el Gobierno ha hecho esfuerzos por controlar la posición de dominio de Claro en voz móvil –que llegó a tener 65% del mercado de usuarios y cerca de 80% del tráfico– y romper lo que se ha denominado el efecto club: que el tráfico se haga en su mayoría dentro de su propia red (on net).

Abrir bandas, consolidar la portabilidad numérica e implementar los cargos asimétricos en los que los operadores le pagan a Claro una cifra menor a la que el dominante les cancela a ellos por minuto, son algunas de las medidas adoptadas.

Precisamente el valor de los cargos asimétricos es la medida que hoy está en análisis y discusión. Inicialmente la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) encontró que el costo eficiente de los cargos era de $42,49 por minuto en la terminación de llamadas de un operador a otro. Lo que hizo desde 2012 fue fijar una senda descendente para las tarifas: de $84, a $70 y a $56, para los pagos de Claro a sus competidores y de $42,49, de los demás operadores a Claro. En 2015, la tarifa única será de $42,49.

Sin embargo, a mediados de este año la CRC consideró que la medida no era suficiente y encontró que el costo eficiente es de $9,79 por minuto, y no de $42,49. El regulador se abstuvo de bajar drásticamente el valor para no generar un impacto tan fuerte en las finanzas de los operadores y, en su lugar, diseñó una senda cuyo valor final, en 2018, es el eficiente, pasando por $31 y $20 en los años siguientes, hasta llegar a $9,79.

La CRC inició la discusión en agosto con un primer borrador y lo ajustó hace un par de semanas incorporando cambios que incluyen, además, un tema crítico: ajustes en materia de roaming para que los jugadores entrantes puedan usar las redes de los establecidos; Claro, Movistar y Tigo.

Esto ha despertado una nueva polémica al interior del sector donde hay diferentes grupos de interés: los establecidos como Movistar y Tigo, que quieren más tiempo con la medida de cobros asimétricos para emparejar el mercado; Claro, el dominante, espera que la medida termine como estaba previsto inicialmente y no se extienda en el tiempo; y los entrantes que los cargos asimétricos solo se apliquen para ellos y que el valor del roaming –la posibilidad de usar las redes de otros donde no tienen presencia– sea a costo y mucho menor, circunstancia que no se refleja en los borradores preparados y que, a jugadores como Avantel, le podrían representar costos superiores a los US$150 millones al año (ver recuadro).

Pero no solo está en juego una discusión jurídica. También pesan en ella las observaciones que han hecho organismos internacionales –como la Ocde, el club al que Colombia quiere acceder– y hasta la USTR –entidad de comercio de los Estados Unidos–. Estos piden mayor competencia en el sector, transparencia en las reglas del juego, más independencia de los reguladores y que el Gobierno no siga con la doble figura de empresario –tiene 30% de participación en MoviStar– y quien fija la política y regulación.

Además, muchos consideran que esto será apenas la cuota inicial de la discusión que estaría por llegar en torno a eventuales medidas sobre el mercado de datos –internet móvil– que es el que más crece en el sector y donde están puestas todas las expectativas en el futuro cercano, con el desarrollo de 4G.

La decisión se debe tomar antes de finalizar este año y promete en las próximas semanas duras jornadas de análisis al interior del Gobierno, en un tema que, como le comentó una fuente a Dinero, ya escaló hasta la Presidencia de la República.

El debate

Aunque Colombia mantiene altos niveles de concentración, los resultados de las medidas adoptadas en los últimos años han permitido reducir el indicador, gracias en gran parte a que jugadores como Movistar o Tigo pueden replicar las ofertas del dominante.

De hecho, del primer trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2014 el índice HHI pasó de 5.000 a 3.925 y Claro, que tenía 66,3% de usuarios, está en 55,8%. MoviStar pasó de 22,4% a 23,5% y Tigo de 11,4% a 15,9%, en ese periodo.

