Dinero.com Revista Dinero

Estos hombres son ciudadanos extranjeros que hoy pagan condenas por narcotráfico en Colombia. La mayoría son españoles que por la crisis en su país se dedicaron a delinquir.

| 6/27/2013 6:00:00 AM

Los ocho del patíbulo

Dinero viajó a la penitenciaría de Puerto Triunfo, Antioquia, y descubrió la historia de un grupo de presos extranjeros, casi todos españoles que por la crisis económica de su país terminaron condenados en Colombia. Una mirada diferente a la actual coyuntura carcelaria del país.

El pasado 18 de junio fue un día clave para el futuro de las cárceles del país. Y todo porque durante una extensa jornada, la Cámara de Representantes aprobó –en segundo debate– la reforma al código penitenciario y carcelario. Nada menos que la iniciativa con la que el Gobierno busca darle un revolcón a las difíciles condiciones de los 118.000 presos que padecen a diario las no pocas falencias que se ciernen sobre los 142 centros de reclusión nacionales.

La noticia cayó como una bocanada de aire fresco. Especialmente, en aquellos sectores que denuncian con vehemencia el hacinamiento, la falta de atención médica, la congestión judicial, los problemas económicos y, en general, los atropellos de los que son víctimas los reclusos del país. Sin embargo, para que la reforma llegue a feliz término, aún hacen falta dos debates en el Senado que –por temas de tiempo– solo podrán surtirse en la próxima legislatura.

Así, por lo pronto, mientas se toman decisiones de fondo, el drama de los presos parece una pesadilla de nunca acabar. Una realidad que, aunque resulte extraño, no es exclusiva de los ciudadanos de Colombia: en la actualidad cerca de 1.000 extranjeros purgan penas en algunas de las cárceles del país. Su mirada –pocas veces tenida en cuenta– revela una radiografía diferente del desvencijado sistema penitenciario y de paso ayuda a entender los verdaderos desafíos que tendrá por delante el Gobierno, si de verdad quiere poner los centros de reclusión nacionales a tono con los del resto del mundo.

Con el ánimo de abordar la actual crisis carcelaria bajo la lente de la comunidad extranjera que vive en prisión, reporteros de Dinero viajaron al municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, y permanecieron toda una tarde en la penitenciaría El Pesebre, construida sobre uno de los predios que alguna vez conformaron la célebre Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Allí, un grupo de españoles permanece privado de su libertad.

Todos ellos –como consecuencia de la difícil coyuntura económica de su país– optaron por negociar con drogas y por tal razón hoy pagan condenas por el delito de tráfico de estupefacientes. En las mismas condiciones se encuentra otro grupo de mexicanos, brasileros, ecuatorianos y venezolanos.

Esta es su historia y los planes económicos que se fraguan dentro del Ministerio de Justicia para cambiar la cruda realidad de los centros de reclusión del país.

Hijos de la crisis española

El 18 de abril de 2012, la vida del ciudadano español Armando Gonzalbo dio un vuelco que nunca habría pasado por su mente. Ese día, cuando todo apuntaba a que ‘coronaría’ un nuevo viaje de tres kilos de cocaína desde Colombia hasta Madrid, los perros policías del aeropuerto de Rionegro, Antioquia, advirtieron que algo andaba mal en él. De inmediato, un equipo de agentes antinarcóticos lo condujo a un pequeño cuarto donde confirmaron sus sospechas: su estómago estaba cargado con parte de la mercancía, mientras que el resto permanecía escondida en su champú, en las suelas de sus tenis y en las maletas.

De haber burlado los controles de las autoridades y aterrizar sin mayores contratiempos en el aeropuerto de Barajas, Madrid, Gonzalbo habría recibido 25.000 euros por cada uno de los kilos de cocaína que transportaba. El destino, no obstante, lo condujo a la prisión de máxima seguridad de Puerto Triunfo, donde hoy paga 64 meses de condena por el delito de tráfico de drogas. Era la tercera vez que se embarcaba en una aventura de esta naturaleza.

Su historia no es la única. Sergio González, un andaluz de aspecto rudo, corrió con la misma suerte. A comienzos de abril de 2011 sus planes se vinieron a pique cuando la policía del aeropuerto de Rionegro le encontró 1,8 kilos de cocaína en su estómago. Dice González que quienes lo esperaban en Madrid estaban dispuestos a pagarle 50.000 euros por la mercancía. Por razones obvias, nunca recibió el dinero, pero a cambio fue condenado a 54 meses de prisión en la cárcel de Puerto Triunfo.

