| 9/18/2013 6:00:00 PM

¿Cómo pagar por la paz?

Mientras el Gobierno define mecanismos económicos para rescatar el agro, muchos se preguntan cuáles serán las herramientas del Estado para financiar el posconflicto. ¿Cómo hacerlo?

A mediados de septiembre, justo cuando el Gobierno comenzaba a sofocar la hoguera encendida por el paro agrario, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le presentó al país una ‘receta’ encaminada a recaudar $3,1 billones para atender las necesidades del sector agropecuario. Con voz en cuello, el funcionario sentenció: “si el cuatro por mil salvó a los bancos, ¿por qué no usarlo ahora para el agro”. Con su anuncio sólo confirmaba que aquel impuesto –concebido inicialmente como una medida transitoria en momentos de crisis dentro de la banca pública– será entonces la tabla de salvación del maltrecho campo colombiano.

La noticia, que entre otras cosas desató una andanada de críticas por tratarse de un tributo antitécnico, a su vez dio origen a un interrogante de grueso calibre: ¿si el cuatro por mil será la fuente de recursos para salvar el sector agrícola, de dónde provendrán los miles de millones que necesitará el país a la hora de afrontar un eventual escenario de posconflicto?

Consultados por Dinero, analistas económicos plantearon tres posibles escenarios. El primero, crear un tributo para la paz que pagarían todos los colombianos según su capacidad financiera. El segundo, estaría en cambiar la destinación del impuesto al patrimonio –hoy reservado para la guerra– y cuyos contribuyentes son aquellos que gozan de un patrimonio líquido superior a los $3.000 millones. Y, por último, acudir a mecanismos de cooperación internacional o a empréstitos con bancas multilaterales.

Aunque mucho más compleja, otra alternativa barajada por los expertos podría estar en la creación de un fondo alimentado con dineros de la guerrilla, actualmente representados en vastas extensiones de tierra y en las no pocas utilidades que ha generado su actividad narcotraficante: US$1.000 millones al año.

Al margen de cuál sea la carta elegida entre este naipe de opciones, lo cierto es que los gastos que demanda el posconflicto no son menores y, por eso, encontrar la fórmula para financiarlos es muy complejo y perentorio.

En un extenso estudio, titulado Oportunidades de desarrollo económico en el posconflicto: propuestas de política, la decana de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez, concluye que “el gasto en defensa de los países en épocas de posconflicto alcanza a representar 4,5% del PIB; es decir: estaría cerca de 1,7 puntos porcentuales por encima del gasto requerido en tiempos de paz”.

Dice la académica, por otra parte, que ese gasto adicional ocasiona pérdidas acumuladas durante la primera década de paz, equivalentes a 17% de un año del PIB. Y remata con una frase lapidaria: “la fuga de capitales se profundiza al aumentar de 19,7% en la época de conflicto a 26,1% en la época del posconflicto”.

Habría que sumarle a lo anterior otros tres flancos de inversión que necesariamente tendría que atender el Estado tras la firma de un acuerdo de paz. Por una parte, los miles de millones que habría que destinar a la consolidación institucional del territorio –por años– controlado por la guerrilla. Por otro lado, asumir los costos propios de un proceso de desmovilización y reinserción que, en el caso de las Farc, involucraría por lo menos a 8.000 hombres. Y, finalmente, los altos gastos que conlleva la recuperación de los activos productivos que se perdieron con la guerra.

Un cálculo previo hecho por la firma Raddar, señala que para ponerle el pecho a este entramado económico que encierra al posconflicto, la Nación tendría que desembolsar una partida cercana a los $22 billones anuales, al menos durante 20 años. Algo que equivale más o menos a 18% o 20% del presupuesto nacional.

Es precisamente ese multimillonario monto el que, en buena medida, tendría que salir de las alternativas tributarias arriba sugeridas. Así pues, ¿qué indican las experiencias económicas de países que franquearon procesos de paz y hoy financian su etapa de posconflicto?

Voz de la experiencia


Para hablar de posconflicto es preciso desempolvar episodios de ciertos países africanos que, pese a haber superado la guerra hace décadas, siguen enfrentadas a economías débiles y altos índices de criminalidad.

Es el caso de Uganda, un país que luego de sortear una cruenta e intermitente guerra civil, tras la firma del acuerdo de paz de Nairobi –en diciembre de 1985– aumentó 40% su gasto militar durante los primeros tres años de paz. La iniciativa fue financiada con medidas coercitivas impuestas al sector industrial, como la aplicación de drásticos tributos.

Y, aunque la etapa de posconflicto en Uganda es calificada por los conocedores de su historia como “adecuada”, el país no ha podido alcanzar los niveles de PIB per cápita esperados y 60% de su población afirma estar en peores condiciones que antes de la guerra. Exactamente lo mismo ocurre con el resto de países africanos que atravesaron por coyunturas similares, como Etiopía o Ruanda.

Muy diferente, sin embargo, son algunas de las experiencias en Asia. Un botón para la muestra es Mindanao, una isla autónoma del archipiélago filipino que por años estuvo inmersa en un conflicto religioso y tras alcanzar la paz asumió los gastos del posconflicto con capital proveniente de inversionistas y empresarios que se asentaron en la región una vez su situación se estabilizó.

Por estas latitudes sobresale el caso de El Salvador que, a diferencia de los países africanos y asiáticos en mención, redujo su gasto militar tan pronto firmó los acuerdos de paz de Chapultepec con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1992. La consecuencia de dicha decisión fue nefasta: los índices de criminalidad e inseguridad se dispararon y la delincuencia juvenil resurgió de entre las cenizas.

Si la meta del presidente Santos de firmar la paz con las Farc se cumple antes de que termine su periodo, tal y como lo ha planteado, el país estaría ad portas de entrar en la transición al posconflicto. De los mecanismos que adopte el Gobierno para financiar esta difícil etapa dependerá que Colombia no repita errores del pasado y asuma por lo alto los desafíos del futuro.
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