| 2/16/2017 12:00:00 AM

Estos son los riesgos más preocupantes de la economía colombiana en 2017

El Gobierno lanzó el programa Colombia Repunta, que busca darle un nuevo impulso a la economía. Al evento asistieron representantes del Banco de la República y el FMI.

La incertidumbre volvió a tomarse la agenda. El escándalo de corrupción de Odebrecht puede minar la confianza. La Administración del presidente Santos busca fórmulas para que la economía no se frene.

Las cuentas de la economía para este año estaban claras: un repunte de la actividad exportadora, una tasa de cambio estable, la reducción del déficit de cuenta corriente y una menor inflación que, a pesar de la tributaria, viene cayendo desde el segundo semestre del año pasado –sin llegar todavía al rango meta– daban a muchos para ser optimistas sobre la actividad productiva en 2017.

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A eso se le sumaba el inicio de las primeras obras de las concesiones de Cuarta Generación (4G) y el cierre financiero de al menos una tercera parte, así como el desarrollo de los proyectos de las administraciones locales –gobernaciones y alcaldías– y un repunte en el consumo. Esto debería llevar a un crecimiento, según las cuentas del Gobierno, de 2,5% que, si bien no es el mejor de todos, sería más alto que el del año pasado que, al parecer, habría terminado por debajo de 2%.

Sin embargo, el inicio del año ha sido más traumático de lo previsto. En el campo internacional, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, algunas elecciones en Europa y los mercados asiáticos han puesto a los empresarios colombianos en actitud de cautela, dice el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

En el campo interno casi se ha generado una tormenta. Enero tuvo un mal comportamiento en el consumo, explicado en gran parte por la entrada en vigencia de la reforma tributaria, pero también porque el ambiente ha estado muy caldeado: el huracán del escándalo de corrupción de Odebrecht está golpeando no solo los cimientos y la financiación del sector de infraestructura –llamado a ser uno de los ejes del crecimiento de la economía este y los próximos años– , sino también generando efectos colaterales por las investigaciones que se han abierto a las pasadas campañas presidenciales, lo que le podría generar problemas de gobernabilidad al Ejecutivo. De hecho, según la revista Semana, este escándalo podría mantenerse por un tiempo y generar implicaciones en la gobernabilidad, que ya se ven, por ejemplo, en la dinámica que trae el fast track en el Congreso para implementar los acuerdos de La Habana.

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Es muy incierto lo que pueda pasar con el escándalo de corrupción, pues cada día trae una información nueva y de grandes dimensiones. Por ejemplo, el senador Jorge Robledo interpuso una queja disciplinaria contra Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, por haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios frente al caso de Odebrecht en Colombia, por haber asesorado desde su firma de abogados a Navelena en el proyecto del Río Magdalena y a Ruta del Sol, y haber firmado el Conpes de adición de la vía Ocaña-Gamarra, como superministro del gobierno Santos, y no haberse declarado impedido. Además, para Robledo hay otro conflicto de interés: Martínez era asesor del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento, al que pertenece Corficolombiana, cuya filial –Episol– tiene 33% del tramo 2 de Ruta del Sol, y Odebrecht más de 60%.

Luego se conoció la versión de Otto Bula, uno de los principales implicados en el escándalo, argumentando que “no le consta” que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo haya llegado a la campaña de reelección del presidente Santos. Todo este coctel genera una profunda incertidumbre política.

El impacto está por verse, pero el ruido que genera el caso de corrupción no es bueno para la economía. Hoy el reto para el Gobierno es abrir la licitación para la construcción de las obras faltantes del Túnel de la Línea, proceso que aún no se ha dado, avanzar en la nulidad del contrato de Ruta del Sol 2, como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y asegurar los recursos para mantener la obra mientras se inicia un nuevo proceso; así como destrabar el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, que está igualmente en entredicho.

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A una economía que se ha venido desacelerando por causa de la caída de su demanda interna; que tiene además un amplio déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual requiere una abundante financiación externa, quizá lo peor que podría pasarle sería que tuviera lugar un deterioro muy pronunciado de la confianza. En ese escenario, financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos sería más difícil y costoso.

Por el lado del consumo, la mayor preocupación es que se siga deteriorando el ambiente de los consumidores. Si bien la entrada en vigencia del IVA en enero y febrero afecta el ánimo, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, espera que el tema quede superado cuando el impuesto esté funcionando y estabilizado. “Eso se compensa con creces con el hecho de que la tasa de cambio no solo se ha estabilizado sino se ha revaluado un poco y abarata los productos importados”, dice.

