| 6/9/2016 12:00:00 AM

Ladrillo a la lata: El reto de Elsa Noguera

La nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera, tiene entre sus retos lograr que más de 450.000 familias accedan a una vivienda para consolidar la clase media. ¿Cómo lo hará?

Si desde 2010 el país trabajó para sacar de la pobreza a más de 4,4 millones de personas, mejorando su ingreso y accediendo a mayores prestaciones sociales, ahora la meta es afianzar la clase media.

Y para la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, la mejor forma de hacerlo es convirtiendo a buena parte de estos colombianos en propietarios de vivienda propia. “Cuando una persona tiene acceso a su casa propia ya no vuelve a caer en la pobreza”, asegura.

Pero, además del impacto social que tiene la construcción, en este sector están puestas las esperanzas de contrarrestar la desaceleración, generando más crecimiento y empleo. Por eso el Gobierno invertirá $10 billones para construir 450.000 viviendas de aquí a 2018.

No es el único frente en el que la nueva Ministra de Vivienda tendrá que probar su capacidad de gestión. Dinero habló con Elsa Noguera sobre sus principales retos.

Casa, ¡ya¡

Aunque promover la compra de vivienda suena bien, lograr que más colombianos sean propietarios resulta difícil en momentos en que la creciente inflación y la fuerte devaluación provocan pesimismo. De hecho, la ministra Noguera se ha sorprendido cuando en algunas encuestas hay quienes argumentan que dudan de comprar vivienda porque “el dólar está muy caro y las tasas de interés muy altas”.

Su carácter perseverante la ha llevado a crear su propio mantra: “este es el momento de la clase media, es el momento de comprar vivienda”. No es para menos: su cartera promueve la construcción de 450.000 viviendas que requerirán una inversión de $10 billones y, según afirma, están garantizados de aquí a 2018 pese a las restricciones presupuestales.

El programa incluye 30.000 unidades de la segunda ola de vivienda gratuita. Otras 46.000 viviendas provienen del programa ‘Mi Casa Ya Ahorradores’, que se enfoca en personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, a quienes el Gobierno les aporta hasta $20 millones para la cuota inicial y 5% de subsidio a la tasa de interés.

El grueso de la vivienda provendrá de tres programas: Mi Casa Ya para personas que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos –a quienes el Gobierno les ayuda con subsidio para la cuota inicial de hasta $12 millones y subsidio en 4 puntos de la tasa de interés– para quienes habrá una oferta de 130.000 unidades cuyo valor está entre $48,2 millones y $93 millones.

Otras 130.000 viviendas se beneficiarán del subsidio a la tasa de interés –cerca de 2 puntos–, cuando su valor supere los $93 millones pero sea inferior a $230 millones. Finalmente, se estima que las Cajas de Compensación Familiar colocarán cerca de 114.000 viviendas entre sus afiliados.

POT: crisis y oportunidad

En materia de ordenamiento territorial, muchos ven el vaso medio vacío, pero la Ministra lo ve medio lleno porque este año cerca de 90% de los municipios del país tendrán que formular los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), –luego de que venciera su vigencia de tres administraciones– y esta es “una oportunidad de oro para que los entes territoriales tracen de una manera bien estructurada las hojas de ruta del desarrollo urbano”, dice.

Según la funcionaria, los POT en cerca de 900 municipios ya se vencieron “y la gran lección es que muchos de ellos fueron formulados de espaldas a la ciudad, o al río, sin tener en cuenta el potencial de desarrollo y manejar los temas ambientales. Por eso, ahora los municipios tienen una oportunidad de oro para diseñar planes pensados para el desarrollo integral de sus habitantes”, asegura la ministra.

En este tema, el Ministerio trabaja con el Departamento Nacional de Planeación y la Procuraduría para coordinar una asesoría integral en la formulación de la norma local y facilitar a los mandatarios municipales que los nuevos POT construyan comunidad de forma ordenada. El tema de la habilitación es fundamental para lograr el objetivo de que las familias de menores recursos tengan acceso en condiciones dignas, no solo a una vivienda sino a un entorno propicio para su desarrollo, que cuente con las condiciones urbanísticas de parques, vías, servicios públicos, hospitales y colegios.

Vivienda segura

Al anterior ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le tocó ‘bailar con la más fea’, por cuenta de la crisis que se generó en 2015 con la caída de algunas de las torres del edificio Space en Medellín, que produjo incertidumbre entre compradores de vivienda y puso al descubierto la falta de mayores garantías por parte de los constructores.

Con este antecedente, desde el Ministerio se promovió una nueva ley que se conoce como de ‘Vivienda Segura’ –inicialmente se denominó ‘Anti Space’– que acaba de ser aprobada por el Congreso.

La ministra Noguera destacó que esta ley les dará más certeza a los compradores de que las nuevas edificaciones contarán con una reglamentación más rigurosa. Tres son los principales cambios de la Ley: por un lado, los constructores estarán obligados a amparar los daños patrimoniales cuando haya colapso o amenaza de ruina por las deficiencias en el proceso constructivo; y cuando se trate de viviendas con más de 2.000 metros de construcción tendrán que contar con revisores y supervisores independientes al constructor, y finalmente, habrá más vigilancia para los curadores urbanos. En este caso, en la Superintendencia de Notariado se crea una dependencia delegada que adelantará el concurso de méritos para que los curadores no se nombren a dedo.

Agua que has de beber

En los últimos cinco años se han invertido unos $7 billones para mejorar la infraestructura en acueductos y alcantarillados en el país, y está previsto ejecutar por lo menos $1 billón más para mejorar la cobertura, principalmente en el sector rural. Según la Ministra, el país tiene hoy una cobertura urbana de 97% de acueducto y agua potable y de 75% en zonas rurales. En alcantarillado, la cobertura urbana alcanza 91% y la rural 70%. El reto de su gestión será ampliar la cobertura en zonas rurales y trabajar de la mano de los entes territoriales para garantizar la operación y tratamiento del agua. En algunos casos, reconoce la funcionaria, los costos de operación de un acueducto en zona rural son tan altos que la infraestructura queda en desuso pues no hay quien los asuma. Estos temas tendrán un tratamiento puntual para garantizar que más colombianos tengan acceso a estos servicios.

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