| 6/26/2014 5:00:00 AM

La punta del iceberg

La discusión entre los canales privados, Caracol y RCN, y los operadores de televisión por suscripción, que apenas empieza, abre la polémica sobre el futuro de la televisión en Colombia.

El pasado 13 de junio la televisión en Colombia cumplió 60 años de existencia. Sin embargo, cuando se esperaba una celebración por todo lo alto, el libreto tomó un giro distinto y las cámaras y reflectores se dirigieron hacia uno de los conflictos más complejos que ha tenido esta industria en el país: las diferencias de los canales privados –RCN y Caracol– con los operadores de televisión por suscripción.

Como anticipó Dinero en su edición 442 (Pelea por el control), los canales privados buscan que las empresas de televisión por suscripción les paguen por llevar en su oferta tanto la señal de alta definición (HD) como la análoga.

Caracol y RCN argumentan que el derecho de autor protege su señal para que otros no la utilicen ni tengan un beneficio económico retransmitiéndola y, además, advierten que la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena –que rige la Comunidad Andina de Naciones– señala que los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones.

Por su parte, para los operadores de la televisión cerrada –por cable y satelital– la retransmisión de los canales abiertos es una obligación consagrada en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 y argumentan que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Superintendencia de Industria y Comercio, que señalan que la gratuidad y la obligación fue impuesta en función del interés general.

Para un experto del sector, el problema es básico: definir si el artículo 11 de la Ley 680 constituye una excepción a la reproducción o redistribución de señales que están protegidas por el derecho de autor.

Los canales argumentan que no hay ninguna excepción en ese artículo, mientras los operadores de televisión por suscripción afirman que tienen una obligación legal y no entienden cómo un particular puede definir el valor de esa obligación.

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica, esta controversia evidencia que el negocio de la televisión está transformándose. Los generadores de contenido aumentaron y el cambio tecnológico hace que la vigencia de las leyes esté en entredicho.

Estamos ante la punta del iceberg de un cambio radical en el modelo de la televisión, en el que pasamos de una pantalla, que era solo la televisión, a uno de 5 pantallas: televisor, tableta, celular, computador y videojuegos. Incluso, la llegada de cuarta generación (4G) en el esquema de telecomunicaciones va a profundizar esta transformación. Hoy, casi cualquier tipo de equipo permite la recepción de señales, tanto radiodifundidas –que se denominan lineales–, como las no lineales que dan acceso a servicios audiovisuales de una manera diferida.

Choque de trenes

El clímax del debate entre los canales privados y los operadores de televisión por suscripción se dio en vísperas del Mundial de Fútbol y de la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando Caracol y RCN decidieron sacar su señal de HD de la parrilla de los cableros y la SIC anunció medidas cautelares ante un recurso interpuesto por estas dos empresas.

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) inició un proceso administrativo, con consultas a diferentes sectores, y expidió una circular en la que ordenó a los operadores del servicio de televisión abierta privada nacional garantizar la disponibilidad de sus señales, tanto análoga como HD, para su transmisión a través de la televisión por suscripción.

Un día antes de que empezara el Mundial, en la Secretaría General de la Presidencia de la República se reunieron representantes de los canales, operadores de televisión por suscripción y los Ministros de TIC y Comercio para garantizar que el Mundial se pudiera ver en HD y aplazar la discusión unas semanas. De hecho, la decisión de la SIC no tuvo buena recepción en el alto gobierno, pues se dio apenas unos días antes de la segunda vuelta por la Presidencia. Los canales autorizaron la retransmisión de su señal digital; pero, una vez termine el Mundial, seguramente esta señal será retirada de la programación de los operadores cerrados. Caracol anunció que para diciembre de este año, si no hay acuerdo con los operadores, saldrá la señal análoga; la fecha, en el caso de RCN, es septiembre.

Hoy hay calma chicha. Por un lado, los canales han puesto en entredicho la acción de la ANTV que mediante una circular ordenó la transmisión y, seguramente, una vez se conozca el fallo definitivo de la ANTV habrá recursos de reposición y nuevas discusiones jurídicas. Un anticipo de esto lo dieron Caracol y RCN el 16 de junio; ese día radicaron una carta ante la ANTV solicitando revocar la circular y en la carta se ratifican en sus argumentos.

Los operadores de televisión por suscripción, por su parte, no han visto con buenos ojos las recientes declaraciones de Pablo Robledo, superintendente de Industria y Comercio. El funcionario señaló el pasado 17 de junio –según el diario El Espectador– que la medida cautelar se está cumpliendo y no puede desacatarse. En este momento las autorizaciones están dadas por RCN y Caracol, dijo. Y advirtió que prima la propiedad intelectual.

“El Superintendente actúa como juez y es la segunda instancia que tienen los operadores de televisión cerrada, pues la primera es el delegado. Pero al parecer, y por sus declaraciones, él ya tomó posición y seguramente estos operadores van a recusarlo”, advierte un abogado cercano al proceso.

Este no es el único problema que viene. La ANTV pidió a la SIC que reconsiderara su decisión y levantara las medidas cautelares mientras resuelve su actuación de carácter administrativo. Pero Robledo, según lo publicado en El Espectador, reiteró que la medida anunciada no puede ser desconocida por ninguna autoridad de carácter administrativo.

Con este marco institucional, lo que vendría es un choque de trenes: una actuación administrativa de la autoridad de televisión del país frente a una decisión de carácter judicial que adopta la Superintendencia, un escenario que, aunque no es atípico, sí al menos es muy inoportuno y complejo.

Pero además de las instancias siguientes en estos procesos, que seguramente terminarán en tribunales y Cortes, hay otros jugadores que podrían hacer parte del debate. Por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que tiene dentro de sus funciones la de resolver cualquier conflicto que se presente entre operadores o entre proveedores de servicios de comunicaciones.

