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Luego de su posesión para un nuevo período, el procurador, Alejandro Ordóñez, anunció que la investigación sobre el Alcalde Gustavo Petro será puesta a consideración de una Sala Disciplinaria.

| 1/24/2013 8:00:00 AM

Memorial de agravios

Estos son los cargos que el Alcalde de Bogotá tendrá que enfrentar ante la Procuraduría General de la Nación.

Fiel heredero de la casa laureanista, el congresista Miguel Gómez no da su brazo a torcer. Sin el apoyo del Partido de la U, que lo llevó a la Cámara, y sin respaldo de un bloque de opinión que se pueda considerar influyente, este hombre persiste en promover la revocatoria del mandato de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.

Los mecanismos de participación ciudadana están prácticamente sin estrenar después de más de veinte años de adopción. En Colombia los electores nunca le han revocado el mandato a un Alcalde y quizá esa sea una de las razones por las que Petro mira con desdén la “intentona golpista” –como él y sus escuderos se refieren a la iniciativa de Gómez–.

Jorge Rojas, su secretario privado, asegura que el proceso de revocatoria comenzó a ser preparado por Gómez y quienes lo acompañan en su causa el mismo día de la elección de Petro. Para él, se trata de una reacción de quienes se sienten derrotados desde el día en que el Alcalde fue ungido en las urnas.

Pero pocos en el gabinete de Bogotá se atreven a mostrar ni desdén ni vehemencia ante las quejas que contra Petro comienzan a tener eco en los órganos de control. De hecho, en el Palacio Liévano el desconcierto fue inocultable el día en el que el procurador Alejandro Ordóñez estrenó su reelección con el anuncio de que algunas conductas del mandatario bogotano serían sometidas al escrutinio de una Sala Disciplinaria.

No se trata de un asunto menor. Las salas disciplinarias solo se convocan en casos en que el Procurador considera de altísimo impacto ante la opinión y las estadísticas señalan que más de 80% de ellas terminan con drásticas sanciones que casi siempre se traducen en destitución. El jefe del Ministerio Público delega en ellas sus actuaciones, aunque su fuero le permite reservarse la última palabra.

Si bien es cierto, aunque cada tercer día en promedio llega una queja contra el Alcalde a la Contraloría, a la Personería y ante la propia Procuraduría, esta vez las eventuales acusaciones en su contra tienen peso específico. Provienen de una especie de “cabildo abierto” al que no solo concurren ciudadanos del común sino altos funcionarios públicos; todas se relacionan con el caos en el que a finales de 2012 y comienzos de 2013 se había convertido el manejo de las basuras en Bogotá.

En la lista de quejosos cuyas voces fueron atendidas por el Procurador aparecen no solo políticos, que podrían ser catalogados como detractores de Petro, sino funcionarios de alto nivel como el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón. La diversidad de los denunciantes hace improbable que se trate de una simple componenda política.

Esa teoría es reforzada también por la calidad de documentos que revelan que los contratos para la recolección de basuras estuvieron rondados por intereses personalísimos como los que tuvieron los contratistas privados que tenían listos equipos y camiones aún antes de que Petro anunciara la decisión de declarar la caducidad de los contratos con los operadores habituales, de la que luego tuvo que retractarse.

El memorial


La Sala Disciplinaria, presidida por procurador primero delegado para la Contratación, Juan Carlos Novoa, hizo un acopio de las quejas que surgieron de esa especie de cabildo abierto. Estos son los ‘agravios’ que hacen parte del memorial.

El auto de apertura de investigación acoge algunos argumentos del concejal Orlando Parada Díaz, con quien Petro ha sostenido constantes controversias que han girado precisamente en torno a los carruseles de la contratación. Parada entregó una grabación que, según él, compromete disciplinaria y penalmente al Alcalde en relación con el manejo que le ha dado al servicio-negocio de las basuras.

El defensor Otálora sostiene, en la misma instancia, que el Alcalde puso en peligro la salud humana y el medio ambiente durante el ‘limbo’ en que dejó la recolección cuando se enfrentó, improvisando decisiones administrativas, con los representantes de las firmas responsables de recoger las basuras.

El personero Cañón alega que Petro “ocultó” su plan de acción para asegurar la continuidad en el servicio y, con él, numerosos documentos que darían fe del grado de transparencia de las decisiones tomadas.

Al memorial se sumó Jorge Eliécer Miranda Téllez, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores, para quien el mandatario se llevó de calle normas y acuerdos laborales al ordenar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) se hiciera cargo del servicio de aseo. Por esa causa y por posibles “intereses protervos”, como lo han llamado algunos cabildantes, el gerente de la EAAB, Diego Bravo, fue puesto contra los palos en el Concejo por la dirigente María Victoria Vargas durante el primer debate de control político del año.

La decisión de la Procuraduría tiene tanto de largo como de ancho. No puede olvidarse el hecho de que procuradores delegados y funcionarios del Ministerio Público han tenido injerencia en las decisiones sobre el tema de la basura y han tenido cargos, producto de comisiones de encargo, en el sector. Aunque está presente el riesgo de la destitución, tampoco puede excluirse del menú de las posibilidades que una absolución haga tránsito a cosa juzgada, con lo que el alcalde se quitaría de encima un pesado piano.

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