| 1/22/2015 2:10:00 PM

Aguas negras

El Acueducto de Bogotá no descarta un millonario embargo contra Coca-Cola luego de que esta se negara a pagar $46.000 millones producto de una reliquidación en las facturas.

Una pelea judicial que libran hace más de una década el Acueducto de Bogotá y la multinacional Coca-Cola entró en la fase de las definiciones. La disputa se inició en 2004, cuando la multinacional de bebidas alegó ante la Superintendencia de Servicios Públicos que por cada 100 m3 de agua del acueducto que ingresaban a la planta, 92 se iban envasados en sus productos y que era un despropósito que se cobraran los mismos 100 m3 en la factura del alcantarillado.

El Acueducto se defendió y se amparó en la resolución 151 de 2001 de la Comisión Reguladora de Agua, la cual establece que por cada peso cobrado por concepto de acueducto se debe cobrar otro peso por alcantarillado. En dicha regulación –explica el Acueducto– no hay distinciones para empresas de gaseosas, cervezas, papel o textiles.

Desde entonces, la pelea ha subido de tono, tribunal y valor. Inicialmente, la Superintendencia de Servicios le dio la razón a Coca-Cola en 2005. Inmediatamente, el Acueducto apeló y luego de intensas discusiones jurídicas entre parte y parte, el 2 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de la Superintendencia.

Coca-Cola tampoco bajó los brazos y acudió al Consejo de Estado. Siguieron las audiencias y peleas jurídicas, hasta que el pasado 14 de mayo el alto tribunal le dio la razón al Acueducto de Bogotá. La multinacional estadounidense presentó solicitud de aclaración que fue contestada en octubre pasado. El Acueducto se ampara en esas dos decisiones del Consejo y pide el pago inmediato de unos $46.000 millones, que incluirían el causado por intereses de mora.

Como el Consejo de Estado fue el techo jurídico, el Acueducto está a la espera de que este mismo Tribunal le haga llegar una certificación de constancia ejecutoria, documento con el que el Distrito podría embargar bienes de Coca-Cola.

“Esos dineros son fundamentales para seguir invirtiendo en la descontaminación del río Bogotá, que el propio Consejo de Estado ordenó en otro fallo. Creemos que en 30 o 45 días tendremos ese papel para proceder con el embargo si no hay pago”, explicó el abogado Santiago Londoño, integrante del equipo jurídico del Acueducto.

En ese sentido, el vicepresidente de asuntos jurídicos de la Andi, Alberto Echavarría, respalda a Coca-Cola y afirma que “cobrar a esas empresas que tienen medidor adecuado de vertimientos con base en el consumo de acueducto, además de contraria a derecho, es una conducta que afecta la competitividad de las empresas y castiga a las que han invertido en programas de optimización del recurso hídrico en su proceso productivo”.

“Fallo no nos obliga a pagar”
Silvia Barrero, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia, responde las preguntas de Dinero sobre el conflicto con el Acueducto.

¿Entre las razones para construir una planta en Tocancipá, está este lío?

No. La decisión de Coca-Cola FEMSA de construir la planta en Tocancipá es una respuesta a su compromiso con Colombia, sus instituciones y sus gobernantes y a las grandes expectativas de crecimiento en el país. En tal sentido, en nada tiene relación con la discusión jurídica y técnica sobre el pago del servicio de alcantarillado de la planta de la ciudad de Bogotá.

Después del fallo del Consejo de Estado, ¿Coca-Cola contempla el pago por la reliquidación en facturas de alcantarillado?

El fallo del Consejo de Estado del 15 de mayo de 2014, aclarado en octubre 27 de 2014, declara la nulidad de una resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del año 2005 que ordenaba a la EAAB a medir los vertimientos y cobrar el servicio de alcantarillado con base en dicha medición o aforo. Este fallo no condena a la compañía al pago por la reliquidación en facturas de alcantarillado.

¿Coca-Cola sigue reclamando el valor del alcantarillado?

Coca-Cola FEMSA se apega al sentido de la Ley 142 de 1994 que establece que el factor primordial para el cobro de cualquier servicio público es su medición. En este mismo sentido, se ha pronunciado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nuestra industria vierte a la red pública de alcantarillado una cantidad de agua significativamente inferior a la captada por el acueducto, por la naturaleza de nuestro proceso productivo y por las distintas inversiones para ser más eficientes en cuanto a reciclaje y reuso de agua. De tal forma, estamos en desacuerdo con que la EAAB pretenda cobrarnos el servicio bajo la fórmula que establece que por cada metro cúbico de agua captada, se cobra el mismo metro cúbico de alcantarillado.

Consideramos que nuestros argumentos jurídicos y técnicos son sólidos y, en tal sentido, continuaremos sustentándolos en las instancias pertinentes definidas por el ordenamiento jurídico del país.

¿Cuál es la calidad del agua subterránea en Tocancipá?

La calidad del agua que utilizaremos en nuestro proceso productivo en Tocancipá es óptima y requiere un tratamiento como el que se tiene en todas nuestras otras plantas de producción para el embotellamiento de nuestras bebidas.

Se habla de embargo a Coca-Cola. ¿Qué posición tienen frente a ese caso?


Es fundamental dejar en claro que Coca-Cola FEMSA actúa apegada al principio de legalidad y, por ende, respeta y acata las decisiones judiciales. Cuando las autoridades judiciales de última instancia profieran decisiones definitivas relacionadas con las controversias en las que sea parte la Compañía, estas serán respetadas y cumplidas.
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