| 1/24/2014 2:00:00 PM

El llanero solitario

Pese al esfuerzo del Gobierno para revitalizar la Altillanura, un manojo de amenazas acecha a la región: el abandono y los confusos límites para desarrollar actividades petroleras, mineras y agroindustriales.

En la tarde del pasado sábado 11 de enero, al cabo de un Consejo de Ministros en Yopal, el presidente, Juan Manuel Santos, sorprendió gratamente a los habitantes del Orinoco luego de que decidiera darle luz verde al famoso Conpes con el que el Gobierno pretende remozar las frágiles políticas que, por décadas, han desdibujado el semblante de la región de la Altillanura –ubicada en el Meta y el Vichada–.

La noticia cayó como una bocanada de aire fresco. Y no es para menos, pues se trata de un primer paso para resolver, finalmente, los vacíos que han agobiado a esa zona en materia de educación, conectividad e infraestructura. No en vano el mencionado Conpes plantea la construcción de 340 kilómetros de vías de red primaria mediante concesiones de cuarta generación y la estructuración de unos 880 kilómetros adicionales a lo largo y ancho de la Orinoquia.

El escrito, más allá de contener ese puñado de megaobras, está encaminado a ordenar el territorio para que la explotación de hidrocarburos y minerales, y el crecimiento agroindustrial puedan coexistir armónicamente en una misma zona.

Sin duda, una apuesta colosal. Y para echarla a rodar el Gobierno ya tiene entre sus cálculos una inversión de $ 9,6 billones para los años venideros. Partida suficiente como para institucionalizar una región que ha cargado a cuestas con el lastre que significa la ausencia del Estado. Abandono que, para ser justos, no ha sido responsabilidad única de las altas esferas del gobierno nacional: también ha recaído sobre las instituciones locales que no tienen una visión compartida de lo que debe ser la región de la Altillanura. Cada cual tira la pita hacia al lado que más le conviene.

La ausencia de Estado, sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de la Orinoquia. La Amazonia, buena parte del Pacífico y el Caribe, también han tenido que padecer la misma situación. Entonces, si se trata de un denominador común en el país, el interrogante que surge es obvio: ¿por qué enfilar baterías hacia la ‘resurrección’ de la Altillanura?

Expertos consultados por Dinero coinciden al afirmar que la respuesta obedece a la creciente inversión de capital en hidrocarburos, minería y desarrollo agroindustrial durante la última década en la región.

Esa especie de boom, que dentro de los círculos económicos es llamado ‘la última frontera agrícola del país’, es quizás la oportunidad de largo aliento más importante que tiene Colombia para generar empleo –el Conpes habla de poco más de 300.000–, crecer industrialmente y contribuir a las finanzas locales.

Pero, como suele ocurrir en este tipo de coyunturas, no todo son ríos de miel sobre hojuelas. En el caso particular de la Altillanura, ciertos sectores advierten con preocupación sobre las no pocas secuelas que, a su juicio, podría conllevar su transformación.

Hablan, por ejemplo, de devastación medioambiental, violaciones a los derechos de sus pobladores, desplazamiento de indígenas y de pequeños productores campesinos... En fin, ante esa perspectiva, la reingeniería de la Orinoquia bien podría convertirse en el caldo de cultivo de una nueva oleada de violencia y en el foco de un crecimiento forzado y desordenado.

Precisamente este último factor –el del ordenamiento territorial– será uno de los mayores desafíos del Gobierno a la hora de emprender la cruzada para recuperar la Altillanura. Fundamentalmente porque, al revisar el territorio en donde está incrustada dicha zona, no existen límites que indiquen dónde debe explotarse el petróleo. Tampoco linderos que señalen si un área es más propensa a la agroindustria o la minería. En conclusión, tal y como están las cosas, todo es para todos.

Bajo esa premisa surge una pregunta de fondo: ¿podrán coexistir ordenadamente la minería, la agroindustria y los hidrocarburos en la Altillanura?


Camino de espinas

Con el ánimo de entender las consecuencias que puede acarrear la explotación desbordada y caótica que por años se viene dando con los recursos de la Altillanura, no sobra revisar el entorno que rodea a esta extensa zona de 130.597 kilómetros cuadrados de tierra ‘semi virgen’.

Hoy por hoy, 92.808 de sus hectáreas están destinadas a actividades agrícolas. Alrededor de 665.000 cabezas de ganado pastan por sus interminables llanuras. En cuanto a titulación minera, los registros catastrales de la región dan cuenta de 3,4 millones de títulos y 1,152 solicitudes. Y en lo que tiene que ver con el petróleo, en el primer semestre de 2010 el Meta produjo en promedio 420.773 barriles diarios y el Vichada 226.000; palabras más palabras menos, el equivalente a 50% de la producción nacional.

Estas cifras, a primera vista, lucen interesantes. Y además ponen en evidencia el enorme potencial de recursos renovables y no renovables de la región, y las colosales extensiones de tierra que aún están disponibles para usufructuar. Lo preocupante de todo esto es que con la llegada de trasnacionales petroleras a la zona, los hidrocarburos parecen haber tomado la delantera y, por obvias razones, los otros sectores se han quedado atrás.

Se trata de una realidad que en el mediano plazo podría desencadenar una suerte de enfermedad holandesa regional. La explicación es más sencilla de lo que muchos podrían advertir: al tener multinacionales petroleras en la Altillanura se requerirá de mano de obra calificada y por supuesto habrá una mayor demanda de bienes y servicios. Por eso, si no hay la oferta suficiente en la zona, el resultado será un encarecimiento que afectará de frente la agroindustria y al sector minero.

A lo anterior habría que sumarle dos talanqueras que se interponen en el plan de desarrollo de la Altillanura. La primera tiene que ver con la disposición de la Corte Constitucional que prohíbe a cualquier empresario comprar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). En lenguaje parroquiano eso quiere decir que las compañías que requieran de vastas porciones de tierra para ejecutar planes de inversión no podrán hacerlo.

La segunda cortapisa está relacionada con una catarata de iniciativas legislativas que, para este 2014 que comienza, pretenden ponerle la jáquima a la adquisición de tierras por parte de inversionistas extranjeros. Sus autores –Polo Democrático y Partido Conservador– se basan en las experiencias de algunos países africanos en donde el Gobierno chino y empresarios coreanos están comprando tierras masivamente. Eso, con miras a garantizar su seguridad alimentaria cuando el planeta experimente un escenario de escasez.

En resumen –pese a los evidentes esfuerzos del Gobierno para ponerle orden a la explotación de la Altillanura– el camino por recorrer aún luce espinoso. Es por ello que quienes conocen el tema de cerca no vacilan al señalar que mientras no haya presencia del Estado en esta región en crecimiento, la Altillanura podría convertirse en el mayor dispensador de intereses particulares y en escenario de cruentas batallas.
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