Y así como Gonzalbo y González, otros tres españoles que prefirieron mantener sus apellidos en reserva pero se identificaron como Ramón, Pedro e Iván, terminaron tras las rejas por la misma razón. Cada uno de ellos, asegura que lo peor que les ha pasado en la vida no ha sido la detención carcelaria, sino los atropellos que deben soportar a diario.

“La comida es un desastre. El agua sale de color marrón y si la tomas, de inmediato te afecta la salud. No hay médico para atender nuestras dolencias. No nos dan medicinas. El kit de aseo aparece por allá una vez cada dos meses. Y por si fuera poco, a pesar de que las celdas en las que estamos recluidos fueron diseñadas para albergar cuatro personas, hoy tienen de a cinco y hasta seis presos. Algunos debemos dormir en el piso. Vivimos hacinados. ¿Es eso un trato humano y digno?”, se preguntan al unísono los ciudadanos españoles.

El rosario de quejas de los reclusos europeos va más allá de la simple percepción. Y así lo demuestra el hecho de que actualmente hay 1.459 reclusos en la cárcel de la Hacienda Nápoles, pese a tener una capacidad máxima para 1.316. Pero hay algo más preocupante: el centro carcelario fue erigido en una zona rural en donde el hospital más cercano está en Medellín, a unas tres horas de camino por carretera.

Condiciones similares a las que padecen los españoles que cohabitan en esa cárcel, se repiten una y otra vez en todo el territorio nacional. A la luz de un reciente informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de los 2.443 ciudadanos de ese país detenidos en el extranjero, 210 están en Colombia. Todos denuncian maltratos, humillaciones, aglomeración, falta de atención médica y la vulneración de sus derechos humanos.

No es fortuito que el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec, señale que el hacinamiento en las cárceles nacionales sea en la actualidad de 54%. Fenómeno que entre 2011 y 2012 creció en 30% por una circunstancia coyuntural: la aprobación de nuevas leyes que han penalizado y sancionado con prisión intramuros conductas como la inasistencia alimentaria. De hecho, por esta tipicidad se produjeron en el último año 15.000 detenciones.

Sin duda, un número importante que contribuye a que las condiciones de salubridad no sean las mejores. Tanto es así que el pasado 31 de mayo la dirección del Inpec decretó la emergencia carcelaria en todo el país, precisamente por temas de salud.

“En cualquier parte del mundo un encierro es difícil. Pero en España o en otros países desarrollados, siempre se respetan los derechos fundamentales del ser humano. Algo que evidentemente en Colombia no ocurre”, asegura el presidiario Gonzalbo.

Así las cosas, ¿cuáles son los planes económicos y, al mismo tiempo, las trabas que tiene el Gobierno para tratar de replicar el sistema carcelario de otras latitudes

APP: ¿la solución?

Dentro del extenso documento que contiene la reforma al código carcelario que se debate en el Congreso, uno de sus artículos hace referencia a un tema crucial: la participación de los privados en la construcción de las cárceles nacionales. De recibir luz verde ese ítem, las Asociaciones Público Privadas (APP) se convertirían en el mecanismo para crear nuevos cupos en los centros de reclusión.

Y aunque aún no se ha aprobado la iniciativa, por estos días el Ministerio de Justicia trabaja a toda marcha en el tema. Su idea es construir 26.000 nuevos cupos carcelarios mediante APP. “La CAF está estructurando el proyecto para que los privados construyan megacárceles. Entonces, una vez las APP hagan su tarea, el Ministerio tendrá que pagar –durante 20 años– una suma por cada uno de los cupos creados”, asegura la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

A primera vista la propuesta suena de maravilla. Sin embargo, una talanquera de grandes proporciones ya se está atravesando en la mitad del camino: el elevado costo de los cupos. Al menos a esa conclusión llegó la Ministra, luego de hablar con constructores canadienses, españoles, chilenos y colombianos quienes le advirtieron que –según el tipo de cárcel– el valor a pagar por cada recluso sería entre US$1.200 y US$2.400. “Una vez me enteré de eso yo dije, apague y vámonos porque Colombia no puede asumir un gasto de tal proporción”, remató la funcionaria.

Así que, mientras encuentra una salida a esa encrucijada, el Ministerio le apuesta a poner en pie 20.000 cupos adicionales mediante recursos provenientes de las vigencias futuras. A juicio de la Ministra, el costo de este proyecto podría ser de $250.000 millones.

Lo mejor que les podría pasar a los presos del país es que estas iniciativas lleguen a feliz término. De ser así, la realidad de los centros penitenciarios de Colombia sería cada vez más parecida a la que se vive en los países desarrollados. Pero mientras llega ese momento, solo queda una pregunta por hacer: ¿tendrán que pagar los presos extranjeros y nacionales no solo la condena de sus delitos, sino la de vivir inmersos en escenarios infrahumanos?
¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×