| 11/27/2013 6:00:00 PM

‘No más prebendas con nombre propio’

En entrevista con Dinero, Santiago Rojas, ministro de Comercio, Industria y Turismo, habla sobre las medidas para reanimar la industria, los acuerdos de libre comercio y la relación con Venezuela.

Santiago Rojas, el recién nombrado ministro de Comercio, Industria y Turismo, ha sido una de las personas más cercanas al presidente Juan Manuel Santos, desde hace más de dos décadas. Lo ha acompañado en su paso por el sector de comercio exterior y fue su mano derecha en la Fundación Buen Gobierno.

Después de estar al frente de Bancoldex, desde inicios de esta administración, ahora tendrá el reto de diseñar estrategias para darle un nuevo aire al sector industrial –hoy con preocupantes cifras y tendencia negativa de crecimiento–, a cambiar la dinámica que traían los tratados de libre comercio y a facilitar los negocios con Venezuela. Dinero dialogó con él sobre estos y otros temas puntuales en el desarrollo empresarial.

— ¿Qué medidas puntuales está tomando el Gobierno para enfrentar la situación de la industria?

El Gobierno, al analizar los datos de la industria, vio que es muy importante darle caja. La decisión tomada fue que a partir del primero de noviembre la retención en compras bajó de 3,5% a 1,5%. ¿Qué significa esto en términos prácticos, según cálculos de la Dian? $928.000 millones menos en retención en noviembre y diciembre. Son recursos que se van a quedar en las empresas para hacer negocios y no van a pasar a las arcas del Estado con la consecuente menor devolución el próximo año.

— ¿Y el año entrante?
Con la bajada del 2,5% en retención, que es un efecto de la reforma tributaria, son alrededor de $200.000 millones mensuales menos de retención. Es decir, unos $2,4 billones en menos retención que, sumados a otras decisiones, se calcula que los empresarios no van a tener que girarle al Estado alrededor de $10 billones en 2014. Además, hay componentes adicionales en créditos de Bancoldex, de diciembre de este año al primer semestre del año entrante, por cerca de $1,2 billones en créditos especiales.

— ¿Qué fue lo que pasó con confecciones y calzado?
Lo que se hizo fue reconocer que estaban ingresando unos productos a unos precios artificialmente bajos y, a pesar de todos los controles aduaneros, seguían llegando unos productos que claramente estaban contaminados por lavado de activos, por temas de contrabando y se puso una medida de arancel específico: US$5 por kilo de ropa o por un par de zapatos, que estará vigente hasta marzo.

— El Presidente de Panamá ha dicho que esta medida los afecta…

Hoy no hay un acuerdo con Panamá sobre la medida. Panamá nos ha planteado el tema en la OMC y lo estamos tratando allá. Creemos que como la decisión del Gobierno es mantener una medida que castigue los precios artificialmente bajos.

— La medida va hasta marzo, ¿pero qué pasará después?

El Gobierno está analizando con toda la cadena cómo hacer para mantener una medida que castigue la importación de compras artificialmente bajas sin que afecte a los importadores legales. Estamos analizando cuál podría ser la medida ideal, si se debe mantener como está o si se le pueden hacer algunos ajustes para solucionar algunos problemas que han tenido importadores legales.

— ¿Qué va a pasar con los acuerdos de libre comercio?
Se mantienen los acuerdos que se han negociado, que se han discutido en el Congreso o que estén en la Corte Constitucional, y los que están en proceso de negociación. Pero no tenemos previsto iniciar nuevas negociaciones comerciales.

— El sector automotor ha pedido ayuda. ¿Qué hará el Gobierno?
Lo ideal sería que se ganara mayor participación en el mercado doméstico y que se encontraran nuevos mercados. Lo que he hablado con el sector automotor es que hay que ampliar la torta del mercado. Hace algunos años teníamos a Venezuela, que era un gran comprador de vehículos y hoy no lo es. Entonces, hay que buscar nuevos mercados y tomar algunas medidas.

— ¿Como cuáles?

Se adoptó un sistema que se llama el Profia, cuyo decreto está saliendo en estos días. Lo que hace es liberalizar el régimen de importación de autopartes. Antes se manejaba a través de lo que se llamaba el CKD. Ahora se permite que las ensambladoras no traigan todo el paquete del CKD como tal, sino que puedan importar las partes y piezas del mundo entero.

— ¿En qué condiciones?
Sin pagar aranceles para las no producidas en Colombia y con unos aranceles que varían entre 5% y 10% cuando son producidas aquí. Además, lo que se busca es exportar más vehículos y para hacerlo hay que cumplir reglas de origen. Ahí, entonces, la incorporación de partes nacionales va a ser fundamental. A esto se suman una línea especial de crédito blando por $50.000 millones y estamos analizando las acciones con la oficina de Compras del Estado para comprar vehículos colombianos.

— ¿Y la ayuda del Gobierno en la financiación para la compra de vehículos?
Estamos enfocados más en productividad y competitividad que en el financiamiento de vehículos. Además, hoy en día hemos encontrado unas oportunidades muy grandes para el consumidor en créditos muy baratos para comprar vehículos.

— ¿Qué pasa con Venezuela?
Se presentaron problemas de pago en el pasado donde de los US$1.400 millones se han pagado unos US$1.200 millones y hemos recibido la confirmación de la voluntad del gobierno venezolano de seguir estudiando los casos para saldar las deudas que se tienen en cerca de US$200 millones. Eso es fundamental para avanzar en el proceso de integración. Frente al comercio actual lo que hemos detectado es que el propio sector privado se ha ideado la manera de poder vender a Venezuela y garantizarse el pago anticipado y lo que están haciendo algunos es que, por ejemplo, reciben 30% por anticipado y antes de entregar la mercancía reciben el saldo.

— Se había hablado de compras de Estado a Estado…

El Estado colombiano no es el exportador. Nosotros solo facilitamos pero lo que ha sucedido es que se están exportando bienes fruto de las necesidades del gobienro venezolano, pero de privados al Estado venezolano y nos han informado que están recibiendo su pago.

— ¿Y el pago con bonos de PDVSA?
Se consideró que el Estado colombiano no podría adquirir sus bonos; luego, era una decisión del exportador privado.

— ¿Qué va a pasar con las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica?
Continúa el impulso hacia las zonas francas permanentes y que tienen varios usuarios operadores. Donde sí se ha restringido es en las zonas francas uniempresariales. Si llegara alguna inversión realmente importante que pueda significar un gran cambio para el país, se podría estudiar la posibilidad de adoptar una zona franca uniempresarial. Pero realmente la figura de las zonas francas más concebida es donde estén varios usuarios.

— ¿Y los contratos de estabilidad jurídica?
No somos partidarios de continuar aplicándolos. Se respetan los que hay vigentes, pero creemos que es mejor dar una solución jurídica a todas las empresas colombianas con reglas claras en materias de impuestos. Mi visión es entregar instrumentos más generales, no tan particulares. Yo no soy partidario de dar unas prebendas individualmente a algunas empresas. En ese aspecto soy mucho más generalista. Es mejor tener una política general fuerte con seguridad jurídica que dé confianza a los inversionistas pero no a nivel particular.
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