Las cuentas no cuadran. Mientras los concesionarios de la mayoría de puertos en el país reciben cada año jugosas utilidades por la explotación de las playas e infraestructura, el dinero que estas empresas pagan como contraprestación a la Nación no alcanza ni para cubrir el predial.
El desequilibrio económico entre las dos partes sería de tal magnitud, que el contralor delegado de infraestructura, Nelson Izáciga, le anticipó a Dinero que abrirá una auditoría especial a los contratos suscritos en Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, los cuatro puertos con mayor movilización de mercancías en el país.
El negocio no fue muy equitativo desde un comienzo. En 1991, cuando el Estado concesionó los puertos debido a la debacle financiera que había significado Colpuertos, las contraprestaciones se establecieron con base en proyecciones de cada operador. Ahí empezaron los problemas, pues algunas empresas fijaban metas muy conservadoras con el fin de bajar los pagos. El mundo al revés. La Nación asume el pago del predial de estas áreas que son explotadas por particulares. Pero, como si fuera poco, el dinero de las contraprestaciones no alcanza ni para pagar ese impuesto. Solo para citar un ejemplo: la Nación pagó en 2011 por predial en Buenaventura $20.684 millones frente a unas contraprestaciones por $8.952 millones.
Otras cifras también dan cuenta del hueco. Al año 2016, los requerimientos de inversión del Ministerio del Transporte para dragado y vías de acceso a los puertos ascienden a unos $800.000 millones y este año solo se recaudarán cerca de $60.000 millones en contraprestaciones. “Necesitamos $200.000 millones por año, solo para cumplir con las obras de dragado y vías de acceso a los puertos cuya responsabilidad es de la Nación”, dijo un analista del Ministerio.
El pago que se hace a los municipios, algunos de ellos sumidos en la pobreza, es todavía inferior. En 2010, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Tumaco, San Andrés, Turbo y Coveñas recibieron cerca de $8.000 millones; es decir, a cada uno le tocaron no más de $600 millones por concepto de contraprestación.
Para tratar de equilibrar un poco las cargas, el Ministerio del Transporte diseña por estos días una fórmula de cobro que permita reducir el desequilibrio. En ella se tiene previsto cobrar según el área concesionada y la carga movilizada por año. Si la metodología que está planeando el Gobierno se estuviera aplicando, se pasaría de US$30 millones en contraprestaciones a cerca de US$150 millones. La propuesta debe pasar primero por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Lo malo es que esta fórmula solo puede aplicarse para nuevas concesiones o en renegociaciones futuras. Los contratos con Prodeco, Ecopetrol Cartagena, Exxon Mobil y Ocensa vencen en los próximos años, por lo que serían los primeros en acogerse al nuevo modelo. Las sociedades portuarias que ya tienen firmados contratos de concesión no pagarán más, pero si piden más áreas o renegocian los actuales convenios tendrían que meterse la mano al dril.