¿La reforma al sistema pensional propuesta por el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, nació muerta? Algunos hechos y reacciones que ha suscitado esta iniciativa parecerían confirmarlo.
La idea de Pardo de que todos los tra
bajadores coticen sobre su primer salario mínimo al sistema público y por encima de este lo hagan en los fondos privados, para que así los regímenes de Prima Media (RPM) –sistema administrado por Colpensiones– y de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) –que lideran las AFP privadas– dejen de competir por los afiliados y se complementen, recibió rápidamente ataques y críticas por parte de los trabajadores, el sector privado y hasta del mismo Gobierno.
Para los trabajadores, la reforma es poco ambiciosa pues la cantidad de personas que lograrán pensionarse seguirá siendo muy baja, por lo que no resuelve a fondo el tema de cobertura pensional. “Y sí nos quedamos con unos programas asistencialistas como Colombia Mayor, que no saca de la pobreza a nuestros viejos, y unos BEPs que no son una pensión”, afirma Domingo Rafael Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), quien agrega que “la reforma no significa un verdadero fortalecimiento del sistema público como ha dicho el Ministro”.
No es la única voz en contra. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de las administradoras privadas de pensiones, ha dicho que sigue siendo innecesario darles subsidios a los salarios más altos (en el RAIS solo se subsidia a la gente de salario mínimo) y que un sistema basado en subsidios que no forma reservas es insostenible en el tiempo.
¿Esto qué significa? Que la reforma no resuelve totalmente los problemas de equidad y sostenibilidad del esquema público. Además, le preocupa que se pueda afectar el crecimiento del ahorro privado y el mercado de capitales. “No dañe lo que está bien para arreglar lo que está mal”, le ha pedido al Ministro.
Y hasta el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que la reforma pensional apenas estaba en etapa de socialización y que en la agenda legislativa era prioritaria la reforma al sistema de salud.
Todo esto simplemente demuestra que será muy difícil llegar a consensos en un tema tan complejo como las pensiones y que la reforma tendrá un complicado camino por recorrer; más aún ahora que se inicia el debate de cara a las elecciones de Congreso y las presidenciales del año entrante.
La idea central del Ministro –como ha dicho Asobancaria– parece atractiva: sustituir unos subsidios que hoy están concentrados en los más ricos por un subsidio igual para todos. Sin embargo, la falta de pormenores genera muchas inquietudes e interrogantes pues, como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”. De hecho, hasta el momento ninguna de las partes conoce el articulado y algunas especulan que no se han hecho los estudios de impacto.
Los problemas de la propuesta
La principal crítica a la reforma es que no habrá una mayor cobertura pensional propiamente dicha. Según el Ministerio de Trabajo, la cobertura pasaría de 43% en la actualidad a 80,3% en 2030, un aumento considerable en poco más de 15 años. Sin embargo, buena parte de esta mayor protección a la vejez se da por el aumento de programas asistenciales como Colombia Mayor y de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) que ya están en marcha. La cobertura pensional solo pasaría de 31% a 34,3%, lo cual no justifica ni para los trabajadores ni para algunos gremios privados una reforma tan de fondo como la que se está planteando.
Además, según estos últimos, dado que las condiciones para pensionarse no cambian, pues los parámetros del RPM siguen siendo los mismos (edad, semanas y monto cotizado, tasas de reemplazo), se seguirán pensionado muy pocos y los subsidios en pensiones seguirán concentrados en las personas de mayores ingresos.
Para Asofondos es injustificable que con recursos públicos se subsidien personas que no lo necesitan. Según cifras del mismo Ministerio, una persona que cotiza sobre un salario mínimo durante toda su vida, termina recibiendo un subsidio del Estado por $87,6 millones, pero quien cotiza sobre 10 salarios mínimos recibe un subsidio de $428,3 millones.
Por esto, muchos consideran que un sistema pensional basado en subsidios –lo cual necesariamente está sustentado en el presupuesto de la nación (lo pagamos todos)– es insostenible y pone en riesgo las finanzas públicas.
Los problemas no se han hecho esperar. Una gran contingencia ya se evidenció en las mesas de concertación, pues representantes de la Vicepresidencia de la República propusieron que la obligación de cotizar al sistema público se hiciera hasta 4 salarios mínimos (y los trabajadores pretenden que sea hasta 10 salarios mínimos). Dado que 85% de los afiliados al sistema pensional gana menos de dos salarios mínimos, esto equivaldría a devolvernos de tajo a un sistema pensional totalmente público con las repercusiones fiscales que esto implica.
Ante estas críticas y riesgos, muchos consideran que la reforma nació muerta. Habrá que ver si Pardo es capaz de revivirla pues, a pesar de que a primera vista no parece prioritaria, es un tema urgente: que el país se esté gastando anualmente $24,9 billones (15% del presupuesto) en menos de un millón de privilegiados, dado que el sistema público solo está sirviendo para pensionar a los más ricos, es algo que requiere una pronta discusión.
“No es una bomba fiscal pues la gente no se está pensionando. Pero sí estamos ante una bomba social”, afirma Pardo. Sin embargo, el proceso de discusión y socialización de su propuesta hasta ahora empieza y al parecer tendrá que empezar por persuadir a sus propios compañeros de gabinete.