Para el economista Mauricio Reina, si bien el escándalo de corrupción es preocupante, “ahora es más peligroso un eventual paro camionero que vuelva a acelerar la inflación”, señala.

La reacción

Con un panorama enrarecido, el Gobierno decidió buscar fórmulas para reactivar la economía y lanzó el pasado martes 14 de febrero la estrategia Colombia Repunta, que busca, a través de diferentes proyectos e iniciativas, aportarle al crecimiento de la economía 1,3 puntos porcentuales, generando unos 765.000 empleos.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, advirtió que si bien el año pasado fue difìcil, las perspectivas para este son mejores y el programa busca darle un nuevo impulso a la economía.

Contempla la eliminación permanente de 3.400 aranceles para materias primas y bienes de capital, que se espera generen un ahorro de $1,2 billones al sector privado. Además, “para 2017, los recursos de regalías para las regiones del país aumentaron en 76%, al pasar de $6,8 billones en 2016, a $12 billones este año. Con estos nuevos recursos se permitirá la ejecución de 3.168 proyectos”, señaló Cárdenas.

En 2017, la inversión para estimular el crecimiento de las vías de 4G ascenderá a $9,2 billones, lo que generará 313.784 empleos y hará una contribución al crecimiento económico del país de 0,4 puntos adicionales. Con los diferentes programas de vivienda, en 2017 el Gobierno incrementará a 101.572 el número de casas entregadas, generando 4.311 nuevos empleos.

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Cárdenas destacó que la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso en 2016 significará la incorporación de $6,2 billones para la inversión social y subrayó la importancia de recursos para la implementación de los Acuerdos de Paz. “En 2017 se destinarán recursos por $4 billones para implementarlos. Parte de ellos serán para intervenir 11.368 kilómetros de vías terciarias, lo que generará 25.000 empleos”, dijo el Ministro.

A pesar del interés del Gobierno en reactivar la economía, la incertidumbre es protagonista. Con el escándalo de Odebrecht creciendo, una campaña electoral en marcha y los rumores de un paro camionero en ciernes, las tensiones son altas. ¿Qué tanto puede pesar esta coyuntura en la dinámica de la economía? ¿Cuáles son los mayores riesgos? Es necesario seguirles la pista a seis factores claves para el futuro: consumo, infraestructura, confianza, la protesta social, la política monetaria y el riesgo país. En las páginas siguientes encontrará un análisis de ellos y la visión empresarial, desde la Andi, del panorama actual.

Mal inicio

Una de las mayores preocupaciones en el inicio de año fue el bajo consumo de los hogares. Según la consultora Raddar, si bien se esperaba una caída en este gasto, el registro de -3,5% es el más bajo desde 2003. Por su parte, Fenalco también alertó sobre lo que calificó como un “frío” enero.

“Hubo un descenso en el porcentaje de quienes reportaron ventas aceptables, al pasar de 38% en diciembre a 35% en el primer mes de 2017. Al mismo tiempo, la proporción de comerciantes cuyas ventas bajaron en relación con igual mes del año anterior subió fuertemente: de 19% en diciembre a 26% en enero. Estos mediocres resultados tienen que ver con la moderación en el valor de las compras por parte de las familias, obligadas por el efecto inflacionario del IVA, por un aumento en las obligaciones financieras y por alzas pronunciadas en los servicios regulados por el gobierno, como el gas, combustibles, transporte urbano y agua”, señaló el gremio en la publicación de su tradicional Bitácora.

Este comportamiento no queda explicado del todo por la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado, pues la implementación total del IVA se dará en febrero y, además, porque la tendencia no es nueva y la dinámica del consumo, inquieta de tiempo atrás. Para Raddar, con enero se cuentan ya 8 meses de decrecimiento del gasto de los hogares, lo que ha afectado al comercio y la industria.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que mide Fedesarrollo, vivió en 2016 un hecho inédito: durante los 12 meses del año el indicador se situó en terreno negativo. En diciembre, luego de un cambio en la tendencia en agosto con una reducción, volvió a aumentar y el balance se situó en -10,7. Pero el resultado más preocupante lo entregó el miércoles 15 de febrero al conocerse la cifra correspondiente al mes de enero: llegó a un registro negativo de 30,2%, el más bajo desde que Fedesarrollo creó la Encuesta de Opinión del Consumidor, en 2001. Representa una contracción de 19,6 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 8,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2016

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Además, al comparar enero-noviembre de los últimos años ya la señal de crecimiento en el comportamiento de las ventas al detal venía mostrando deterioro: en 2014 el incremento fue de 7,3%; en 2015, de 3,1% y el año pasado de 0,6%, según Fenalco. Sin embargo, al cierre del año pasado hubo un repunte en el comercio que estuvo impulsado por la venta de vehículos, al parecer anticipándose al efecto de la reforma tributaria.

