| 8/21/2013 6:00:00 PM

Multa millonaria

En los próximos días el Gobierno tendrá lista la multa contra Drummond por el vertimiento de 500 toneladas de carbón en Santa Marta. La sanción se calcula en US$20 millones.

La novela por la multa a la multinacional Drummond debido al vertimiento de carbón en las aguas del Puerto de Santa Marta parece tener los días contados. Dinero supo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunciará pronto la resolución mediante la cual se sanciona a la multinacional de origen estadounidense.

El caso se originó en la madrugada del pasado 13 de enero, cuando una de las barcazas que realizaban el cargue de carbón estuvo a punto de hundirse, situación que obligó al vertimiento de unas 500 toneladas de carbón al mar. Como la empresa solo notificó a la Capitanía de Puerto y no a la Anla, la sanción prevista se calcula en unos US$20 millones.

La disputa entre el Gobierno y la multinacional ha sido de alto turmequé. Según fuentes oficiales, un equipo de abogados de la multinacional ha intentado dilatar en varios frentes el proceso. El primer paso fue pedir el traslado de la investigación a la Dimar, aduciendo que la Anla no tiene la competencia. Para materializar ese cambio de rumbo, la carbonera tocó las puertas del Consejo de Estado en una audiencia informal que se llevó a cabo el pasado 17 de julio. La decisión del alto tribunal (13 de agosto) fue ‘declararse inhibido’ para llevar el caso. También se elevó una acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que también fue declarada improcedente, pero luego impugnada por la empresa. Por último, se radicó una queja ante la Procuraduría por supuesta falta de imparcialidad del Anla.

Las autoridades ambientales creen que si prospera la tesis de Drummond y todo queda en manos de la Dimar, la multa no superaría los $600 millones, una cifra muy inferior a la que tiene la Anla en el escritorio.

Empresa se defiende

En una comunicación de tres páginas divulgada a mediados de febrero del presente año, Drummond reconoció y lamentó el incidente y además prometió acciones para evitar otros accidentes en el futuro. De hecho, la multinacional, con casa matriz en Alabama, calificó el evento como un ‘accidente industrial’ y durante los últimos meses su estrategia se basó en bajarle el perfil al caso. También se aducen problemas logísticos y mal tiempo en la zona cuando sucedió el vertimiento.

Fuentes de la Drummond negaron a Dinero que las acciones emprendidas en instancias judiciales estén relacionadas con intentos por dilatar el proceso y alegaron que “nunca se ha intentado eludir la responsabilidad de la empresa”. La multinacional insiste en que la Anla no es la entidad competente y anunció que apelará una eventual sanción de esa autoridad ambiental.

La empresa también se queja porque no fue aceptado dentro del proceso un estudio contratado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano que minimiza el impacto ambiental. “Tampoco quisieron escuchar la versión de los inspectores del muelle, de allí que concluyamos que la Anla está actuando como juez y parte”, explicó la carbonera.

Lo que sí reconoce la firma es que hubo un “error de cálculo” en la maniobra del 13 de enero y que están dispuestos a asumir su responsabilidad pero de forma proporcional.

Todo parece indicar que la novela está lejos de terminar y lo que se avecina es una fuerte controversia jurídica.
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