Para Movistar y Tigo la medida ha sido beneficiosa. Según cálculos de las compañías, desde su aplicación -hace dos años- disminuyó la participación de mercado del dominante en 4 puntos porcentuales en términos de usuarios y 8 puntos porcentuales en términos de tráfico. El tráfico off net de Movistar creció 32% y el de Tigo 26%, mientras el de Claro solo aumentó 20%. Además, se ha generado un incremento en competitividad, al producirse un crecimiento de 11% en la base de abonados nacional y se han reducido las tarifas al usuario, pues obtienen más minutos a menor costo y se ha iniciado la re-interconexión comercial de las redes, dice un informe conocido por Dinero.

“La evolución de los HHI entre el tercer trimestre de 2007 y el último trimestre de 2012 demuestra que las fuerzas del mercado por sí solas no son capaces de desconcentrar el mercado. La intervención regulatoria es imperativa en Colombia”, señala el informe y agrega que la medida debe tener vigencia al menos por cuatro años más, debido a que la participación de tráfico on-net de Claro viene disminuyendo desde la última intervención, “pero el ritmo aún es lento y subsiste una brecha importante con respecto a su cuota de mercado”.

La medida le representa a Movistar ingresos adicionales por cerca de $160.000 millones y a Tigo de $100.000 millones, en detrimento de Claro. Sin embargo, por disposición regulatoria, estas cifras deben trasladarse a los usuarios,vía tarifas o nuevas inversiones para estratos 1, 2 y 3.

Al ser consultada por esta Revista, la empresa Claro señaló que está estudiando el nuevo proyecto de resolución y prefirió no opinar aún sobre el tema. Sin embargo, es obvio que para esta empresa el interés reside en que los cargos terminen en los tiempos inicialmente estipulados, es decir, en 2015. Como lo señalan algunas fuentes cercanas a la compañía, es un tema que ha advertido hasta la Ocde, organismo que considera que la medida debe ser para jugadores entrantes, con una limitación en el tiempo, y no para los establecidos, pues produce ineficiencias. “Es un subsidio de un jugador a sus competidores”, dice la fuente.

La Ocde recomendó en reciente informe que el elemento más importante de las tarifas de terminación es que deben tender a cero, medida que ha de convertirse en una prioridad. Agrega que “no obstante, resulta difícil justificar tarifas de terminación asimétricas de operadores que llevan en el mercado muchos años como Movistar o Tigo, ya que promueven ineficiencias. La recomendación de la Comisión Europea (Comisión Europea 2009) solo defiende los cargos de terminación asimétricos cuando los utilizan los entrantes y por un número limitado de años, hasta que alcancen una masa crítica de participación de mercado de 15% a 20%”.

Movistar y Tigo defienden la implementación y aseguran que desde la intervención regulatoria se han registrado importantes reducciones en los porcentajes de concentración de tráfico al interior de la red y que la literatura especializada no ha logrado un consenso sobre los efectos de los cargos asimétricos, pero este debate no puede reemplazar los buenos resultados alcanzados. Y ponen como ejemplo a Europa, donde de 2000 a 2013 cerca de 70% de sus países tuvieron este régimen y ninguno de ellos por menos de cinco años.

La discusión ha llevado a revivir un tema polémico en el sector: la participación de 30% que tiene el Gobierno en Movistar. Aunque el Gobierno ha explicado en distintas oportunidades que en la Junta de Telefónica está el Ministro de Hacienda y no el de Telecomunicaciones, algunos consideran que podría estar en juego la neutralidad regulatoria.

¿Por qué? El Gobierno, a través del regulador, interpone un cargo de acceso diferencial y genera un beneficio para múltiples competidores, entre ellos Telefónica. Esa advertencia la ha hecho la Ocde que incluso recomendó en su momento eliminar el cargo de acceso asimétrico.

