| 4/4/2014 9:41:00 AM

El lote de la discordia

Un predio del sur de Bogotá, sobre el que opera Almacafé, es objeto de un millonario pleito jurídico. La DNE, la Fiscalía, Pastor Perafán y Caracol Comercial hacen parte de la historia. ¿De qué se trata el enfrentamiento?

Dice el diccionario de la Real Academia Española que la palabra kafkiano hace referencia, entre otras acepciones, a una situación absurda o angustiosa. Así las cosas, ningún término podría ajustarse mejor al momento de describir la insoportable disputa iniciada hace 24 años para definir quién es el verdadero propietario de un lote avaluado en cerca de $10.000 millones. Y aunque han transcurrido más de dos décadas, a estas alturas el caso sigue durmiendo sobre un lecho de incertidumbre.

La historia parece sacada del más irracional pasaje de Kafka. Todo se remonta a principios de los 90, cuando el inmigrante italiano Alberto Caputo Valente, entonces representante legal de Comercial Caracol Ltda., vendió el activo más preciado de su sociedad: un terreno de 9.410 m2, incrustado en pleno corazón de la zona industrial de Bogotá. Según lo acordado, el comprador sería su hermano Guido quien, mediante su empresa Invercafín Ltda., finalmente se hizo al apetecido predio. 

Hasta ahí las cosas transitaban por un camino de calma. La turbulencia, sin embargo, llegó en 1991, cuando Alberto Caputo demandó a su hermano por algo conocido en términos legales como lesión enorme. Es decir: consideró que había vendido el lote por un precio inferior a la mitad de su valor real y en consecuencia exigió su devolución.

De acuerdo con los procedimientos legales, el 9 de agosto de 1991 Alberto Caputo reportó ante la Oficina de Instrumentos Públicos la existencia del proceso. “Este registro de demanda se hizo precisamente para que cualquier nuevo comprador supiera que sobre el inmueble existía un pleito pendiente, al cual legalmente quedaría sometido”, señala el jurista Ernesto Gamboa Morales, apoderado de la familia Caputo.

Días después de que Alberto Caputo hiciera esa inscripción, su hermano Guido –mediante su compañía Invercafín– notificó a la oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá que acababa de vender el famoso lote a la firma Coexcafé, especializada entonces en procesos industriales relacionados con la producción de café. 

Sin siquiera sospecharlo, al cabo de dos años Guido Caputo advirtió que la empresa Coexcafé, con la que había negociado el predio, era de propiedad del narcotraficante Justo Pastor Perafán, hoy extraditado y recluido en una penitenciaría estadounidense.

Desde ese preciso instante, el lote empezó a atravesar por una seguidilla de inesperados eventos. Por un lado, en 1997 la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por orden de la Fiscalía decidió incluirlo en un proceso de extinción de dominio. Años después, en 2002, la misma DNE lo dejó en manos de la Federación Nacional de Cafeteros y posteriormente –hasta el sol de hoy–, de Almacafé, bajo una figura jurídica denominada depósito provisional.

En medio de ese maremágnum de acontecimientos, Alberto Caputo, aquel inmigrante italiano que había demandado a su hermano años atrás, falleció. Un duro revés para la familia que no impidió que el pleito siguiera vivo. Por eso, la batalla quedó en manos de su hijo Jorge Caputo quien en 2008 recibió una alentadora noticia para su círculo familiar.

Tenía que ver con una extensa sentencia en la que el Tribunal Superior de Bogotá concluía que el lote de la discordia, en efecto, debía ser devuelto a la sociedad Comercial Caracol Ltda., de propiedad del fallecido Alberto Caputo y ahora de su hijo Jorge. “Dicha sentencia no solo ordenó reversar la venta a Coexcafé sino también todas las medidas cautelares efectuadas por la DNE sobre el lote, al paso que exigió su devolución inmediata a Comercial Caracol”, explica Jorge Caputo, actual gerente de Comercial Caracol. 

Pese a lo ordenado por el alto tribunal, a la fecha la DNE no ha devuelto el bien. Consultada sobre el asunto, María Mercedes Perry, representante legal de la DNE en Liquidación, le respondió a Dinero lo siguiente: esta entidad “no puede entregar un bien cuya administración le ha sido encomendada en virtud de un proceso de extinción de dominio, hasta tanto no obre orden judicial de devolución (…), lo que a la fecha no se ha producido. Entregar el bien desconociendo la orden judicial vigente podría llevar a un fraude a resolución judicial”.

A lo anterior, Gamboa Morales replicó que el verdadero fraude a resolución judicial se está cometiendo contra la sentencia del Tribunal favorable a su cliente.

Por su parte, César Barrero, director jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros, le aseguró a esta Revista que “los procesos judiciales de los Caputo no nos vinculan jurídicamente y no hacemos parte de ellos”. Y remató: “lo que realmente hace en la actualidad Almacafé con el lote es ser su depositario legal en virtud de un acto administrativo de la DNE que, entre otras, no ha sido revocado”.

En ese orden de ideas, la disputa entre los Caputo y el Estado sigue más viva que nunca. Del buen criterio y la diligencia de la administración de justicia dependerá entonces que el codiciado lote quede en manos de su verdadero propietario.
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