Noticias generadas en los últimos meses hacen de Buenaventura y esa zona del país casi una maldición. La doble calzada que reducirá el tiempo de viaje entre Buga y Buenaventura, y que se construye por ‘pedacitos’ hace varios años, presenta enormes atrasos y, para colmo, las obras en uno de sus tramos más importantes (Loboguerrero–Mediacanoa) fueron suspendidas el pasado 30 de octubre por orden de la Corte Constitucional por no haber tenido en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y raizales.
Algunos sectores del Gobierno y gremios creen que detrás de esta decisión están oscuras intenciones de personas que se lucran con el trámite de las consultas previas y las licencias ambientales. Se escucha con insistencia el nombre de Rosa Solís, una supuesta líder de la zona.
Ahí no paran los problemas. Esta doble calzada es un proyecto sin pies ni cabeza, pues no se ha contratado la ampliación a cuatro carriles de los accesos al puerto y la salida de Buga. Adicionalmente, en este pequeño trayecto de 122 kilómetros (Buga– Buenaventura) se manejan cuatro tipos de contratos diferentes; lo que da una idea de la disparidad en las políticas públicas.
Otra perla. En junio del presente año, algunos medios de comunicación anunciaron que la multinacional brasileña Embraer montaría una fábrica de aviones de carga en el puerto, un proyecto que al parecer no despegará. El motivo: la gigante de la aviación pretende que el gobierno colombiano le compre a cambio unos aviones de combate. Es una condición que parece no tener eco en las oficinas del Ministerio de Defensa, donde todo se hace mediante licitación. Mientras este sueño se comienza a desinflar, el desempleo, que ya ronda el 65% en la región, según la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada, cifra solo comparable con el África Subsahariana.
Pero hay más ejemplos. El 2 de agosto pasado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inauguró con bombos y platillos un tramo del Ferrocarril del Pacífico, un proyecto que busca conectar a Buenaventura con La Felisa (Caldas) y reducir los costos y tiempos de viaje de las mercancías. Aunque la noticia en principio era buena, empresarios de la región se han venido quejando porque no se modificó el ancho de los rieles (trocha angosta a trocha ancha) situación que no permite incorporar la mejor tecnología ferroviaria y porque en algunos tramos empinados es necesario que una locomotora se devuelva para remolcar la carga, circunstancia que genera retrasos y eventuales sobrecostos. En una columna de opinión del diario El País de Cali, se recuerda que en los últimos diez años este proyecto ha sido inaugurado cuatro veces.
Ni hablar de la inseguridad. En agosto del presente año la guerrilla dinamitó una de las torres de energía de la zona y dejó a Buenaventura sin fluido eléctrico durante 75 horas. De hecho, en los últimos 12 años se han registrado 9 apagones causados por los grupos armados, lo que da una idea de la fragilidad del sistema en ese sector. Para tratar de mejorar la situación, la Empresa de Energía del Pacífico –Epsa– tiene en sus planes la construcción de una segunda línea de transmisión eléctrica entre Calima y Buenaventura, con una inversión de $30.000 millones, pero primero tendrá que lidiar el tema ambiental y de consultas previas con las mismas comunidades que tienen frenada la doble calzada.
Aunque el panorama es oscuro, la violencia –pan de todos los días– y la falta de mano de obra calificada, un gran talón de Aquiles, el sector privado tiene lista la chequera.
Empresarios de la región están invirtiendo US$50 millones en la construcción de Celpa, la primera zona franca permanente en la región. También se habla del interés de Dubái Ports, una multinacional de escala mundial que querría quedarse con una participación de la Sociedad Portuaria, sin contar los proyectos logísticos que planean los transportadores de carga y más proyectos portuarios en la zona.
Otro plan de choque
Ante semejante coyuntura, el gobierno nacional, en cabeza de la alta consejera para la gestión pública y privada, Catalina Crane, alista una estrategia que busca en el mediano y largo plazo darle viabilidad a esta zona.
“En Buenaventura se conjugan hoy todos los problemas del país: pobreza, inseguridad, desplazamiento, Bacrim, desempleo e infraestructura deficiente. Con todo y esto, la alta consejería busca definir una estrategia que permita hacerles seguimiento y control a obras de gran impacto, como el dragado del canal a 12,5 metros, el ferrocarril y la doble calzada con los líos que se conocen. También hay proyectos que ayudarán a revitalizar la región, como la conexión del cable submarino, la llegada de gas natural a la ciudad y el montaje de una planta de regasificación que la Creg tiene en fase de estudios”, explicó Crane a Dinero.
La funcionaria también habló de un malecón cuyo costo asciende a los $160.000 millones y al cual se le busca financiamiento, así como la llegada de la fibra óptica, un nuevo acueducto y una nueva plataforma logística.
Algunos de estos proyectos cuentan con el acompañamiento del BID, la CAF y Findeter. Incluso, el alto gobierno le colocó doliente al tema y nombró al exviceministro de transporte, Dimitri Zaninovich, para poner a rodar la estrategia y así entrar de manera decorosa a la Apec y a la Alianza Pacífico. El tema es determinar cuándo se pasará del powerpoint a la realidad, sobre todo cuando se han aprobado en los últimos años 12 documentos Conpes para la zona y cualquier cantidad de ‘planes de choque’.