Doce fiscales y 40 investigadores –entre ellos economistas, contadores, actuarios e ingenieros de sistemas– enfrentan un reto colosal: establecer si en el colapso de la comisionista de InterBolsa hubo manos criminales.
Además de los interrogatorios a los dueños y altos ejecutivos de InterBolsa y a corredores que se han declarado dispuestos a colaborar y de entrevistas con no menos de 80 víctimas, su trabajo incluye el examen técnico de 35 discos duros que contienen un mar de información en el que podría salir a flote la verdad sobre lo ocurrido.
Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal General de la Nación y director estratégico del equipo, le explicó a Dinero que las hipótesis giran alrededor de siete delitos, algunos de los cuales son de reciente inclusión en el Código y están considerados como “tipos penales en blanco”; es decir, conductas que deben ser ‘rellenadas’ con evidencias que sirvan para describirlas cabalmente. Estas son esas siete hipótesis:
1–Manipulación de acciones. “Estamos analizando –explica Perdomo– el manejo dado a acciones de siete empresas, entre ellas Fabricato, Coltejer, Odinsa, Tablemac, Bolsa Mercantil de Colombia y la propia InterBolsa, para saber si sus precios fueron manipulados para darles la liquidez necesaria para hacerlas repiables”.
2– Administración desleal. Este delito se presenta cuando quienes captan recursos del público los administran en condiciones distintas a las inicialmente pactadas con sus clientes y sin decirles a estos la verdad sobre sus manejos. Este podría ser el caso de los recursos confiados al Fondo Premium de Curazao.
3– Autopréstamos. Esta denominación coloquial está contemplada en el artículo 315 del Código Penal como operaciones no autorizadas con accionistas o asociados de una empresa. Su forma más común es el otorgamiento de créditos por interpuestas personas.
4– Estafa. Esta conducta, que para el caso es la más vieja de la legislación penal, se habría configurado cuando personas de buena fe compraron acciones a precios inflados o artificiales y, por esa causa, terminaron perdiendo el dinero de la inversión.
5– Lavado de activos. Se trata de la posible utilización, en operaciones bursátiles, de dineros provenientes de actividades ilícitas con un doble propósito: darles apariencia de legalidad y conseguir liquidez. El vicefiscal admite que, si bien hay algunas evidencias, esta es la más débil de las hipótesis consideradas.
6– Evasión. En este caso, los investigadores les seguirán la pista a dineros que pudieron haber tenido como destino paraísos fiscales sin haber sido reportados primero a la autoridad tributaria colombiana.
7– Falsedad. Aquí podría materializarse, si se comprueba, como lo afirman algunos clientes de la comisionista, que sus firmas fueron falsificadas o utilizadas indebidamente en documentos usados en millonarias operaciones que jamás fueron autorizadas por ellos.
La Fiscalía activará además mecanismos de cooperación judicial para remover talanqueras que podrían alzarse al paso de sus investigadores en Curazao o Delaware, donde hay información de utilidad que podría llevar, incluso, a que agentes extranjeros sean vinculados a la investigación.
Las autoridades no se atreven a señalar plazos para tomar decisiones. En el caso de la Fiscalía, la investigación completa ya seis semanas de febril actividad pero no habrá imputaciones sin el soporte necesario. Su consigna es hacer justicia a las víctimas sin generar mayores perjuicios al ya golpeado mercado bursátil.