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| 6/21/2012 3:00:00 PM

Los 5 micos del Código de Tránsito

La Comisión Sexta de la Cámara aprobó en primer debate una nueva reforma al Código de Tránsito, que incluye al menos cinco ‘micos’ que generarían costos al usuario y miles de millones de pesos a empresas del sector.

De agache, sin mucha alharaca y aprovechando que el país estaba pendiente de otros debates y proyectos de ley más taquilleros, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el 14 de junio pasado, en primer debate, una nueva reforma al Código Nacional de Tránsito. El articulado incorpora al menos cinco ‘micos’ que, en caso de convertirse en Ley de la República, representarían millonarios beneficios a negocios tales como los centros de diagnóstico automotor (CDA) y los centros de reconocimiento para conductores (CRC), pero mayores costos para el bolsillo de los colombianos.

Aunque la iniciativa fue radicada por el gobierno nacional en noviembre de 2011, estos polémicos artículos fueron incorporados por los ponentes en el transcurso de este año.

Uno de los empresarios de los CDA, que prefirió omitir su nombre, explicó a Dinero que estos centros realizaron millonarias inversiones en las adecuaciones y que la legislación reciente –particularmente la Ley Antitrámites–, perjudicó el equilibrio financiero del negocio.

“Inicialmente, los carros nuevos pasaban por los CDA al segundo año, hoy es a partir de los seis. Adicional a eso hay mucha informalidad y certificados falsos, lo que pone en aprietos a los empresarios que hicimos todo conforme a la ley”, señala.

El empresario negó que haya presiones o lobby en el Congreso para sacar adelante el proyecto en mención, que a todas luces favorecería estos negocios.

Dinero le envió un par de cuestionarios a Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (Aso–CDA). Sin embargo, al cierre de esta edición, el dirigente gremial no los había respondido.

Lo cierto del caso es que los ‘micos’ no tienen el respaldo del gobierno nacional. “Vamos a objetar esos artículos en todas las instancias correspondientes, eso no puede pasar a ley de la República”, advierte el viceministro del Transporte, Felipe Targa, quien de paso fue ‘regañado’ por los legisladores cuando amenazó con retirarse del debate si se insistía en la aprobación de esos artículos.

Queda claro que si se presentaron desequilibrios financieros en estos negocios, la mejor manera de solucionarlos no es impulsando una nueva reforma que afecte el bolsillo y el tiempo de los ciudadanos. Ese no es el camino.

Los micos

1. En el parágrafo 6 del artículo 15 del proyecto de ley se crea el Sistema Integrado de Seguridad, que además de generar sobrecostos para los usuarios y el erario, duplicaría algunas de las funciones del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Los legisladores ponentes justifican este nuevo sistema ante los reiterados problemas y deficiencias del Runt. “La idea es crear una especie de ‘historia clínica’ que permita identificar en tiempo real cómo les fue a los conductores con los exámenes médicos y de aptitud motriz”, explicó el coordinador ponente, Luis Guillermo Barrera. No obstante, el Gobierno considera que esto ya es competencia del Runt –que hace unos años también generó costos para los usuarios– y que se abre la puerta para que los CRC validen información de manera discrecional.

2. En el artículo 28 se propone que la revisión técnico-mecánica para vehículos nuevos se haga a partir de los tres años de matriculado el automotor y no a los seis, como está vigente en la actualidad. Con la aprobación de esta norma, unos 500.000 vehículos de modelos recientes se verían obligados a pasar este año por los CDA. Este negocio dejaría en las arcas de los CDA al menos $100.000 millones anuales. El representante Barrera alega que muchos vehículos de modelo reciente no cumplen con las medidas de seguridad mínimas, posición totalmente contraria a la del Gobierno, cuya política es reducir al máximo los trámites innecesarios.

3. Otra de las normas incluidas en el articulado (parágrafo 2, artículo 15) obligaría a los conductores a volver a tomarse los exámenes de aptitud física, médica y motriz cuando se tramite un duplicado de licencia de conducción. En la actualidad, estos requisitos solo se exigen para la refrendación o expedición por primera vez. En otras palabras, si usted saca su licencia hoy y mañana se la roban, debe volver a sacar y pagar los exámenes. Absurdo.

4. El Plan Nacional de Desarrollo incorporó la placa electrónica (Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular). Se trata de un chip o dispositivo que estará adherido a las placas de vehículos y motos y que servirá para detectar desde morosos de multas, evasores, vehículos robados o gemeleados hasta el cobro automatizado de peajes o zonas de congestión. La idea es instalar lectores electrónicos en las vías que permitan detectar en tiempo real a los infractores. El artículo 31 del mencionado proyecto establece que dicha instalación correrá por cuenta de los CDA. Otro millonario mico, pues el dispositivo tendría un costo aproximado de US$3 que, sumado a la instalación en cerca de diez millones de automóviles, puede dejar jugosas ganancias. Barrera explica que sería gratuito para los usuarios, pero el Gobierno tendría que pagar el chip; es decir, los ciudadanos lo terminarían pagando vía impuestos.

5. Otro artículo polémico es el 34. En este se establece que los organismos de tránsito deberán reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) los comparendos impuestos, para que ese organismo –manejado por la controvertida Federación Colombiana de Municipios– entregue dicha información al Runt. De acuerdo con el Gobierno, en la actualidad el Runt no cobra por este servicio, el Simit sí lo hace descontando 10% del valor de la infracción. Se trata de un negocio muy rentable, si se tiene en cuenta que en promedio se registran unas 300.000 multas e infracciones al año.
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