¿Qué tanto le pueden pegar al consumo los escándalos de corrupción y las implicaciones políticas que esto pueda traer? “Eso al final tiene que ver con confianza del consumidor. Si la gente siente que el país va mal no va a tomar decisiones de gasto, como comprar carro o comprar casa. Gastos que de alguna u otra manera signifiquen un esfuerzo crediticio o un pago grande. Si hay un escándalo de corrupción, la gente va seguir consumiendo los productos básicos y eso no tiene nada que ver. No todas las categorías tienen la sensibilidad al tema político. Pero si el escándalo sigue creciendo, sí es un dolor de cabeza, porque la confianza del consumidor sigue pegada al piso”, dice Camilo Herrera, de Raddar.

Para el analista Mauricio Reina, si no se da un paro camionero, el consumo podría ser impulsado por dos hechos: uno, la reducción de la inflación, que viene en tendencia decreciente y, el segundo, que el ciclo de las tasas de interés debería seguir bajando. De hecho, para Fedesarrollo este año habría espacio para unas cuatro reducciones en el costo del dinero, lo que llevaría la tasa del Emisor a 6,5%, para el final del año.

Ecuación compleja

El escándalo de corrupción en Odebrecht podría minar la confianza de inversionistas y consumidores, lo cual incrementaría el riesgo político y con él también el soberano.

En tal evento, financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos sería más difícil y costoso, porque los inversionistas internacionales exigirían un interés más alto para compensar el mayor riesgo. En ese contexto, el riesgo sería no solo que mermaría el caudal de la inversión directa, de portafolio y de crédito externo, sino que se presentara una fuga de capital.

En consecuencia, para prevenir tal peligro y evitar una depreciación abrupta de la tasa de cambio, que genere presiones inflacionarias, la autoridad monetaria tendría que subir su tasa de interés de intervención para restablecer la paridad con las tasas externas más la devaluación esperada.Eso, por supuesto, encarecería también la financiación doméstica. El mayor costo del crédito desestimularía el consumo y la inversión, lo cual sería un obstáculo mayúsculo para el repunte de la demanda interna, que decreció en el último dato disponible, el tercer trimestre del año pasado.

Aún en el caso menos grave de que la autoridad monetaria no se viera obligada a subir su tasa de interés de intervención, sino que no pudiera reducirla sería grave, porque la inversión en capital fijo decreció en el tercer trimestre del año pasado. En ese periodo, además, la inversión en maquinaria y equipo y en equipo de transporte completó un año de disminución continua y la ralentización del consumo fue pronunciada.

El impacto del escándalo también podría tener consecuencias graves sobre la principal estrategia contracíclica que tiene el gobierno del presidente Santos: la inversión en obras civiles, en particular en la infraestructura vial por medio de las concesiones de cuarta generación. La desconfianza y los mayores costos financieros pueden dificultar el cierre financiero de los proyectos que lo tienen pendiente.

Por último, la desvalorización de los activos domésticos, debido a la desconfianza de los inversionistas y la eventual fuga de capital, generaría un efecto riqueza negativo, que afectaría de manera adversa el consumo y la inversión.En el frente político, la pérdida de confianza en las instituciones y los partidos tradicionales puede llevar, como ocurrió en el Reino Unido y los Estados Unidos, al fortalecimiento de líderes populistas.

Un año agitado

Mientras 2016 será recordado como el año en que Colombia por fin logró firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, ya hay buenas pistas de que 2017 podría pasar a la historia como uno de los años de mayor agitación en materia social. Está previsto que el próximo 28 de febrero los 1,2 millones de servidores públicos presentarán un pliego nacional estatal.

Este año se negociarán los pliegos de peticiones de sindicatos tan poderosos como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la red hospitalaria pública, la Rama Judicial, el Inpec, Medicina Legal, docentes universitarios y funcionarios de entidades como la Dian y el Sena, entre otros.

De acuerdo con Mariela Barragán, viceministra de Relaciones Laborales, las peticiones de los servidores públicos tienen que ver con empleo digno y decente, acceso al empleo público y ampliación de plantas de personal, solución definitiva a las formas precarias de contratación laboral a través de proyectos de ley que formalicen las relaciones laborales –en la red hospitalaria– y mayores recursos para la rama judicial, incluidos Inpec y Medicina Legal. Para la funcionaria, el Ministerio de Trabajo “contribuye a construir una paz sostenible y duradera y por ello es protagonista de la solución de los conflictos laborales del país”.

