| 2/18/2016 12:00:00 AM

Los retos creados por la prohibición de explotar los páramos

El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en temas ambientales y de autonomía territorial ha generado un nuevo debate. ¿Cuáles son los ejes de la polémica?

La segunda semana de febrero la Corte Constitucional hizo público un comunicado que dejó en vilo la estrategia del Gobierno para sacar adelante sus principales proyectos estratégicos –desde petróleo hasta minería e infraestructura–, pero les dio un nuevo aire a las estructuras regionales, como las corporaciones autónomas regionales y los Concejos.

El pronunciamiento estuvo enfocado en armonizar la posición estatal con la autonomía territorial, en aspectos como la definición de áreas de reserva minera y las atribuciones que en materia ambiental tienen la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las corporaciones.

La decisión tiene varios efectos. Uno en materia ambiental, que prohíbe cualquier actividad productiva en zonas de páramos. Aunque la posición ya existía desde hace varios años, se cayeron las normas transitorias que balanceaban el valor supremo de los páramos con los derechos adquiridos.

“Nosotros no hemos estado a favor de la minería en los páramos. En 2010 el país tomó la decisión de que allí no podría haber ni minería ni hidrocarburos y también se determinó que había que hacer una delimitación de los mismos. Lo que quedó en el artículo del Plan de Desarrollo fue un esfuerzo muy grande por encontrar una transición a darle más restricciones a esa prohibición”, dice Tomás González, ministro de Minas y Energía.

La Corte lo que hace es ratificar que hay que hacer la delimitación. “Sin embargo, en el artículo del Plan de Desarrollo se aclaraba que había unas personas que ya tenían títulos asignados con anterioridad y que además tenían la licencia ambiental. La idea era hacer la mejor transición para que quienes no estaban causando un daño pudieran seguir. Ahora, con la decisión de la Corte, ellos no podrán continuar. Ahí lo que hay que mirar es que no son grandes multinacionales sino pequeños mineros que se legalizaron y están haciendo las cosas bien. Por eso consideramos necesario que la Corte haga algunas aclaraciones que tendrán que ver con el alcance de las facultades de delimitación que tiene el Ministerio de Ambiente. Esto puede generar demandas que hay que agregarlas a las cuentas fiscales”, dice Tomás González, ministro de Minas y Energía.

Según cálculos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), 99% de los titulares en páramos son pequeña minería. “Muchos de los pequeños mineros se formalizaron, pero tampoco se pueden desarrollar otras actividades, como agrícolas o petroleras. La pregunta es qué se va a hacer con las personas que están en esas zonas”, dice Santiago Ángel, presidente del gremio. “Además, abrieron una indefinición legal nueva: a pesar de que tengan derechos adquiridos, no se respetan y eso mañana puede pasar en otros sectores”, agrega.

Pero hay un agravante: solo un páramo está delimitado, Santurbán. Para varios analistas, la pregunta es cuál será el camino inmediato del Gobierno: ¿adelantar rápidamente la delimitación de los otros páramos o desacelerar el proceso para no tener problemas adicionales?

Otro frente está relacionado con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), que se han convertido en la herramienta contra-cíclica del Gobierno para mantener a flote la economía. Son 26 de infraestructura, 2 de telecomunicaciones, 14 mineros, 18 de hidrocarburos y 10 de energía eléctrica.

La idea era articular y unificar, inicialmente, las licencias ambientales en la Anla, consultas previas y otros temas. La estrategia venía funcionando y, como dice Ángel, se vio articulado al Gobierno en los procesos.

Sin embargo, este efecto en uno de los principales pilares –el ambiental– se cayó y la competencia volvió a las corporaciones autónomas regionales. Para el tema minero y petrolero, la solución está en la aplicación de la Ley 99, que permite las licencias nacionales para estos sectores. En el caso de infraestructura hay preocupaciones porque, si bien las corporaciones piden actualizaciones y documentaciones bajo el esquema con la Anla, ahora tendrán a su cargo estos procesos, no solo en la autorización para la construcción de vías sino también en proyectos con mayor complejidad, como el desarrollo de túneles, lo que pueden poner en jaque la operación.

Hay presiones por parte del Gobierno para que se inicien lo más pronto las obras, pero hasta que no estén las licencias ambientales completas, así tengan permisos parciales, las empresas no van a iniciar. Y esto podría generar conflictos jurídicos, incluso antes de arrancar las obras. Además, una condición previa para cualquier desembolso de los bancos en el cierre financiero es que usted tenga las licencias”, dice un constructor.

Por su parte, el Gobierno reconoce que la situación es compleja y que se traducirá en más demoras a la hora de ejecutar las obras. “Estamos evaluando. Nos hace la vida más difícil porque tenemos que trabajar con más autoridades. Era mejor trabajar solo con una”, dice Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El funcionario explica que, a pesar de lo complejo de la situación, se requiere de más esfuerzos entre mandatarios regionales. “La decisión no es retroactiva, así que no afecta los permisos vigentes. Sin embargo, se requiere de más coordinación y apoyo de los gobernadores para las nuevas licencias”, agrega. También explica que los proyectos que no han iniciado el trámite ante el Anla tendrán que hacer el proceso ante la CAR respectiva.

El otro tema clave que se cayó tiene que ver con las reservas mineras estratégicas. La norma decía que el Gobierno podía declarar reservas mineras estratégicas en territorios que hoy en día son libres, con el objetivo de adelantar procesos de rondas como se hace en el tema petrolero.

El Gobierno quería reservar unas áreas mineras especiales para adelantar procesos de rondas, como las de la ANH, y adjudicarles a los inversionistas las áreas, en un proceso de selección objetiva. La Corte señaló que esas reservas son constitucionales; es decir, que sí las puede determinar el Gobierno, pero tiene que consultar con las entidades territoriales.

“El argumento es que los concejos municipales son los que pueden determinar el uso del suelo. La locomotora minera se acaba de estrellar de frente contra la locomotora de la autonomía local, conciliar eso va a ser muy difícil”, señala un experto constitucionalista, que agrega que empezaría una nueva etapa de consultas populares sobre el uso del suelo en territorios petroleros y mineros.

El debate sobre los fallos de la Corte y su impacto en materia económica seguirá adelante, pero es necesario definir el efecto en la estrategia de inversión y crecimiento del país.

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