| 9/5/2013 6:00:00 AM

El susto de Petro

Antes de un mes el Consejo de Estado deberá fallar una demanda por pérdida de investidura en contra del Alcalde de Bogotá. El tribunal está dividido, pero podría imponerse la corriente que defiende su muerte política.

Atrincherado en los argumentos jurídicos que esboza su equipo de abogados, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, atraviesa quizás por el momento más complejo de esa guerra legal que hoy tiene su permanencia en el Palacio Liévano suspendida de un delgado hilo. Básicamente porque los cinco flancos de batalla contra los que se enfrenta –Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, proceso revocatorio y Consejo de Estado– han llevado sus respectivos procesos e investigaciones a un punto tan avanzado que incluso en los círculos más allegados a la Alcaldía advierten que la eventual destitución, inhabilidad o muerte política del burgomaestre podría estar a la vuelta de la esquina. 

Y, aunque paradójico, el primero en tener absoluta conciencia de la situación es el mismo Alcalde. Pero a diferencia de lo que muchos creen, su preocupación no radica ni en la decisión que pueda tomar la Procuraduría en el sentido de destituirlo y mucho menos en la iniciativa del representante Miguel Gómez Martínez de revocar su mandato: la responsable de quitarle el sueño es la demanda por pérdida de investidura que estudia el Consejo de Estado.

En fuentes del alto tribunal, Dinero pudo establecer que sus magistrados están próximos a fallar el caso. Y tal como están las fuerzas, la sentencia sería adversa al mandatario local. Una decisión que no solo implicaría decretar su muerte política de inmediato sino que desataría una controversia nacional enmarcada dentro de un solo interrogante: ¿qué tanto afectaría el polémico fallo las negociaciones de paz en La Habana?

Se trata de una pregunta con varias aristas que, no obstante, antes de resolver vale la pena entender qué es exactamente lo que está ad portas de definir el Consejo de Estado y cómo se están moviendo sus magistrados para zanjar el debate. 

Pues bien, el origen de todo se remonta al 7 de octubre de 2011 cuando el concejal Orlando Parada (Partido de la U), interpuso una acción de pérdida de investidura en contra de Gustavo Petro ante el Consejo de Estado. Su motivación –leída por muchos como una muestra radical del más puro santanderismo– se basó en el hecho de que el hoy Alcalde fue condenado antes de ser nombrado en cargos de elección popular.

La ley, tal y como argumenta el cabildante en su demanda, es clara al enunciar que “ningún ciudadano podrá ser elegido mediante mecanismos democráticos si, previo a su designación, ha recibido condena alguna”. Así las cosas, para una corriente es claro que al ser sorprendido en flagrancia con un fusil –cuando era concejal de Zipaquirá en 1985– Petro incurrió en el delito de porte ilegal de armas. Argumento que condujo entonces a la Justicia Penal Militar, en cabeza del general Jesús Armando Arias Cabrales, a condenarlo a purgar una pena de 18 meses de prisión.

Quienes defienden al burgomaestre, por su parte, están convencidos de que no se trató de un delito sino de una contravención. Creen además que lo proferido por los militares no puede reconocerse como un fallo de un organismo de justicia y más aún si se tiene en cuenta que en 1991 el ordenamiento jurídico del país cambió y abolió la facultad judicial de los tribunales castrenses. 

Aquel hecho histórico y sus implicaciones jurídicas es precisamente lo que tiene entre manos el Consejo de Estado. Del fallo en derecho de sus magistrados dependerá si el Alcalde sigue conduciendo las riendas del gobierno distrital o por el contrario sale de él. ¿Hacia qué lado se está inclinando la balanza en el alto tribunal?

Fuerzas divididas 

Por estos días, el ambiente que se respira dentro del Consejo de Estado es tenso. Y todo porque los 27 magistrados de lo contencioso administrativo deberán definir la suerte de Gustavo Petro antes de que termine septiembre, en medio de un escenario en donde las posturas de los togados lucen abiertamente divididas. 

Tanto así que periodistas de esta Revista pudieron confirmar que las conclusiones del magistrado Gerardo Arenas –ponente del caso y quien se la jugó por una tesis según la cual Gustavo Petro debería ser absuelto–fueron objeto de una reciente sustanciación por parte de un sector importante del Tribunal. En palabras simples, eso significa que solicitaron la elaboración de una nueva ponencia y, en consecuencia, la designación de un magistrado diferente para que se encargue de defenderla.

La responsable de hacer la tarea, según se oye en los recovecos del Consejo de Estado, sería la magistrada María Claudia Rojas. “Lo que tengo entendido es que ella es actualmente la ponente del caso y, a diferencia de lo que exponía Gerardo Arenas, la doctora Rojas estaría dispuesta a argumentar a favor de la pérdida de investidura del Alcalde”, le dijo a Dinero un funcionario del Alto Tribunal que prefirió mantener su nombre en reserva.  

De ser así, la corriente adversa al mandatario capitalino acogería al pie de la letra la hipótesis del concejal demandate Orlando Parada. Una postura jurídica que, no obstante, deberá ser votada en sesión plena por cada uno de los magistrados de lo Contencioso Administrativo.

Entonces, el temor que asalta a Petro es que –en efecto– exista esa facción mayoritaria y al final del día se imponga la postura que apunta a decretar su muerte política. En un sondeo extraoficial, las apuestas indican que habría 14 togados a favor de la salida del Alcalde y 13 en contra. 

Si los cronogramas marchan según los presupuestos, en menos de un mes el país deberá conocer el fallo del Alto Tribunal. De despojar de su investidura a Gustavo Petro, Colombia presenciaría un hecho sin precedentes que, sin duda, enviaría un mensaje confuso a los miembros de las Farc, justo en momentos cuando se discuten los eventuales mecanismos que les permitirían participar en política. Con ese panorama en frente, ¿se la jugará el Establecimiento por la salida de Petro?
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