| 5/26/2016 12:00:00 AM

Se dispara el número de tribunales en arbitramento

Fallas en los contratos, temor de los funcionarios, cambios en las reglas de juego y voracidad de algunos contratistas dispararon el número de tribunales de arbitramento del sector infraestructura.

Aunque no hay contrato perfecto y siempre pueden suceder eventualidades en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, llama la atención –por decir lo menos– el elevado número de tribunales de arbitramento, y todavía más sorprendente los montos que están en juego en dichos procesos.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el número de tribunales activos llega a 24, con sumas que van desde los $160 millones hasta los $645.000 millones, como es el caso de un proceso con la Ruta del Sol sector 2. Otro del mismo concesionario pretende $394.000 millones.

Los motivos de las disputas son muy diversos. En el caso de la Ruta del Sol sector 2, el contratista reclama eventos eximentes de responsabilidad e incumplimientos contractuales; la Ruta Caribe también tiene un tribunal en el que reclama $337.000 millones por “incumplimientos, obras adicionales, entregas tardías de peajes y hasta efectos por la ola invernal”. También están las conciliaciones que se logran entre las partes. Según la ANI, en los dos últimos años se lograron acuerdos con Zona Metropolitana de Cúcuta, Aeropuerto El Dorado –el cual reclamaba $136.000 millones– la concesión Neiva-Espinal-Girardot, Ruta del Sol, sector 1 y 3, Córdoba-Sucre, Rumichaca-Pasto y Ruta Caribe.

Hay que decir que también existen los tribunales o demandas que instaura la ANI contra concesionarios por cuantías importantes y desequilibrios financieros. Uno de ellos es contra la Malla Vial del Valle del Cauca por supuesto desequilibrio financiero del contrato y desplazamiento del cronograma. Allí la ANI reclama unos $325.000 millones.

Para Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, hay una historia positiva en todo esto en la medida en que buena parte de esos tribunales se están ganando. Andrade explica que lo importante no es que se instauren estos tribunales, sino la forma cómo se resuelven.

Otra cosa piensan algunos constructores. Mario Huertas, presidente de MHC, afirma que es necesario revisar los hechos que desembocaron en los tribunales “e intentar que esos problemas no se repitan”. También asegura que hay responsabilidades de los funcionarios en general, en la medida en que todos son temerosos de tomar decisiones. “Todos tienen que admitir una responsabilidad”, dijo. Y es que, ante el temor de ser investigados por la Contraloría o Procuraduría, algunos funcionarios dejan que sean los tribunales los que tomen una decisión.

Un tribunal de arbitramiento genera un desgaste administrativo en las entidades y constructoras. Además de los costos del proceso, hay que sumar la demora en la toma de decisiones. El fallo en estas instancias puede tardar de uno a tres años. Otras figuras como el amigable componedor pueden ayudar a solucionar las controversias menores. De acuerdo con la ANI, esta instancia es mucho más ágil en la toma de decisiones, pues solo tardaría entre 3 y 4 meses. En este caso, entidades de control como la Procuraduría no pueden hacer acompañamiento, pero sí pueden emitir un concepto, un blindaje que le daría confianza al servidor público para destrabar los procesos. Al menos en teoría.

En teoría también se afirmaba que la Ley 1682 de 2013 o Ley de Infraestructura iba a destrabar los líos asociados a la compra de predios y traslado de redes. En la práctica, eso no parece haber sucedido en todos los casos. Durante una reciente intervención en un foro sobre el programa vial 4G, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, dijo que “se siguen presentando dificultades prediales, ambientales y de redes de servicios públicos en las obras”. Y que 4G será una ‘prueba ácida’ para esta normatividad que fue anunciada como una de las grandes soluciones a los problemas que retrasaban las obras.

Esta Ley de Infraestructura aprobada prevé plazos fijos para que un juez habilite un predio para el desarrollo de obras, aún si no se ha definido el monto de la indemnización. En ese sentido, Mario Huertas afirma que hace falta un trabajo especial para que algunos jueces regionales entiendan el alcance de la Ley 1682 y de esta manera no se frenen los proyectos.

Otras soluciones no convencionales parecen asomarse en el camino. A la par con el incremento en el número de tribunales, hay que decir que la gestión del vicepresidente Germán Vargas Lleras ha sido fundamental. Independiente de si cae bien o no su estilo, queda claro que lo que no logra la Ley de Infraestructura todavía lo puede compensar una llamada telefónica del Vicepresidente. Según la ANI, en las dos últimas semanas se lograron agilizar al menos 120 permisos de todo tipo.

También es necesario destacar el fortalecimiento de los departamentos jurídicos de la ANI y la gestión de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que ha sido fundamental para ganar procesos, algo que no sucedía hasta hace un tiempo. Aunque esta entidad no se quiso pronunciar sobre este tipo de procesos, se sabe que el equipo de abogados que trabaja allí cuenta con experiencia y está a la altura de los equipos y bufetes de abogados de las constructoras.

A pesar de estos avances, falta trabajo de coordinación entre las entidades de los municipios con organismos nacionales. “En el desarrollo de una obra, la ANI me puede decir, siga adelante, ejecute, pero por otro lado una entidad municipal me frena el proyecto por un papel”, se quejó uno de los constructores.

Es cierto que son inevitables los tribunales, pero algunos o muchos de ellos se pueden evitar si se toman los correctivos contractuales y se tiene en cuenta lo que los abogados llaman ‘hechos sobrevinientes’. Uno de ellos fue el invierno de 2009, que obligó a cambiar el diseño de algunas vías y por consiguiente los acuerdos y modelos financieros. Ojalá que la próxima ola invernal ya cantada por el Ideam, entre octubre de 2016 y marzo de 2017, no sea otro ‘hecho sobreviniente’ que amerite una nueva oleada de demandas y tribunalitis.

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