| 7/7/2016 12:00:00 AM

Los líos que enfrentan las constructoras con 4G

Hallazgos arqueológicos, predios en la lista Clinton y hasta unas nuevas reglas medioambientales tienen a más de un constructor 4G con los pelos de punta.

Como si el cierre financiero y las licencias ambientales no fueran suficientes (ver artículo página 30), algunos constructores del programa 4G enfrentan nuevos líos que podrían retrasar una parte de los proyectos. Algunos de estos inconvenientes hacen parte del contrato suscrito entre las partes y deben ser asumidos por el contratista. Sin embargo, otros desafíos son más recientes y no estaban en el cronograma de trabajo de las compañías.

El primer obstáculo tiene una cara positiva. Se trata de los hallazgos arqueológicos que por Ley están protegidos y constituyen un patrimonio cultural de la Nación. Al momento de construir una vía nueva, la compañía responsable debe tramitar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) un permiso especial que permita desarrollar el proyecto sin afectar posibles rastros de nuestro pasado. “La empresa de construcción debe contratar un equipo de arqueología para que haga una prospección o sondeo en el terreno en donde se va a hacer la vía”, explica Juan Manuel Díaz, coordinador del grupo de arqueología del Icanh.

En caso de encontrarse evidencia de que en esa zona puede existir algún vestigio, se propone al Gobierno un rescate de las piezas o fragmentos de ellas. En este caso, la firma de construcción debe asumir todos los gastos generados por este trabajo. En el proyecto de 4G Girardot-Puerto Salgar ya hay hallazgos interesantes. “Frente a Flandes, en el sitio más angosto del río Magdalena, se encontraron unas ollas, figuras y vasijas. Esto nos va a demorar la obra unos dos meses aproximadamente, mientras se recuperan todos los restos”, señala Mario Huertas Cotes, presidente de la constructora MHC, responsable de la concesión. Huertas agrega que estos trabajos son importantes para el estudio de los antepasados de la región y el país.

Y es que en este tipo de casos el margen de maniobra para un constructor es limitado. No se puede rediseñar el trazado o estructura del puente que se hará porque saldría más costoso y toda la orilla del río será inspeccionada por el equipo.

Este tipo de novedades deben ser tenidas en cuenta tanto por el constructor como por el Gobierno, pues se presentan en casi todas las obras a gran escala en el país.

Hace un par de años, el proyecto de interconexión eléctrica Nueva Esperanza, liderado por EPM, que buscaba aumentar la capacidad instalada en Bogotá, tuvo un retraso importante debido al hallazgo de una aldea aborigen. Los trabajos se desarrollaron en un área de seis hectáreas.

“En la concesión Pacífico III también hay un rescate en proceso, lo mismo que en Ruta del Sol e Hidrosogamoso”, dice Díaz del Icanh. Y es que los hallazgos arqueológicos son más comunes de lo que se cree. El Gobierno afirma que en casi toda la zona andina es posible encontrar este tipo de vestigios. “Hace unos días, en un sector aledaño a la Ruta del Sol 3, se detectó una tumba funeraria con 30 urnas, mientras que en Puerto Boyacá se hizo lo mismo con unas 40 urnas”, agrega Díaz. Incluso, en la Ruta del Sol 1 se documentó el hallazgo de restos humanos más recientes y vinculados con el paramilitarismo. En ese caso, es la Fiscalía la que entra a gestionar la investigación.

En el corto y mediano plazo el trabajo de inspección será gigantesco. Se prevé que una vez la zona de la Orinoquia y Amazonia, así como la Pacífica estén libres de algunos grupos ilegales, como las Farc, los hallazgos arqueológicos en esas zonas se incrementen dramáticamente, conforme se vayan ejecutando algunos proyectos.

En este caso, será necesario aumentar el número de funcionarios del Icanh para que no pase lo mismo que con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) o algunas CAR que quedaron desbordadas por exceso de trabajo.

Lea también: Vías: El lento arranque del 4G

“En estos momentos estamos cumpliendo con los tiempos. En el Icanh trabajamos 14 personas en el trámite de unas 800 autorizaciones por año. Lo que más se mueve es el tema de las vías”, advierte el funcionario.

Más chicharrones

Otro de los problemas que enfrentan algunos constructores está relacionado con algunos predios cuyos propietarios figuran en la denominada Lista Clinton. Es un verdadero dolor de cabeza para los constructores, sobre todo cuando el predio que se requiere expropiar todavía no tiene en firme el proceso de extinción de dominio y está sujeto a investigaciones. En esta oportunidad, al estar embargado por el Estado el proceso es muy complejo y en algunas ocasiones los constructores optan por rediseñar el trazado o –en el peor de los casos– esperar a que la Ley actúe.

Si el predio objeto de expropiación ya tiene en firme el proceso de extinción, la Sociedad de Activos Especiales es la encargada de venderlo a través de la Central de Inversiones (Cisa). Los tiempos en esta materia varían dependiendo del cronograma de puja o subasta pública.

Otro de los inconvenientes detectados con 4G está relacionado con los denominados y poco conocidos ‘Principios del Ecuador’, un acuerdo de carácter internacional que suscriben los bancos y corporaciones financieras y que exige un estudio de impacto ambiental a cada desembolso o crédito que se autorice por más de US$10 millones. “Hemos visto cómo algunas entidades financieras –que suscribieron este acuerdo internacional– nos piden estudios y evaluaciones adicionales sobre temas ambientales. No importa si estamos tramitando licencias o permisos de este tipo, esos ‘Principios del Ecuador’ se rigen con protocolos y metodologías distintas”, advierte Huertas.

A juicio del empresario, estas exigencias no fueron incorporadas ni en los prepliegos, pliegos o contratos, por lo que constituyen en un problema adicional a los ya existentes.

Algunos constructores también reportaron dificultades por la poca actualización de linderos, cambio en el curso de algunos ríos y afluentes y otras novedades topográficas que no estaban en los diseños iniciales y con los cuales se contrató.

Según un portavoz de la ANI, la mayoría de estos desafíos deben ser asumidos y solucionados por los propios constructores 4G, pues el contrato prevé ese tipo de responsabilidades. Sin embargo, queda sobre la mesa la duda de si estas novedades justifican ampliaciones de los plazos o compensaciones económicas adicionales.

Lea también: ¿Cómo va el cierre financiero de las primeras vías 4G?

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