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La gran incógnita está por el lado de los transportadores, cuyas asociaciones hacen parte de Dignidad Camionera y que desde comienzos de año han amenazado con una nueva convocatoria a un paro nacional que en principio estaba previsto para el 20 de febrero, pero que en los últimos días se estaría aplazando para el 27 de este mes.Pedro Aguilar, presidente de la ACC, le confirmó a Dinero que la situación del sector es difícil, pues el último decreto expedido por el Ministerio de Transporte eliminó una póliza que existía, pero mantiene la figura de caución, con la cual se facilita el ingreso de nuevos camiones y se aumenta la oferta, deteriorando las condiciones de los empresarios del transporte. Sin embargo, Aguilar sostuvo que su gremio tampoco ha lanzado ninguna amenaza de paro y será la reunión de junta directiva nacional del gremio, que se cumplirá el 18 de febrero en Manizales, la que definirá qué posición adoptarán frente al tema.

La tensión con los transportadores aumentó luego de que se conociera la orden de captura contra 15 dirigentes gremiales, incluido Aguilar, por las investigaciones sobre el cartel de la chatarrización. En este proceso se investigan los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Además, en sectores agrarios crecen los rumores sobre posibles movilizaciones sociales para protestar contra el aumento en los costos de producción y las dificultades para llevar sus productos a los grandes centros de consumo; mientras que las madres comunitarias han dicho que planean marchar contra las decisiones del Gobierno.

Riesgo procíclico

Uno de los asuntos claves es cómo va a funcionar la política monetaria este año. Con las expectativas de inflación por encima del rango meta del Banco de la República, el tema sigue siendo sensible.

El asunto es que la presión de la opinión pública cada vez será mayor para la Junta del Emisor, pues son muchas las voces que se alzan pidiendo una reducción pronta de los tipos de interés. Por ejemplo, el presidente del principal gremio empresarial del país, la Andi, Bruce Mac Master, ha pedido públicamente al Banrepública reducir el costo del dinero para impulsar el crecimiento.Sin embargo, cualquier decisión en este frente debe ser fríamente calculada por el Banco, porque lo que está en juego es el “poder contracíclico” de la política monetaria. Ese es un logro reciente en la historia económica del país.

Cabe recordar que hasta finales del siglo pasado la política monetaria ayudó a atizar los ciclos recesivos y de auge. A finales del siglo pasado, justo antes de la gran crisis económica que afectó al país en 1999, la política monetaria se flexibilizó y se impulsó el crecimiento. Eso agudizó la tendencia creciente del gasto público y privado, lo que hizo que el ajuste necesario fuera enorme. Cuando la estantería se vino abajo y existía el riesgo de una fuga masiva de capitales, el Banco tuvo nuevamente que agudizar el ciclo, aumentando los tipos de interés, que llegaron a estar en cerca de 50%. Eso hizo, en parte, que la economía colombiana se contrajera cerca de 5% en el último año del siglo pasado.

La posibilidad de hacer política contracíclica con las herramientas monetarias es uno de los logros de la última década en Colombia. Lo vimos con claridad en el periodo previo a la crisis mundial de 2008. Es necesario garantizar que la política monetaria siga siendo contracíclica, como lo ha sido en los últimos años, pues claramente eso ha ayudado a matizar los ciclos y ha favorecido a la economía. Cualquier error de cálculo podría ser peligroso.

Del riesgo político y otros demonios

Pese a no ser un tema financiero, el riesgo político es fundamental para los mercados y para medir el llamado riesgo país; es decir, la posibilidad de que una nación incumpla sus compromisos financieros (que es lo que evalúan las calificadoras como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s).

El riesgo político se origina en políticas sociales (empleo, impuestos, temas monetarios y de desarrollo, etc.), así como en eventos relacionados con inestabilidad política (ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares y corrupción). Justamente por este último factor están prendidas las alarmas por el riesgo político de Colombia.

Richard Francis, director de riesgos soberanos de Fitch, dice que el riesgo político pesa casi 50% en la calificación de un país y que, en el caso de ellos, se basan en los indicadores del Banco Mundial, que se actualizan anualmente –el más reciente sobre corrupción es de 2015 y muestra que Colombia está en un nivel de 49% de control de este flagelo–.

