| 2/2/2017 12:00:00 AM

¿Qué riesgos trae el incremento de la deuda pública y externa?

La caída de los ingresos petroleros condujo a un incremento de la deuda, tanto pública como externa. ¿Qué riesgos implica?

El pronunciado incremento de la deuda pública y privada que tuvo lugar no solo en los países avanzados sino también en los emergentes, en la antesala de la crisis financiera internacional de 2008-2009 y durante la Gran Recesión, llamó la atención sobre sus efectos nocivos para el crecimiento de las economías.

Sin embargo, la deuda no es perjudicial por sí misma. Su efecto depende tanto del tipo de gasto que financia, como de su magnitud. En general, cuando fondea la inversión y esta es más rentable que el servicio de las obligaciones, de manera que genera los ingresos para pagar los intereses y la amortización correspondiente, entonces favorece la expansión de la actividad económica.

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En cambio, cuando financia el consumo, en el mediano plazo se puede volver problemática porque no genera los ingresos suficientes para servirla.

En este caso, más allá de cierto monto puede resultar perjudicial para el crecimiento, si compromete una parte muy importante del ingreso, de manera que impida llevar a cabo suficiente inversión o comprima la capacidad de consumo de los hogares.

En tales eventos afecta tanto el ritmo de expansión de la demanda como la mejora del potencial de crecimiento de las economías.

Tampoco conviene para una economía acumular deuda pública en exceso porque incrementa el riesgo soberano y el costo de la financiación. Además, una deuda pública muy elevada puede impedir la adopción de una postura fiscal estimulante durante una recesión.

En esa coyuntura, un descenso súbito de los ingresos públicos o de la actividad económica puede requerir incurrir en un mayor saldo de deuda para mantener el mismo o un mayor monto del gasto gubernamental, con el fin de sostener la demanda para estimular la actividad económica.

En una recesión la magnitud de la deuda pública se puede incrementar de una manera pronunciada si es necesario capitalizar o adquirir activos depreciados del sector privado, al ocurrir una crisis financiera. Para enfrentarla conviene tener un saldo de deuda pública moderado, con el fin de absorber de manera cómoda las obligaciones incumplidas y el rescate de las instituciones financieras.

Un saldo demasiado grande de la deuda pública puede obstaculizar el crecimiento, porque su colocación disminuye la disponibilidad de ahorro para financiar la expansión del sector privado. Además, la presión de unos costos financieros crecientes obliga a incrementar los impuestos o a reducir los gastos gubernamentales. En el primer caso, resta recursos al sector privado, mientras que en el segundo puede dificultar la provisión de los bienes públicos o deteriorar su calidad, con lo cual se corre el riesgo de disminuir las economías externas para incentivar la inversión privada y la acumulación de capital humano.

Por estas amenazas que entraña un incremento excesivo de la deuda, tanto pública como externa de las economías, las agencias calificadoras de riesgo manifestaron preocupación por su aumento en el país.

Primero llamaron la atención sobre el tamaño del desbalance fiscal (del gobierno nacional central), cuyo incremento –de 2,4% a 4% del PIB entre 2014 y 2016–, debido al descenso de la renta petrolera, condujo a un aumento de la deuda pública (del GNC) –de 38% a 43% del PIB en ese lapso– . No reducir el déficit para estabilizar la deuda podría ocasionar una elevación del riesgo soberano y, en consecuencia, del costo para la economía de la financiación tanto externa como interna; además, el saldo de la deuda más alto, su mayor costo y el lento crecimiento de la economía habrían desmejorado su sostenibilidad. Por tal motivo, para preservar la calificación de la deuda pública un nivel por encima del grado de inversión, la condicionaron a la aprobación de una reforma tributaria que reemplazara los ingresos perdidos por la menor renta petrolera. Con ello se lograría reducir el déficit –a 3,3 del PIB en 2017 y hasta 1% del PIB entre 2022 y 2027, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016–, generar ahorro primario –de 0,4% a 1,4% del PIB entre 2018 y 2027– y, con base en ello, llevar la deuda a una trayectoria decreciente –hacia 31% del PIB en diez años–.

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Sin embargo, como el crecimiento de la economía se debilitó –por debajo de 2% en 2016 y hacia 2,5% del PIB en 2017, quizá con una tasa potencial próxima a 3%– y el recaudo adicional previsto por la reforma tributaria aprobada fue disminuido –de 1,3% a 0,6% del PIB–, es probable que el Gobierno requiera recortar los gastos o aumentar los ingresos hacia 2018 para cumplir la regla fiscal.

Satisfecho el requisito de aprobación de la reforma tributaria, Standard & Poor’s (S&P) reafirmo´ la calificación de largo plazo de la deuda en moneda extranjera de Colombia (BBB). Sin embargo, mantuvo la perspectiva negativa, por la inquietud que le genera el amplio déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos –estimado por el Banco de la República en 4,5% del PIB en 2016 y por algunos analistas en 4,0% del PIB en 2017– y la creciente carga financiera de la deuda externa. Además, manifestó preocupación por la mayor carga financiera del Gobierno, debido a que el pago de intereses ascendió a 12% de sus ingresos en 2016.

El tamaño del déficit en la cuenta corriente es problemático, porque si los flujos de inversión no son suficientes para financiarlo, se hace necesario incurrir en una mayor deuda externa. Esta se incrementó de 26,8% del PIB en 2014 a 40,9% del PIB en 2016. La disminución de los ingresos por exportaciones implica, además, una alta carga financiera de la deuda externa. En esas condiciones, un incremento desmesurado del riesgo soberano o de las tasas de interés externas pueden dificultar su sostenibilidad.

Por tal motivo, si tuviera lugar un deterioro adicional del déficit y un incremento de la deuda externa, o no ocurriera una mejora en los próximos 18 meses, la calificación de Colombia podría desmejorar.

En este sentido, el reciente incremento del precio del petróleo y sus mejores perspectivas por la implementación del acuerdo para recortar la producción entre los miembros de la Opep y otros países productores no miembros son una buena noticia. También constituye una novedad alentadora el incipiente repunte de los ingresos por exportaciones no tradicionales y las mejores perspectivas de la demanda externa, por el mayor crecimiento global y regional.

Sin embargo, los riesgos son todavía grandes, por lo cual el Gobierno deberá preservar la disciplina en el gasto público para cumplir la regla fiscal y redoblar esfuerzos para mejorar la competitividad y la productividad de la economía, con el fin de incrementar su capacidad de crecimiento, diversificar la oferta exportable y aumentar los ingresos por exportaciones.

La economía en Colombia

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