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Todavía está por determinarse el costo total de los acuerdos firmados por el gobierno de Santos para conjurar la protesta social.

| 3/20/2013 6:00:00 PM

Los regalos de Santos

El Gobierno se gastó más de $1,1 billones en desactivar los paros cafetero, cacaotero, arrocero y de transporte. Un costo muy alto sin soluciones estructurales.

Mucho más de $1,1 billones le costó al Gobierno desactivar los recientes paros cafetero, cacaotero, arrocero y de transporte, que durante varias semanas –a finales de febrero y comienzos de marzo–, pusieron en jaque a la administración Santos.

El Gobierno tuvo que ceder ante las vías de hecho pues los desórdenes que tenían bloqueadas varias carreteras neurálgicas del país amenazaban extenderse a diferentes regiones.

Pero esta es apenas la cifra inicial de los compromisos. La mayor parte –$1 billón– se destinó a los cafeteros –0,15% del PIB, según cálculos de Fedesarrollo–, casi $100.000 millones fueron para los cacaoteros y unos $40.000 millones para los arroceros. ¿De dónde saldrán los recursos? Del 1% para imprevistos, contemplado en el presupuesto nacional.

Aún falta por determinar el valor del impacto que significó la reducción del precio del diesel a los transportadores, cuyo cálculo dependerá –según el Gobierno– del precio internacional del petróleo. En este punto, dos hechos marcan hoy la discusión. El primero, como menciona Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, la preocupación porque ahora el aumento en el precio de los combustibles se volvió un tema político. “Al parecer, de ahora en adelante se va a llevar a una discusión mensual”.

Y el segundo tiene que ver con las advertencias del Consejo Gremial sobre la inconveniencia del acuerdo pues, en su concepto, se desconoció la instancia del Observatorio de Transporte de Carga en el que participan el Gobierno, los transportadores y los generadores de carga. Este Consejo envió una dura carta a la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, que fue respondida por ella a mediados de marzo. Pero los gremios no quedaron satisfechos y, al cierre de esta edición, estaban preparando una réplica.

¿Cuál es la lectura que queda tras estas protestas y los altos costos generados? Hay varias interpretaciones de lo que ha sucedido. Por un lado, que fue una manera de ‘medirle el aceite’ al Gobierno para ver qué tan débil puede estar en un escenario en que la popularidad ha venido cediendo. Muchos han entendido como una debilidad el hecho cierto de que a Santos le preocupe tanto la imagen y quiera mantener buenas relaciones con todos.

“Genera preocupación que atender con tanto recurso público solicitudes que se hacen por la fuerza, estimule a que se hagan más peticiones por la misma vía”, advierte Villar. Para otros, son pésimos antecedentes, pues esto significa un deterioro “enorme” de la institucionalidad, en la medida en que el gasto público no se decide en las instancias propias de la democracia sino en medio de la asonada.

También surge la pregunta de si las decisiones y los costos que asumió el Gobierno valieron la pena: ¿fueron estructurales, o solo sirvieron para conjurar un tema de momento? Analistas, dirigentes gremiales y exministros consultados por Dinero coincidieron en afirmar que se trataba de medidas eminentemente coyunturales.

“Independientemente de las dificultades de las circunstancias políticas, estamos en la tónica de hacer erogaciones muy sustantivas no para responder a la competitividad de los sectores o del país sino para aislar a quienes no están en condiciones de competir dentro de las realidades del mercado. Parece que el país está tomando la decisión no de apalancar sectores más competitivos sino de aislarlos de agentes de la competencia externa”, dice uno de ellos.

Esto es aún más grave en el café, cuando ya se ha advertido su crisis y “no se ha hecho nada distinto a subsidiar. Esto significa que el que fue nuestro producto bandera no puede participar en una maratón si no va alguien detrás con un tanque de oxígeno, que es el presupuesto nacional”, agrega.

“Nos vamos a terminar gastando la renta minero-energética no para invertir y crear instrumentos para la competitividad, sino apagando este tipo de incendios que se vuelven gastos de funcionamiento”, dice un dirigente gremial.

Por otro lado, todavía está por verse el impacto de estos paros en el desarrollo de la economía nacional. “En el sector veníamos creciendo y para este año proyectábamos un incremento de entre 3% y 3,8%. Sin embargo, estas parálisis van a reflejarse en las cifras”, advierte Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Este primer trimestre no pinta bien, pues a estas protestas se suman la parálisis de varias semanas en la producción carbonera por el paro laboral en Cerrejón, la prohibición de cargue a Drummond y la disminución en la producción de petróleo que volvió a ubicarse por debajo de un millón de barriles.

Por lo pronto, el Gobierno está cambiando la estrategia con los sectores productivos y ya se abren nuevos escenarios de debate. El 14 de marzo Santos y su equipo económico se reunieron con la SAC y los gremios agrícolas para fijar la hoja de ruta en aspectos claves como desarrollo de infraestructura, revaluación, formación de precios e insumos, entre otras variables. Un día después hizo lo propio con los ‘cacaos’ del sector empresarial y el fin de semana siguiente Santos anunció en Mompox que le inyectará “más gasolina” a industrias y gremios afectados por la revaluación. Al cierre de esta edición se iniciaban las reuniones y mesas de trabajo entre empresarios y Gobierno para hacer frente en diferentes puntos en la agenda.

Sin embargo, varias dudas se ciernen sobre la estrategia. Por ejemplo, si este tipo de convocatorias llegó tarde y se debieron planear mucho antes para desactivar los paros de hace unas semanas y si, al final del día, el Gobierno se la va a jugar a fondo o solo está comprando tiempo.

Nadie discute, para empezar, el impacto que ha tenido la revaluación en el agro y la industria. Pero no se ha pasado del discurso y los reproches al Banco de la República. Hace falta un debate serio sobre qué se puede hacer con el tipo de cambio: si se van a aumentar las compras de dólares, si se van a colocar controles de capitales o cambiarios. Es necesario definir la estrategia y no esperar a que los protagonistas lleguen a las vías de hecho, aupados por intereses políticos y a la espera de lo que resulte de las negociaciones de paz con la guerrilla en Cuba.

Precisamente, las protestas llegan en un momento político muy caldeado. Ya se empiezan a conocer las cartas para las elecciones de Congreso y Presidenciales del próximo año y, aunque el presidente Santos no ha manifestado su interés por la reelección, muchos sectores lo dan por descontado. Sin embargo, en el entretanto, se avecinan los debates electorales y el Gobierno tiene hoy una desventaja: está más impopular que las administraciones de Álvaro Uribe en momentos preelectorales.

Por eso, el Gobierno tendrá que moverse rápido y mostrar una mayor eficiencia en su ejecución. Pero lo que viene no es nada fácil. No solo deberá estar muy atento a dónde puede saltar la liebre en materia de protestas –pues esa puerta no está cerrada ni desactivadas las inconformidades regionales ni sectoriales–, sino que ahora viene el Congreso y el paso de reformas como las de salud y pensiones, que también le pueden salir muy caras a la Administración Santos. Visto así, tal vez no sea suficiente el 1% del presupuesto para imprevistos.

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