| 9/18/2013 12:00:00 AM

La gran estafa

Una generación de nuevas captadoras ilegales de dinero, amparadas en la Ley de Libranzas, promete ser el nuevo dolor de cabeza de las autoridades. Dinero revela el caso de una de ellas, acusada de captar $30.000 millones.

Está basado en el diseño original de un billete de US$100. Su tamaño es casi idéntico. Y el verde sutil que lo enmarca hace de inmediato referencia a la identidad de la moneda americana. En su ‘corazón’, sin embargo, no descuella el rostro de Benjamin Franklin y mucho menos aquella insignia que reza The United States of America: difusa, se ve una imagen de David Murcia Guzmán y a su lado dos números telefónicos. Así luce el volante de papel con el que –por estos días– la tristemente célebre captadora ilegal de dinero DMG promociona su regreso al país. Los encargados de distribuir el panfleto, al tiempo de propagarlo como pólvora, prometen rendimientos anuales de hasta 150% a quienes estén dispuestos a entregarles su dinero.

Y, aunque alarmante, este es tan solo uno de los ejemplos que confirman el apogeo que hoy viven las captadoras de dinero en Colombia: mientras unas toman nuevas bocanadas de aire, como DMG, otras se desmoronan, como InterBolsa, Torres Cortés o Rentafolio Bursátil. Una coyuntura dinámica que ha obligado a los ‘cerebros’ de esa renovada ola de ‘pirámides’ a ingeniar nuevos y cada vez más refinados mecanismos para ocultar el rastro de sus maniobras.

Al tratar de entender la ingeniería financiera empleada ahora por esta suerte de ‘generación x’ de pirámides, las autoridades han quedado sin palabras. Básicamente porque su modus operandi involucra una compleja maraña de actores que envuelve desde cooperativas y comisionistas de bolsa, hasta empresas que se valen de la Ley de Libranzas –préstamos que el tomador paga mediante un descuento mensual de su nómina– para consumar su captación ilegal.

Dinero logró documentar el caso inédito de Gestión Patrimonial S.A., una de estas sofisticadas pirámides que, tal y como reposa en un robusto expediente de la Superintendencia de Sociedades, habría captado alrededor de $30.000 millones a poco menos de 600 inversionistas.

Su historia es tan escalofriante como increíble.

¡Pero qué familia!

A finales de 2007, Rafael Mauricio Crispín Velasco, junto a algunos socios, entre ellos su hermana María Catalina Crispín Velasco, decidieron entrar –con su empresa Gestión Patrimonial– al negocio de las libranzas. Su idea era simple: intermediar en la compra y venta de pagarés entre inversionistas y ciertas cooperativas que, amparadas en la Ley de Libranzas, prestaban dinero a miembros de las Fuerzas Militares y a ciudadanos del común. Y así lo hicieron.

En la trastienda de los Crispín, sin embargo, se escondía una maniobra compuesta por una cadena de eslabones mucho más compleja de lo hasta entonces sospechado. Su primer paso era ‘reclutar’ gente que tuviera la disposición de entregarles plata a cambio de recibir una rentabilidad anual que oscilaba entre 18% y el 24%. Una vez sus ‘víctimas’ aceptaban el negocio, entraban en contacto con las comisionistas de bolsa Proyectar Valores y Profesionales de Bolsa para depositar allí lo pactado.

A renglón seguido, las comisionistas en mención colocaban los recursos captados en las cooperativas Coopcaribe, Coomupedef, Cooluber, Coopmercado, Legalcoop, Cooprobiser, Coopnalcres, Servicoop, Cooinvercor y Mulprocoop. Y, finalmente, esta baraja de diez entidades prestaba el dinero a los militares mediante contratos de libranza.

Pero, ¿dónde estaba el negocio allí y cómo ganaba cada uno de sus actores? El inversionista recibía un título-libranza y mensualmente las cooperativas –a través de Gestión Patrimonial– le consignaban una cuota proveniente de la nómina de los uniformados que solicitaban el préstamo. Las cooperativas y los Crispín, por su parte, recibían jugosas comisiones.

Hasta ahí, el negocio funcionaba dentro de los lineamientos legales y su cosecha entregaba los mejores frutos. El cauce de las cosas, no obstante, comenzó a desviarse cuando este círculo vicioso, según la resolución 0692 firmada por Juan Pablo Arango Arango, superintendente financiero delegado para la supervisión institucional, empezó a concentrarse hasta en 81% en tres cooperativas: Coomupedef, Coopcaribe y Cooluber.

Con el paso del tiempo, aquel detalle se convirtió en la antesala de una estafa de enormes proporciones. “A finales de 2011, esas tres cooperativas dejaron de pagarles a los inversionistas, aparentemente porque se les siniestró la cartera. Eso ocurrió porque, a pesar de ser muy estables, los militares también reciben la baja y en este caso muchos de ellos dejaron de pagar las cuotas de sus préstamos”, explica Doris Hormaza, interventora del caso.

Fue entonces cuando un boquete fiscal de hondo calado empezó a carcomer el entramado de los Crispín. A la postre, ese imprevisto los obligó a captar dinero de forma ilegal. ¿Cómo lo hicieron? “Buscando nuevos inversionistas, pero con un cambio sustancial en las reglas del juego: ya no lo hacían como intermediarios, sino directamente. Pero con un ingrediente adicional: no volvieron a entregarles a sus ‘víctimas’ los títulos que antes respaldaban esa transacción”, remata Hormaza.

Hoy, más de $30.000 millones relacionados con la pirámide de los Crispín duermen en el limbo. De ellos, cerca de $28.000 millones corresponden a lo que han dejado de percibir –desde 2011– los 570 inversionistas que confiaron sus dineros a Gestión Patrimonial. El monto restante pertenece a un pequeño grupo de 24 personas que, pese a entregar su plata a ojo cerrado, nunca recibió el título-libranza.

Lo más preocupante de todo esto es que en los libros contables de Gestión Patrimonial no aparece ni un centavo para resarcir a las víctimas. A juicio de Doris Hormaza, paradójicamente la única canasta de donde podría echarse mano está en unas cuentas por cobrar a las tres cooperativas de la discordia, por un monto cercano a los $11.000 millones. Además, habría otra partida irrisoria de $150 millones proveniente de las ventas de 50% de un apartamento de Carmen Siria Delgado, revisora fiscal de Gestión Patrimonial y una casa del contador de la compañía.

En materia penal, el fiscal 68 –encargado de investigar delitos contra el patrimonio económico– tiene el caso en sus manos y prepara la etapa de indagatoria. La Superintendencia de Sociedades, según le dijo a Dinero su cabeza visible, Luis Guillermo Vélez, intervino la compañía y trabaja en su plan de desmonte.

Así las cosas, esta coyuntura evidencia que el modelo de las pirámides en Colombia cambió. En el pasado quedó aquel esquema en que personajes humildes como David Murcia Guzmán desafiaban al sector financiero. Y todo porque en el presente, los protagonistas de las nuevas captadoras se están incubando en las entrañas de las comisionistas de bolsa y, ahora, del sector cooperativo.
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