| 3/19/2015 3:00:00 PM

Claro enfrenta otro lío

Un nuevo conflicto se desató entre Claro y los operadores Movistar y Tigo por los cobros que se hacen entre sí por las redes de telefonía móvil. ¿Qué viene?

Vuelve y juega. Un nuevo enfrentamiento jurídico se está gestando entre Movistar y Tigo contra Claro por el tema de los cobros que se hacen entre sí por el uso de las redes. En 2012, el gobierno nacional expidió una resolución que buscaba equilibrar las fuerzas de mercado entre estos tres operadores, obligando a Claro, como dominador de la industria de telefonía móvil, a pagar más por cada minuto que se genera en su red y que termina en un móvil de la competencia.

El asunto novedoso del momento es que –a juicio de Claro– la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) no le ha aclarado en los últimos meses si debe seguir pagando este año esos mayores costos a Movistar y Tigo. “Desde 2012 Claro ha pagado por este concepto más de US$100 millones. No tenemos problema en seguir pagando eso, pero siempre y cuando se ajuste a derecho y se nos notifique por parte de la CRC. Hemos enviado cinco cartas a esa entidad y nunca se nos ha despejado esa duda”, comenta Santiago Pardo Fajardo, vicepresidente de asuntos regulatorios de Claro.

Adicionalmente, Claro considera que la regulación que fijó estos pagos “terminó el 31 de diciembre de 2014, tal y como consta en las resoluciones 4002 y 4050 de 2012 (…)”. Algo que contradicen tanto Movistar como Tigo. Estas dos empresas interpretan la decisión de Claro como “dilatoria y fuera de lugar”.

Los dos operadores también insisten en que Claro devolvió la factura correspondiente a enero de 2015 aduciendo inconsistencias en la liquidación y facturación de los cargos. Para las dos compañías, con menores participaciones en el mercado, Claro quiere pasar por encima de la ley al no pagar esos montos.

La pelea entre operadores es tan grande que el lío pasó a manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que se encuentra evaluando el caso e indagando a la CRC por los documentos y la regulación vigente.

¿Qué puede pasar ahora? Hay todo tipo de opciones. La CRC podría expedir una resolución aclaratoria en la que se despejarían las dudas de Claro y los demás operadores. Sin embargo, la entidad podría terminar comprometida fijando una u otra posición. Otra alternativa es que la SIC otorgue medidas cautelares que permitan el cobro a Claro, tal y como lo venía haciendo desde 2012. También podría entrar a terciar la División de Vigilancia y Control del Mintic, la cual estudiaría si existe algún tipo de incumplimiento por parte de alguno de los operadores. Allí las consecuencias pueden variar.

Una decisión final frente a este lío de operadores podría tardar de tres a seis meses, dependiendo de la entidad que asuma la competencia. Lo cierto del caso es que en medio de esta nueva pelea queda el usuario de telefonía, el cual desconoce si ese tipo de cobros y regulaciones ha beneficiado su bolsillo en los últimos años.

Es necesario que el Gobierno salga a despejar las dudas en beneficio del consumidor.
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