La sequía reciente ha puesto la mira de todos los expertos en el sistema energético en Colombia. Hasta el momento los mensajes son alentadores y todos coinciden en que Colombia está lejos de la amenaza de un “apagón”.
Sin embargo, lo que sí ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad más inminente no es la baja en el nivel de los embalses, sino que la red eléctrica se está quedando pequeña en algunos puntos sensibles. El caso de Cartagena y la subestación El Bosque es el más claro. El debate entre la administración de la ciudad y la empresa ISA alargó el tiempo de ejecución. El problema hizo que inclusive el año pasado, durante las épocas de mayor demanda, como la Cumbre de las Américas o las temporadas vacacionales, se presentaran interrupciones en el servicio. Esta subestación deberá estar en funcionamiento en mayo próximo.
Pero no es el único caso. En Bogotá, la señal de alerta la dio el alcalde Gustavo Petro con el proyecto Nueva Esperanza. Esa subestación, ubicada en el departamento de Cundinamarca, permitiría reforzar el sistema energético que alimenta a la Capital. Se suponía que Nueva Esperanza debería haber entrado en funcionamiento en agosto del año pasado; pero, según el Gobierno, las obras estarán listas apenas para el primer trimestre de 2014.
Las razones de las demoras de estos dos proyectos deberían servir de ejemplo y motivo de preocupación para todo el sector. En el caso de El Bosque, las dificultades han sido técnicas y sociales. En primera instancia, la ubicación de la subestación implicaba colocar redes aéreas que iban a afectar a poblaciones pobres de Bolívar. El tema fue discutido largamente con la comunidad, hasta que se logró un acuerdo para que los cables fueran enterrados.
En el caso del proyecto Nueva Esperanza, las demoras estuvieron relacionadas, en buena medida, con la licencia ambiental.
Así que la premisa básica acerca de los proyectos energéticos es que su ejecución siempre termina alargándose más de lo debido.
Nuevas obras
La preocupación debe ser creciente, pues las necesidades de expandir la red y mejorar las condiciones de transmisión de energía en el país aumentan día a día.
En respuesta a un cuestionario enviado por Revista Dinero, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) señaló que las inversiones más urgentes, además de El Bosque y Nueva Esperanza, podrían llegar a valer unos US$280 millones en los próximos cinco años y son siete proyectos cuya licitación tendrá lugar en 2013.
Según la Upme, en la lista están la línea entre Chinú, Montería y Urabá, que beneficiará a Córdoba y Sucre; la línea entre Bello, Guayabal (centro de Medellín) y Ancón en el municipio de Caldas, para consolidar el servicio en el Valle de Aburrá; una nueva subestación en Suria y otras obras para el Meta; la línea entre Termoflores, Caracolí (nueva en el sur de Barranquilla) y Sabanalarga; la línea entre las subestaciones Bolívar y Cartagena y “la normalización de las subestaciones Malena y Caño Limón para mejorar la seguridad en el suministro”.
Estas obras se refieren solo al Sistema de Transmisión Nacional. Habrá que sumarles las obras que tengan pensadas las empresas de distribución para afrontar los desafíos particulares de cada ciudad. Es claro que las necesidades de expansión energética en Colombia son crecientes. La pregunta en el aire es si llegamos a tiempo a estos proyectos.
Señal de alerta
El asunto central es que la demanda de energía viene creciendo a buen ritmo. Esto implica mayores presiones sobre la infraestructura energética. De acuerdo con XM, empresa de ISA que administra la información del sistema energético nacional, en 2012 la demanda de energía creció 3,8%, el mayor indicador de los últimos cinco años. Ese comportamiento estuvo impulsado por lo ocurrido con los sectores de minas y canteras, construcción y el sector financiero, entre otros.
Regionalmente, uno de los casos más llamativos es el de la Costa Atlántica, donde el consumo de energía creció el año pasado a 6,2% anual, muy por encima del promedio nacional. Este fenómeno es explicado por el crecimiento en la producción de grandes empresas de la región y la llegada de otras firmas a ciudades como Barranquilla o Cartagena.
Todo este movimiento demanda nueva infraestructura energética. Algunos ejemplos sirven para ilustrar la situación. Prodeco, una de las firmas carboníferas más importantes, solicitó una nueva conexión energética para Puerto Nuevo, su primer puerto de cargue directo en Ciénaga. Ecopetrol ha hecho solicitudes similares para su puerto de embarque de Coveñas, la estación de Sebastopol y el Oleoducto Trasandino. En la lista se pueden incluir otras firmas como Cerro Matoso, que con la prórroga del contrato deberá aumentar su producción; es la firma que consume más energía en el país.
Esto muestra que la red energética en Colombia está cada vez más cargada y ello aumenta las exigencias de infraestructura para impedir que se presenten problemas en el suministro; si la infraestructura no se moderniza y amplía al mismo ritmo en que crece la economía, los riesgos irán aumentando.
Aquí es donde surgen las dudas, pues muchas empresas necesitan conectar a la red sus nuevos proyectos y la extensión del sistema podría demorarse aún. Las autoridades creen que con las licitaciones que están en marcha, la suerte está salvada y el país puede estar tranquilo. Pero lo ocurrido con Bogotá y Cartagena muestra que realizar proyectos de expansión energética en Colombia implica muchas dificultades, algunas de las cuales terminan demorando años las obras. El Gobierno no puede dormirse en los laureles. Hay que acelerar la ejecución de estos trabajos, porque en materia energética las necesidades son para antier.