| 9/29/2016 12:00:00 AM

Superservicios anuncia plan de acción frente al desorden que encontró

El nuevo superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza, anunció su plan de acción frente al desorden que encontró en la entidad. Respecto a Electricaribe, hay expectativas por las medidas que se puedan adoptar.

Lo que encontró José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos desde el pasado 20 de julio, cuando asumió el cargo, es sorprendente, según él lo explica.

Por años esta entidad fue acusada –desde el Congreso de la República hasta algunas veedurías ciudadanas– de mantener cierta inacción frente a los grandes problemas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

“En los últimos años esto se convirtió en un call center y centro de atención de quejas. Teníamos 1.500 funcionarios dedicados a atender este tipo de requerimientos, descuidando por completo las labores de supervisión. Dejamos de ser los guardianes del sistema”, declaró el nuevo Superintendente a Dinero.

Mendoza explica que la Superintendencia de Servicios registró en 2009 una ‘crisis de identidad’ asociada al traslado de algunas de sus competencias a otras entidades. Para explicar en detalle esa situación, Mendoza acudió a una gráfica (ver cuadro). En ella se demuestra cómo desde el año 2010 aumentaron las multas por peticiones, quejas y reclamos de manera exponencial. Aunque las quejas tienen que ser atendidas, la entidad se olvidó de su misión principal, que es vigilar que las empresas cumplan con sus obligaciones y presten un buen servicio. “El sector hizo crisis”, resume el nuevo funcionario sobre la actual situación.

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Pero allí no para el listado de hallazgos. Una investigación interna detectó un contrato que se suscribió para llevar a cabo asesorías contables. Lo penoso del asunto es que dicho acuerdo se habría suscrito con una firma que se dedica, entre otras cosas, a comercializar cabezas de pescado.

Y hasta el edificio sede de la entidad tiene líos. Desde hace un tiempo se adelantan una serie de reforzamientos estructurales en la edificación. Estas obras han convertido algunos pisos y oficinas en verdaderas ‘favelas’, debido a su nivel de hacinamiento. “El tema es que a ese contrato de arriendo le restan otros dos años”, afirma Mendoza.

Lo que viene

Escoba nueva barre bien. Por ello, la nueva administración anunció que quiere elevar el nivel de gestión de la entidad y que para ello incorporará personal calificado que se dedique a una inspección y vigilancia con enfoque científico.

¿Cómo lo hará? Adicional a la contratación de personal calificado, la entidad llegó a un acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para tener acceso a la tecnología y metodologías del laboratorio forense de la SIC. Expertos del sector afirman que este centro de investigación es uno de los más modernos de América Latina. El propósito con este acuerdo es reactivar los controles y vigilancia a las empresas de servicios públicos, con todas las herramientas tecnológicas disponibles.

Ahí no para todo. Mendoza, quien era la mano derecha del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció que, como medida adicional, la entidad tiene ya en Presidencia de la República un decreto que reglamenta el aumento en el valor de las multas que la ley les autorizó. No hay que perder de vista que algunas multas no superan hoy los $50 millones. Con la nueva regulación se establece cómo se podrán imponer sanciones económicas hasta por $65.000 millones, dependiendo de variables como el tamaño de la empresa y la falta cometida; eso es algo que los expertos llaman ‘dosificación sancionatoria’.

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La pregunta que se hacen algunos (y millones de habitantes de la Región Caribe) es si Electricaribe será la escogida para ‘estrenar’ ese decreto. Para eso no hay una respuesta oficial aún. El superintendente Mendoza es consciente de la responsabilidad y complejidad jurídica y política del caso Electricaribe, y por ello mide cada una de sus palabras.

Lo concreto con el caso Electricaribe es que no solo es la prioridad de la entidad, sino que la Superintendencia centrará sus esfuerzos para que, cualquiera sea la decisión, la única consecuencia segura sea la de mejorar el servicio. Como se trata de un tema que se acerca al estado de ebullición, se supo que este mismo año se tomará una decisión. Por lo pronto se puede contar que la Superintendencia ya adelantó visitas y toma de pruebas a la empresa prestadora del servicio. Ya hay unos 10 discos duros bajo análisis y todo tipo de averiguaciones.

No es un secreto que una eventual intervención o toma de control de Electricaribe irradiará consecuencias en todo el sector. Desde el Ministerio de Minas y Energía se le hace un seguimiento especial a este tema y se pudo establecer que se están evaluando todo tipo de opciones y mecanismos para garantizar la luz en los 7 departamentos en donde opera la empresa. Aún no se ha decidido nada, pero desde ya se están tomando precauciones para garantizar el fluido eléctrico.

El tema es de alta tensión. En caso de decidirse una intervención en Electricaribe sería, de lejos, la toma de control más grande que se haya hecho en el país. Más grande que Telecom, Emcali o Saludcoop. 

Por ello, el Gobierno anunció que, si la intervención se diera, se tomarán todas las precauciones del caso para no cometer errores. Por el lado de Electricaribe, su mayor accionista. Gas Natural Fenosa, notificó al gobierno nacional de una reclamación internacional al amparo del tratado de protección de inversiones entre Colombia y España y que podría derivar en una demanda al Estado por esta situación.

A juicio de la electrificadora, hechos como la cultura del no pago, las deudas de entidades territoriales y fraudes de todo tipo han minado el modelo de negocio e imposibilitan las inversiones, que se calculan en más de $1 billón. El exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, resumió muy bien la actual situación entre gobierno y Electricaribe: “Se llegó a un punto muerto. Es como cuando en una corrida de toros el torero se alista para matar, los dos se miran fijamente y no hacen nada, el que se mueva primero está frito”, comenta. La pregunta acá es ¿quién es el toro y quién el torero?.

Otros temas pendientes

Los ‘chicharrones’ de la Superintendencia de Servicios superan en complejidad y número el asunto mediático de Electricaribe.

En carpeta del nuevo Superintendente hay varios casos en revisión. Incluso, se anunció que unas 100 investigaciones que se adelantaban desde administraciones anteriores tuvieron que ser redireccionadas o reiniciadas debido a las fallas en los procesos. Además, tiene más de una decena de empresas intervenidas. “Nos preocupa el tema de los rellenos sanitarios, no sabemos a cuántos acueductos vigilamos, en gas hay un boquete total porque hay compañías en donde no se sabe si hay competencia de la entidad, etc. Hay mucho trabajo por delante”, puntualiza el superintendente Mendoza.

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