Todo indica que es mayor el daño que le puede hacer esta participación a la empresa y a la competencia en el mercado, que los beneficios que trae. De hecho, al interior del Gobierno, y especialmente desde el sector de Telecomunicaciones, se ha venido planteando la posibilidad de vender esas acciones y no generarles más ruido a las decisiones. Dinero conoció que al interior de la CRC se ha ventilado el tema y se ha considerado oficiarle al Ministerio de Hacienda la posibilidad de vender dicha participación.

Problema con los datos

Toda esta discusión se lleva en el mercado de voz móvil. Sin embargo, ya hay señales de alerta en el de datos, para evitar que se repita el fenómeno de concentración que tiene el de voz.

Según la CRC, el mercado de internet móvil a finales del año pasado bordeó los $700.000 millones, cuando a finales de 2010 apenas vendía $30.000 millones. En el segundo trimestre, el pospago superó los cinco millones de usuarios, con ingresos cercanos a los $500.000 millones. Claro tiene 41% del mercado, MoviStar 37% y Tigo 17%. En prepago, los ingresos llegaron en 2013 a $180.000 millones, con cerca de 14 millones de usuarios. Sin embargo, allí la concentración del mercado es muy alta: Claro tiene 78% frente a 15% de Movistar.

“Así era el mercado de voz en 2007, y hoy el índice de concentración en internet móvil prepago está por encima de 6.000 puntos en IHH. La posición de dominio del mercado de voz podría contagiar el mercado de datos. La CRC no solo debe tomar una decisión en el mercado de voz sino también en el de datos. Es muy posible que en 2017 solo estemos hablando de mercado de datos y la voz apenas será un servicio más, en especial cuando están por desarrollarse los mercados de cuarta generación (4G)”, dice un analista.

Las decisiones que debe tomar el Gobierno son trascendentales. En sus manos está garantizar unas reglas del juego claras y estables para todos, y no afectar a los usuarios en un mercado que requiere mejores ofertas de servicios con mayor calidad.

**
¿Y el roaming?


Cuando el Gobierno realizó la subasta de espectro de 4G expidió un paquete de normas que incluyó la declaración del Roaming Automático Nacional como una instalación esencial; o sea, aquella no replicable en lo técnico o en lo económico, y, por ende, con regulación a costos eficientes, atada al menor valor que en su momento fijara la CRC para la terminación de llamadas. El roaming permite que los usuarios de un operador puedan utilizar la red de otro cuando se encuentren fuera de cobertura de uno o más servicios.

Sin embargo, el borrador publicado da un giro. Somete una instalación esencial a rebajas paulatinas en el precio para acceder a ella, y no al costo eficiente, ni al menor valor. Para jugadores como Avantel esta situación es muy compleja pues los deja en una difícil situación de competencia. La razón es que sus costos casi que se triplican y, solo en el su caso, pueden llegar al año a US$150 millones. Para la compañía, la regulación de las instalaciones esenciales debe hacerse a costos eficientes y los valores que está fijando la CRC distan de serlo. En efecto, el regulador reconoce que el valor es $9,79, pero artificialmente lo fija en $42,49 para el año 2015.

“Como el espectro de 4G es para datos, no será fácil que los operadores puedan ofrecer rápidamente voz en sus redes y seguirán dependiendo de otros para este servicio, al precio que el regulador defina. Además, mantener artificialmente alto el costo de infraestructuras construidas hace más de 20 años (Claro y Movistar) y 10 años (Tigo), hace que los mismos no tengan incentivos para bajar las tarifas y dificulta la entrada de nuevos operadores”, dice un analista.

Para algunos entrantes es una pésima señal porque el borrador refleja un cambio en las reglas de juego que motivaron, por ejemplo, la entrada de Avantel al mercado. Esta situación se da en momentos en que el Gobierno alista una nueva subasta de espectro, con miras a atraer nueva inversión nacional y extranjera. El gobierno de Estados Unidos, a través de USTR, ya ha hecho llamados de atención para que estas decisiones no afecten el acuerdo de libre comercio ni las inversiones de empresas de capital norteamericano como Avantel y DirecTV.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?