Aunque en el proyecto de Reforma Tributaria el Gobierno pretende cambiar el modo de financiación de importantes entidades como el Sena, el ICBF y hasta de la salud, por considerar que estas contribuciones “parafiscales” son una sobrecarga a la nómina y que afectan la generación de empleo, no se tocan las Cajas de Compensación Familiar (CCF) que reciben 4% de las todas las nóminas del país.
Mientras para las CCF es un reconocimiento a la labor que realizan y a la naturaleza del subsidio familiar como una prestación social, para algunos críticos del sistema esto se debe a su alta capacidad de presión al Gobierno y cabildeo en el Congreso ante la gran cantidad de recursos que manejan y su injerencia sobre todos los sindicatos del país. ¿Quién tiene la razón?
Los críticos del sistema consideran que estas entidades han perdido el foco pues hoy hacen prácticamente de todo, con lo cual es muy difícil medir la progresividad y la efectividad de sus actividades. Incluso consideran que prestan muchas actividades a estratos medios y altos que podrían ser autofinanciables. No hay un verdadero sistema de subsidios cruzados entre trabajadores que justifique este impuesto al trabajo. Para expertos como Salomón Kalmanovitz, su crecimiento se debe a que “tienen fletados a muchos congresistas ante su gran poder de contratación y financiamiento directo a las campañas. Los invitan a clubes y hoteles y les dan vales de supermercado. Al final, las cajas hacen un derroche inaceptable de recursos que, en últimas, son públicos”.
Este año, las cajas recibirán alrededor de $3,8 billones de sus 367.228 empresas afiliadas (6,7 millones de empleados), según cifras a agosto de este año.
Para las CCF, los analistas tienen por costumbre mostrar todos los recursos que reciben, pero no muestran la gestión que se hace con ellos. Según Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio, la caja más grande del país, hay un gran desconocimiento sobre lo que son y hacen.
Según Asocajas, gremio del sector, estas entidades contribuyen a la construcción de más de 50.000 casas anualmente, administran alrededor de 20% del régimen subsidiado y la tercera parte del régimen contributivo en salud, brindan más de 100.000 subsidios al desempleo y programas de reentrenamiento, 40.000 microcréditos y 4,3 millones de cuotas monetarias, entre otros. Todo focalizado en los trabajadores de menos de dos salarios mínimos.
ETERNO DEBATE
Las CCF nacieron en 1954 por iniciativa de los mismos empresarios como instrumentos de redistribución.
Hoy son 43 entidades de este tipo en todo el país. Durante 2011 facturaron $10,3 billones, gracias a sus actividades en comercio, droguerías, salud, educación, construcción, vivienda, hotelería, turismo, recreación y otorgamiento de créditos, entre otras.
Precisamente, para muchos expertos este amplio rango de actividades las ha ido desvirtuando y haciendo que pierdan su objetivo original pues “difícilmente podría argumentarse que todas sus labores justifican un elevado impuesto a la generación de empleo”, afirma Sergio Clavijo, presidente de Anif.
Las CCF dicen que hacen todo lo que la ley les manda y que “es el mismo gobierno el que nos asigna tareas cuando necesita que las cosas funcionen”, afirma Néstor Rodríguez, director de Compensar.
De hecho recuerdan que el nuevo Ministro de Salud dijo que no concibe el sistema de salud sin las Cajas de Compensación como un jugador protagónico, que el Ministro de Vivienda les pidió seguir apoyando la construcción de vivienda de interés prioritario (VIP) y que el Ministro de Trabajo las invitó a formar parte de la política de protección al cesante. Si bien este tipo de actividades se justifica, los críticos no ven tan claro el impacto en otras actividades de las cajas, como hoteles, centros de recreación, supermercados, teatros, entre otros.
Para Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo de Cafam, no hay que pauperizar al trabajador, por el contrario, hay que subirle el nivel para que hagan un uso digno de su tiempo libre.
Otro de los puntos de mayor debate entre las cajas y sus críticos es a quién están llegando sus servicios. Mientras los críticos afirman que trabajadores con salarios cercanos al mínimo difícilmente pueden acceder a esos servicios –por costos y ubicación–, las Cajas esgrimen toda suerte de cifras para mostrar que, en general, la mayor parte de sus servicios se quedan en los trabajadores de menos de cuatro salarios mínimos.
Para las Cajas, en el momento en que no existan los aportes, las peticiones de todo tipo de subsidios volverán a reaparecer en todas las convenciones colectivas.
No obstante, hay quienes insisten en que el sistema requiere cambios y hablan de sueldos excesivos dentro de su administración, de una contabilidad muy enredada y una escasa supervisión del sistema.
Según las cajas, tienen sueldos competitivos, mas no altos, pues los gastos administrativos no pueden superar el 8% del total que reciben y tienen la supervisión de todas las entidades de vigilancia y control.
Según Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, la reforma no toca las Cajas pues se está cambiando la fuente de financiación de ciertas actividades –como el Sena e ICBF– para que no dependan de un impuesto a la nómina y no se está discutiendo su eficiencia social. Y, en el caso de las CCF, era imposible financiarlas vía Presupuesto General de la Nación por su naturaleza mixta.
Sin embargo, al separarse el debate de las CCF del de entidades públicas, se tendrá un escrutinio más claro sobre si el Sistema de Subsidio Familiar está cumpliendo su papel o no y hacia adelante tendrán que defenderse solas. Solo con una verdadera medición de su impacto social será posible determinar si las Cajas son intocables por su poder político o por su aporte para lograr una sociedad más equitativa.