| 2/4/2016 12:00:00 AM

¿Colombia perdió la guerra contra la corrupción?

Un estudio financiado por la CCI demuestra lo permeable que son las regiones para la corrupción en obras públicas y la urgencia de reformas para frenar esa vena rota.

Los gobiernos parecen estar perdiendo la batalla contra la corrupción. A pesar de los esfuerzos de algunas autoridades, del cambio de gobernantes cada cuatro años y del nombramiento de todo tipo de zares, altos consejeros y funcionarios sin tacha, el robo de dineros públicos sigue siendo el pan de cada día en las regiones del país.

Algunas de las pruebas de tales afirmaciones provienen de las respuestas que obtuvo la economista Marcela Meléndez al encuestar a una serie de constructoras y consorcios, en un encargo financiado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). El estudio se titula “Percepción y evidencia sobre la contratación pública en Colombia”.

El diagnóstico debía alimentarse de las mismas empresas del sector. Por ello, Meléndez se dio a la tarea de encuestar a 390 representantes, distribuidos entre 248 constructores, 112 consultores y 30 concesionarios. El universo incluye el total de la contratación de infraestructura de transporte de 2014 del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). El primer dato que llama la atención es que cerca de 23 de estas personas (6% de la muestra) contestaron que ‘dar regalos o dinero a funcionarios públicos por contratos con el gobierno’ no era necesariamente una conducta de corrupción.

“La idea de que muchos de los recursos públicos se filtran en direcciones indeseables por cuenta de la corrupción es compartida por muchos colombianos. La percepción sobre la transparencia en la contratación es en general muy mala y la evidencia disponible no es suficiente para contradecir esa mala percepción”, explica la economista en el informe final entregado al gremio constructor y socializado la semana pasada a entes de control y la propia CCI.

Si en una reunión alguien pregunta a un grupo de ingenieros o contratistas si han oído de algún hecho de corrupción, es casi seguro que todos levantarán la mano. Esa mala percepción genera incredulidad en el sistema y obliga a más de uno a involucrarse en estas conductas para no quedarse por fuera. Según el informe de Meléndez, solo 34% de los encuestados considera que los procesos de contratación pública del nivel nacional son transparentes; mientras que los porcentajes son de 19% y 14% para los niveles departamental y municipal, respectivamente.

Hay más hallazgos. Los encuestados dicen que, principalmente, se dan sobornos que son pagados como un porcentaje del valor del contrato. Les siguen los que se dan como un pago en efectivo sin relación con el valor del contrato. Aproximadamente la mitad de los consultados cree que los procesos de contratación suelen culminar con un solo proponente habilitado para competir y explican que ello se debe a que los pliegos están dirigidos.

La situación debe llamar la atención de las autoridades, teniendo en cuenta que el país está triplicando su inversión en infraestructura. Hace unos cuatro años no llegaba a 1% del PIB y este año se espera que supere el 3%. En las regiones, la situación es más que alarmante. Según el estudio de Marcela Meléndez, en 2014 el Secop incluyó información de 11.141 contratos por valor de $10,4 billones, 81% de esos contratos adjudicados (unos 9.000) corresponden a gobiernos municipales.

La concentración de contratos en manos de unos pocos no solo es un hecho más que llamativo. También demuestra la baja competencia en las regiones, una situación que tiende a encarecer los contratos.

Según el reporte, 63% de los recursos se contratan con consorcios o uniones temporales y 27% con empresas. Las personas naturales capturan 47% de los contratos, pero solo 7% de los recursos. Así mismo, 50% de los contratos va a contratistas que obtuvieron al menos otro contrato el mismo año. En 2014, 20% de los contratistas obtuvo cuatro contratos o más.

En cuanto al valor de las obras también hay problemas, pues la mayoría de los contratos es adjudicada por un valor igual al valor oficial presupuestado.

Al analizar la contratación según la entidad contratante, se encuentra que, aunque 50% de sus contratos son adjudicados por el valor presupuestado, entidades como la Aerocivil y el Invías consiguen adjudicar una cuarta parte de sus contratos 14% y 13% por debajo de sus presupuestos respectivamente, o con mayores descuentos.

Excluyendo los procesos de contratación directa, solo 20,4% del total de los procesos de contratación cuenta con más de un oferente al inicio.

“Los procesos de contratación que abren con un solo oferente, si llegan a materializarse en un contrato, culminan casi siempre con un solo oferente habilitado. En este caso, la ausencia de competidores puede estar asociada con las exigencias de los requisitos habilitantes, pero puede tener también otras explicaciones, como el tamaño de los contratos que puede ser un desincentivo a la participación de jugadores de alcance nacional cuando son muy pequeños”, concluye la economista.

En el caso de los procesos de contratación que abren con más de un oferente, pero resultan en un solo oferente habilitado, la ausencia de competidores está directamente asociada con las exigencias de los requisitos habilitantes.

Una situación diferente se evidencia con el IDU de Bogotá. “Los buenos resultados reflejan en esencia los altos niveles de competencia con que abren los procesos de contratación del IDU: 50% abre con al menos 16 oferentes, 25% abre con al menos 27 y 5% con más de 41 oferentes.

Las empresas consultadas también hacen un llamado para sancionar más duro la corrupción y estandarizar los procesos y los pliegos de contratación.

Desconocen las normas

Al analizar el contenido del estudio, María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, explicó que “las cifras de la contratación de obra pública en 2014 nos muestran que en la contratación de las entidades territoriales las reglas fueron fijadas para que no hubiera competencia”.

De acuerdo con la funcionaria, está claro que desde los entes territoriales, las personas encargadas de diseñar los procesos de contratación, desconocen todas las herramientas que ha implementado el Gobierno para hacer más transparentes estos procesos. “Desconocen los pliegos tipo, el manual para fijar los requisitos habilitantes y el apéndice que con base en estudios de mercado recomienda rangos para fijar los requisitos habilitantes en los contratos para ejecutar obra pública en el marco de contratos plan, señaló Zuleta. Según ella, el Gobierno, por instrucción del propio Presidente Santos, viene trabajando para formular una reforma integral al estatuto de contratación.

“Las conclusiones del grupo de trabajo encargado del tema y de los expertos de OCDE que revisaron el tema coinciden con algunas de las recomendaciones de Marcela Meléndez. Las modalidades de selección de contratistas y la forma de definir cuál modalidad corresponde no está alineada con el propósito de satisfacer la necesidad de una forma fácil, simple y transparente".

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