| 7/21/2016 12:00:00 AM

Los 8 controvertidos fallos de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha venido emitiendo sentencias sobre disputas legales que tocan al sector privado. ¿Viene una nueva ola de jurisprudencia que afecta la forma de hacer negocios en el país? Una mirada a 8 fallos.

La Corte Constitucional ya tiene una larga tradición de decisiones controvertidas que han tocado a la economía y al sector privado. Los fallos sobre el Upac, las tasas de interés de los créditos hipotecarios, la generalización del IVA o el aumento del salario mínimo son algunos de los ejemplos de decisiones trascendentales del último cuarto de siglo de una de las instituciones creadas por la Constitución de 1991.

Parece que hay una nueva ola de sentencias que tocan no solo a la economía sino también a sectores claves en el desarrollo del país. Dinero identificó ocho de estos pronunciamientos. Aquí están las conclusiones.

1|¿Con licencia para fallar?

En su análisis sobre la constitucionalidad del artículo 23 de la ley que define el Régimen para los Distritos Especiales (1617 de 2013), la Corte emitió una carga de profundidad. La pregunta sobre la norma es si se debe considerar como un derecho adquirido el que un privado tenga una licencia de construcción que luego se ve afectada por la expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La respuesta es contundente, por parte de la Corte: no. No puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el interés particular debe ceder ante el interés general que queda expresado en los POT. El asunto tendrá enormes implicaciones para todas las discusiones de uso del suelo en las principales ciudades del país que empezarán a revisar sus correspondientes POT.

2| Sin reserva “natural”

El Congreso determinó en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno que la información geológica que obtenga el Servicio Geológico Colombiano a partir de la declaratoria de las áreas estratégicas mineras para evaluar el potencial de producción tendría “reserva legal”; esto significa que no podrían ser solicitadas por la ciudadanía para su conocimiento. Elevaría así la información geológica al mismo nivel que tiene la información de datos personales, o bancaria o de impuestos, o la información de seguridad nacional que actualmente cuenta con este beneficio. Sin embargo, la Corte declaró inexequible tal norma, pues la decisión resulta desproporcionada frente a la ciudadanía en general y particularmente frente a las entidades territoriales y las comunidades indígenas y minorías étnicas para conocer el tipo de proyectos mineros que se desarrollan en sus territorios.

3| Los que mandan

Una de las más sonadas decisiones de la Corte en los últimos meses fue la que declaró inexequible el artículo 37 de la ley 685 de 2001, norma conocida como el Código Minero. Según ese artículo, ningún municipio del país podría decretar zonas excluidas de la explotación minera, pues esa debe ser una decisión del gobierno central. Según la Corte, esta norma no fue tramitada como ley orgánica, que es el trámite necesario para tal mandato. Además, los entes territoriales sí tienen derecho a decidir sobre los permisos de los proyectos de minería en su territorio. Por eso declaró inexequible tal norma. Esto ha sido interpretado como un impulso a las iniciativas populares que quieran sacar de sus territorios cualquier explotación minera, como en el caso de Ibagué.

4| Tutela y trabajo

En un controvertido proceso laboral para determinar si la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) era subsidiariamente responsable por las obligaciones pensionales de una de sus antiguas filiales (la Flota Mercante Grancolombiana, en liquidación), tanto los demandados como los demandantes decidieron acudir a la tutela para pedir la nulidad de las acciones judiciales de primera y segunda instancia ante la jurisdicción laboral. El debate era sobre si la Federación debía responder también por las indemnizaciones laborales y de seguridad social que ordenaron los jueces para exempleados de la Flota Gran Colombiana. La Corte, sin embargo, se negó a aceptar las tutelas de ambas partes, al señalar que los actuantes tenían todavía mecanismos eficaces dentro de esa jurisdicción. Cabe aclarar que los juzgados tercero y trece laboral de Bogotá habían declarado como subsidiariamente responsable a la Federación Nacional de Cafeteros, lo que fue confirmado por la sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En esos dos casos quedó establecido que una firma que es accionista de otra compañía en liquidación o con problemas laborales puede ser llamada a pagar las obligaciones laborales que no tienen que ver directamente con ella. La Federación argumentaba que no debía pagar los costos de un proceso judicial del cual nunca participó directamente. Por su parte, los demandantes argumentaban que la FNC era responsable, pues siendo propietaria de la Flota no había creado las reservas necesarias para cubrir el pasivo pensional.

5| Consulta previa y TLC

La consultas previas con comunidades indígenas y negritudes se ha convertido en un tema neurálgico para los empresarios en Colombia, especialmente en sectores como infraestructura y minería. En su fallo sobre el TLC de Costa Rica, decisión que fue adoptada en abril pasado, la Corte dejó una constancia: la consulta previa solo aplica para los casos en los que una norma o proyecto afecten directamente a las comunidades beneficiarias del derecho. Así, una medida adoptada en el marco de un TLC solo necesitaría consulta previa si cumple con esa característica. La Corte despejó cualquier duda sobre en qué casos se aplica este procedimiento, pues si se toma sin cortapisas, la consulta previa podría convertirse en una verdadera talanquera para el desarrollo de políticas y proyectos en el país. Según la Corte, temas como la alteración o definición del territorio de las minorías, la explotación de recursos naturales o cualquier intervención en las jurisdicciones administrativas declaradas como de minorías étnicas serían las que justificarían una consulta previa. En el caso de un TLC, si hay normas o proyectos derivados del acuerdo que afecten a dichas comunidades, la consulta previa deberá realizarse en el momento en que se inicie el proyecto o se defina la política.

6| Minería ¿en dónde?

En la sentencia C-036/16, la Corte se pronunció sobre la ley del Plan de Desarrollo del actual Gobierno. Uno de los temas más sensibles es la definición de las zonas de reserva minera que permitirían un desarrollo ordenado de los proyectos asociados a la explotación de materias primas básicas. Según la Corte, el Gobierno puede adoptar esta medida, siempre y cuando concierte con los entes territoriales donde se produzca un impacto por la definición de estas zonas. La preocupación de la Corte es que la definición de estas zonas sea compatible con los planes de ordenamiento territorial locales.

7| Exención al consumo

La pasada reforma tributaria creó el impuesto al consumo, una nueva medida que se aplicaba, entre otras, a los servicios de restaurante y expendio de comidas. La norma establecía algunas exenciones que no incluían los servicios de alimentación por contrato que se financian con recursos del Estado para instituciones de asistencia social. La Corte declaró que tal exención debería incluir estos servicios por razones de igualdad y homogeneidad.

8| Luz para todos

El Plan de Desarrollo incluyó en su artículo 191 normas relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público. El objetivo era buscar recursos para un servicio que hasta el momento no tenía fuentes claras de financiación. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que el artículo condicionaba al recaudo de unos recursos la prestación de un servicio público esencial y que generaba inequidad, porque el servicio sólo sería garantizado a las personas que pudieran pagar. El artículo y la contribución fueron declarados inexequibles.

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