¿Y el futuro?


Esta discusión deja planteadas más preguntas que respuestas sobre lo que viene para esta industria. Por lo pronto, es necesario ajustar las regulaciones y hacer una profunda reforma institucional. Desafortunadamente el país aún no piensa en las tecnologías de la información como tecnologías convergentes. De hecho, la Ocde ha visto un riesgo en el pluralismo institucional que tiene Colombia, porque al haber tantas autoridades, las funciones de unos se pueden traslapar sobre las de otros.

Otra de las grandes inquietudes es quién pierde con toda esta discusión. Por supuesto, el usuario podría afectarse en el momento de no poder acceder libremente a este servicio. Pero, sin duda, uno de los más golpeados puede ser el mismo Estado.

Por un lado, el tema de un tercer canal toma relevancia hoy. Caracol y RCN pagaron en 1998 más de US$90 millones por la concesión y diez años después renovaron por una cifra superior a los US$80 millones. ¿Hoy cuánto vale el tercer canal? En este nuevo escenario, ¿habrá alguien que quisiera entrar, máxime cuando llega sin audiencia y hoy RCN y Caracol piden que les paguen por usuario? Incluso, ¿qué pasaría si RCN y Caracol acuerdan con los operadores de televisión por suscripción y con 85% de la audiencia se convierten en un canal como otro y devuelven el espectro y ya no tienen que pagar los porcentajes por facturación bruta y otros recursos destinados a la televisión pública? La Contraloría, además, ha advertido que se están poniendo en riesgo casi $100.000 millones invertidos en la televisión digital terrestre (TDT).

Por otro, ¿quién va a sostener la televisión pública? ¿Qué va a pasar con los canales regionales (ver recuadro), cuando hoy hay una gran discusión sobre la posibilidad de que los canales privados, dentro de la TDT, puedan hacer desencadenamientos y llegar con ofertas regionales y puntuales a las diferentes zonas?

El país está próximo a entrar en un nuevo capítulo de esta novela que promete ser apasionante, pero no todos van a ganar ni podrán contar con un final rosa.



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Las cifras

Según datos de Ibope, la televisión cerrada tiene una penetración de casi 85% en 6 regiones donde están las 22 ciudades más grandes del país; mientras la abierta solo representa 15%. Sin embargo, la participación de los canales de televisión abierta al día es de cerca de 42%, frente a 48% de los canales de televisión cerrada; en tanto que en el prime time los canales abiertos tienen una participación de 52,5%, frente a 39,4% de los cerrados.

La pauta publicitaria –uno de los ejes de ingresos de los canales privados– no crece y al contrario tiene que competir ahora no solo con los medios tradicionales y los canales del exterior –que con mejores tarifas tienen un mercado estimado en US$50 millones en Colombia–, sino también con internet y medios virtuales. Así, los canales privados buscan otros ingresos que complementen sus cifras. Una de ellas es el cobro por suscriptores. Con empresas como Fox o Disney, las negociaciones de los operadores cerrados se acercan a cifras de US$2 por suscriptor. En el caso de Caracol, la cifra supera los $600 y en el de RCN $800, que según los canales están abiertas a la negociación.

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TV Regional ¿Principio del fin?


Contra las cuerdas. Así se declaran los gerentes de los ocho canales regionales de televisión que, ante el escenario adverso que enfrentan, han decidido sumar esfuerzos y declararse en pie de lucha para lograr una reforma que les permita sobrevivir.

Las nuevas exigencias en materia contable, que los obligan a sacar de sus estados de pérdidas y ganancias los giros que reciben anualmente de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv); las exigencias de rentabilidad por ser empresas industriales y comerciales del Estado, aunque cumplen una función pública; la fuerte competencia de los canales privados que están llegando a las regiones con oferta segmentada y millonarios presupuestos, y hasta las exigencias de invertir en nueva tecnología, pese a las afugias financieras, son algunas de las preocupaciones de la televisión regional.

Como si esto fuera poco, una espada de Damocles se cierne sobre la mayoría de ellos que muestran saldos en rojo. Salvo casos como Telepacífico o Canal 13, los demás registraron pérdidas al cierre de 2013, mientras Canal Capital ya completa dos años con saldos negativos.

Además de la vigencia de la Ley de Garantías desde enero –que provocó un bajón en la pauta oficial–, en abril una desafortunada decisión de la Antv y del Consejo Nacional Electoral les prohibió vender publicidad política antes de la primera vuelta. Tras dos semanas de disputas, los canales regionales lograron que se echara para atrás la medida, aunque perdieron semanas valiosas de pauta.

Pero quizás el tema de fondo es la misión de la televisión regional: ¿debe tener una función social o garantizar su rentabilidad? Los gerentes de los canales regionales tienen la férrea convicción de que lo primero debe prevalecer sobre lo segundo.

Clara Mejía, gerente de Teleantioquia, el canal regional más antiguo y el de mayor infraestructura y cobertura, asegura que “el mercado es mucho más complicado y nos están empujando a la autosostenibilidad, ahora que está en boga la teoría de que la televisión pública debe ser sostenible”.
Pero el tema pasa de ser un asunto de sostenibilidad, pues también está en juego el tipo de contenido que se debe transmitir: si deben apuntar a lo puramente comercial o seguir la filosofía de rescatar lo regional. “La televisión pública regional tiene un carácter más social que de rentabilidad porque este último pasa por el rating y, cuando se hacen cosas solo pensando en él, se dejan de lado los valores culturales que nos comprometimos a defender hace más de 20 años”, asegura Juan Manuel Buelvas, gerente de Telecaribe.
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