Sobre el escritorio de Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá, reposa un documento que, sin lugar a dudas, va a darle un giro trascendental a la forma de pagar los impuestos en la capital. Se trata de un proyecto que el alcalde Gustavo Petro ha llamado Modernización Tributaria y con el que pretende incrementar el recaudo del Distrito de $5 billones a $5,4 billones anuales.
Si los cálculos del mandatario no fallan, la iniciativa será radicada en los primeros días de septiembre en el Concejo, donde la discusión seguramente estará matizada por la efervescencia de aquellos sectores de oposición que desde ya empiezan a mostrarse reticentes.
En una extensa charla con Dinero, Bonilla reveló los detalles contenidos en el proyecto que, según sus propias palabras, está estructurado alrededor de cuatro ejes: un reajuste al predial, la simplificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), la reglamentación del impuesto de estampillas aprobado en el Congreso de la República y la adopción de nuevos mecanismos administrativos para, entre otras cosas, meter en cintura a los evasores.
Para entender las pretensiones de la propuesta, vale la pena empezar con la metamorfosis que sufriría el predial. Quizás el impuesto que más toca a los ciudadanos del común y el que mayores cambios podría tener. Hoy, por cuenta de ese tributo le llegan a las arcas de la ciudad cerca de $1,4 billones al año, una partida que en plata blanca representa 25% del total del recaudo distrital. A juicio de Bonilla, de ser aprobada la Modernización ese rubro subiría a 30%.
Pero, ¿cómo lo hará? La respuesta se reduce a simple aritmética. Todos los predios construidos sobre estratos 1, 2 y 3 que tengan un avalúo catastral inferior a $75 millones pagarán una tarifa de entre dos y cuatro por mil sobre ese valor. Es decir: seguirán con las mismas condiciones que tienen actualmente. Los cambios grandes en estos estratos recaerán sobre las propiedades que superen con creces ese avalúo –más de $500 millones–, las cuales podrían ser gravadas con la tarifa máxima que será de 16 por mil.
Situación muy similar a la que enfrentarían, paulatinamente, los residentes de estratos 4, 5 y 6. “Todos los predios de estas zonas avaluados por encima de $75 millones tendrían una tarifa mínima de tres por mil durante este año, de cuatro por mil en 2013 y de cinco por mil en 2014. Al final, dentro de dos años esas propiedades deberían ser gravadas con una tasa mínima del cinco por mil y una máxima de 16 por mil”, explica Bonilla.
En el peor de los escenarios, eso significa que un contribuyente de estrato 6 que hoy paga 9,5 por mil sobre el avalúo catastral de su predio, en 2014 podría desembolsar casi el doble. Las modificaciones no son de poca monta. Y aunque es consciente de ello, el Secretario de Hacienda asegura que esos reajustes están ceñidos al Plan Nacional de Desarrollo. Y, por otra parte, anota que el cobro actual de Bogotá no se compadece con el de otras ciudades como Medellín –paga 14,5 por mil de tarifa máxima- y Cali -14 por mil–, mientras en la capital la cifra tope es de 9,5 por mil.
Menos drásticas, por su parte, parecen ser las propuestas planteadas para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). En este eje, básicamente lo que busca la Administración es simplificar trámites y asegurar un mejor flujo de caja para un tributo que representa 50% del recaudo total de la ciudad, algo así como $2,5 billones.
La estrategia que propone el gobierno capitalino en materia de ICA es simple pragmatismo: que los 200.000 contribuyentes que actualmente declaran ese impuesto cada dos meses, lo hagan una vez al año. “30% de estas personas aporta 90% de los ingresos totales del ICA; es decir, el 70% restante a duras penas deja 10%. Con la propuesta de modernización queremos llevar a este último grupo a declarar anualmente para no solo simplificar los trámites sino hacer una mejor fiscalización”, remata Bonilla.
Finalmente, los dos últimos capítulos del proyecto le apuntan, uno, a reglamentar un impuesto aprobado por el Congreso y, otro, a controlar los evasores. El primero tiene que ver con el gravamen de estampilla –un porcentaje que se cobra sobre el valor de ciertos contratos del Estado, especialmente de los sectores salud y educación– y que en el caso del Distrito le representaría pasar de recaudar $30.000 a $40.000 millones al año.
Y en lo relacionado con la evasión, la meta es recuperar los cerca de $500.000 millones que a estas alturas ha dejado de recibir Bogotá por ese factor. Con esa perspectiva, muchos se atreverían a asegurar que la Modernización Tributaria es una propuesta saludable para la ciudad que redundará en unas finanzas más sólidas y, por reflejo, en una mayor inversión social.
Sin embargo, detrás de todo esto hay un aspecto sobre el que algunos conocedores del tema ya empiezan a encender las alarmas. Tiene que ver con el hecho de que no se le puede pedir al Concejo aprobar un proyecto que busca acrecentar los ingresos de la ciudad sin que haya un contrapeso para controlar el gasto. No hay que olvidar que el Plan de Desarrollo de Petro cuesta $60 billones y tiene un hueco fiscal de 30% que, seguramente, deberá ser subsanado con estos impuestos.
El debate apenas comienza. Y Petro sabe de sobra que el ambiente en el Concejo no es el más favorable. Así que, si quiere que su propuesta reciba la bendición de los cabildantes, no tendrá más alternativa que dilucidar dos enigmas: ¿a qué costo se hará la reforma? Y, así como unos van a ganar, ¿quiénes serán los que realmente terminarán perdiendo?