“Este no es un tema que se cambia con frecuencia, debido a que los factores estructurales no cambian muy rápido. Puede haber protestas o algo de violencia, pero eso no cambia la institucionalidad de un país”, dice y agrega que en el caso de Brasil, que el año pasado estuvo sumergido en problemas políticos, la calificación se bajó no solo por ese factor, sino también porque el vecino país estaba en recesión y el Congreso estaba casi que incapacitado para hacer ajustes.

Sergio Guzmán, analista de Control Risks, considera que la preocupación por un desborde de la corrupción lleva dos riesgos para las empresas: uno contractual, que implicaría un cambio en las condiciones de los contratos que tienen con el Estado, por las situaciones de Reficar, Electricaribe y Odebrecht, pero inmediatamente lo descarta, pues dice que el Gobierno no tiene un patrón hostil contra las empresas y lo que se está dando son casos puntales.

El segundo riesgo, según Guzmán, es de integridad, y consiste en que se descubra que hubo corrupción al interior de las compañías. Ahora los entes de control van a estar con la lupa puesta y las empresas deberán redoblar sus esfuerzos de contabilidad forense.

Desde el punto de vista de los mercados financieros, el mayor riesgo político del país derivado de los temas de corrupción aún no se percibe en indicadores como el Embi (Emerging Markets Bonds Index); tampoco se han registrado grandes cambios en los Credit Default Swaps (CDS), que son una especie de seguro contra el incumplimiento del pago de un país.

Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza, dice que el impacto sí se está sintiendo de manera indirecta, pues el precio del petróleo ha aumentado y en el país ni las acciones ni el precio del dólar se han recuperado en la misma proporción. En lo que va de 2017, el barril de crudo se ha mantenido en promedio en US$53, US$10 más que el año pasado.

¿En vilo?

Uno de los sectores más afectados por el escándalo de corrupción de Odebrecht es el de infraestructura, llamado a ser el motor de la economía, este y los próximos años. Hoy, las denuncias y el avance del proceso tienen en jaque el desarrollo del proyecto más grande del país: las concesiones de Cuarta Generación (4G) y las iniciativas público-privadas que demandarían recursos por unos $40 billones.

En el corto plazo, la atención está puesta en dos proyectos claves: Ruta del Sol tramo 2 y el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena. De la solución que tengan estos, especialmente el primero y su relación con el sistema bancario, dependería el futuro de los cierres financieros de 32 proyectos de 4G e iniciativas privadas. Hoy solo hay cerrados ocho.

En el caso de Ruta del Sol tramo 2 (en el consorcio conformado por Odebrecht –con más de 60% de participación–; Episol, de Corficolombiana, con 33%; y el Grupo Solarte, con cerca del 5%) dos hechos sacudieron el proyecto: el primero, la renuncia de los árbitros al tribunal de arbitramento que estaba analizando una demanda por más de $700.000 millones del consorcio al Estado; y el segundo, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, con base en una denuncia presentada por la Procuraduría, ordenó al Gobierno declarar la nulidad del contrato, asegurar un nuevo proceso y garantizar el cuidado del avance de la obra.

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Estas decisiones llegaron cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) venía discutiendo con el concesionario y los bancos la fórmula en que podría atenderse la deuda –cercana a los $2 billones– y tranquilizar al sector financiero, de tal manera que empezara a analizar y avanzar con los cierres financieros de la segunda ola de 4G. Está aún por verse el efecto de las decisiones judiciales en el proyecto, pero fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que esta situación podría atrasar las decisiones y demorar los procesos.

En el caso del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena (donde Odecrecht tiene la mayor participación y está la firma colombiana Valorcon), el banco japonés Sumitomo decidió no participar en el cierre financiero y en la última semana de febrero se debe conocer el futuro de la obra: de no lograrse el cierre, el contrato sería caducado y el proceso tendría que volverse a iniciar. Al cierre de esta edición se analizaba la posibilidad de que la constructora china Sinohydro adquiriera la participación de Odebrecht y destrabara así el proceso del proyecto.

El escándalo de corrupción ha puesto a los bancos –no solo locales sino internacionales– en una posición más defensiva frente a los cierres financieros. Además, posiblemente las calificadoras también entrarán a analizar la exposición de los bancos en los proyectos en que participa Odebrecht –no solo en Colombia sino en la región– y la provisión de estas deudas.El economista Mauricio Reina puso como ejemplo el caso peruano. Allí, la suspensión del Oleoducto del Sur significa una pérdida de entre 3 y 4 décimas en la expectativa de crecimiento para esa economía.

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